Lectura estimada: 8 minutos · Por Gabriel Schwarb · 3 de diciembre de 2025
SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos: La amenaza de Donald Trump contra Colombia revela menos una estrategia antinarcóticos que un mecanismo de disciplinamiento imperial ante la inminencia de un segundo gobierno progresista. Este texto demuestra que Washington ejecuta personas sin juicio en el Caribe mientras su secretario de Guerra enfrenta investigaciones por crímenes de guerra, que la escalada de sanciones contra Petro coincide milimétricamente con el ascenso electoral de Iván Cepeda, y que Colombia ha destruido 18.400 laboratorios sin misiles mientras Trump habla de “fábricas” que solo existen en su ignorancia. Si solo puedes leer esto, quédate con esto; el narcotráfico es el pretexto, el objetivo es impedir que América Latina escape de la órbita estadounidense.
La declaración de Trump el 2 de diciembre de 2025, sugiriendo que Colombia “está sujeta a ataques” por producir cocaína, no constituye una advertencia aislada sino el eslabón más reciente de una campaña sistemática de presión contra el gobierno de Gustavo Petro. La coincidencia temporal con las encuestas que proyectan una victoria del Pacto Histórico en 2026 elimina cualquier posibilidad de interpretación ingenua.
La amenaza y los crímenes de guerra
La retórica de Trump posee la elegancia de un martillo. “He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína”, declaró ante su gabinete con esa mezcla de ignorancia y amenaza que caracteriza su administración. La formulación resulta reveladora; el presidente de Estados Unidos admite que su conocimiento sobre Colombia proviene del rumor, del “he oído”, como si la política exterior de la primera potencia mundial se construyera sobre conversaciones de pasillo. No obstante, la imprecisión informativa no impide la precisión en la amenaza; “cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”.
El contexto inmediato es la Operación Lanza del Sur, el mayor despliegue militar estadounidense en América Latina desde la Guerra Fría. Desde septiembre de 2025, las fuerzas de Estados Unidos han hundido 21 embarcaciones y eliminado a 83 personas en el Caribe y el Pacífico, operaciones que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó sin ambigüedad como “ejecuciones extrajudiciales”. Pero la gravedad no termina ahí. El Washington Post reveló que Pete Hegseth, secretario de Guerra, ordenó “matar a todos” los ocupantes de la primera embarcación atacada el 2 de septiembre. Cuando el humo del primer misil se disipó y las cámaras de los drones mostraron a dos supervivientes aferrados a los restos, el comandante Frank Bradley ordenó un segundo ataque para cumplir las instrucciones de Hegseth. Once muertos, cero supervivientes, cero juicios.
“El derecho internacional no permite que los gobiernos directamente asesinen a supuestos narcotraficantes. Las presuntas actividades criminales deberían haber sido investigadas y procesadas con arreglo a la ley.”
– Relatores de la ONU -, sobre ejecuciones extrajudiciales, septiembre 2025
El Congreso estadounidense, incluyendo legisladores republicanos, ha exigido investigar si la orden de Hegseth constituye un crimen de guerra. La Casa Blanca, tras días de contradicciones, terminó confirmando el segundo ataque mientras intentaba descargar la responsabilidad sobre Bradley. El propio Hegseth admitió no haber presenciado la ejecución de los supervivientes, aunque respaldó la decisión como “correcta”. Este es el aparato militar que Trump propone desplegar en territorio colombiano; comandantes que disparan segundos misiles contra náufragos desarmados, secretarios de Guerra investigados por asesinato, y un presidente que anuncia ataques terrestres mientras afirma que “saben dónde viven los malos”, como si la geopolítica fuera un videojuego.
El patrón de presión imperial
La amenaza del 2 de diciembre no surge del vacío. Constituye el punto culminante de una escalada meticulosamente diseñada contra el gobierno de Petro. En septiembre, tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU donde denunció las ejecuciones en el Caribe y llamó a los soldados estadounidenses a “no apuntar sus fusiles contra la humanidad”, el Departamento de Estado revocó su visa por “acciones imprudentes e incendiarias”. Un mes después, el Departamento del Tesoro lo incluyó junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro Armando Benedetti en la Lista Clinton de la OFAC, acusándolo de ser “líder del narcotráfico”. La formulación habría resultado cómica si no implicara el bloqueo de cuentas bancarias y la muerte civil financiera de un presidente en ejercicio.
La hipocresía del sistema quedó expuesta el mismo día de la amenaza contra Colombia. Mientras Trump advertía sobre bombardeos a las supuestas “fábricas de cocaína” colombianas, formalizó el indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado a 45 años por facilitar el tránsito de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. La contradicción generó estupor incluso entre republicanos; el senador Bill Cassidy preguntó públicamente por qué indultarían a un narcotraficante mientras persiguen a otros por el mismo delito. La respuesta es sencilla; Hernández pertenece al bando correcto, al Partido Nacional hondureño, heredero de décadas de sumisión a Washington. Petro no.
DATO CLAVE:
La escalada de sanciones contra Petro coincide con fechas electorales precisas. La revocación de visa llegó durante la Asamblea de la ONU. La inclusión en la Lista Clinton se produjo semanas antes de que las encuestas confirmaran el liderazgo de Cepeda. La amenaza de bombardeos llega cuando Invamer registra al candidato del Pacto Histórico con 31,9% de intención de voto. El patrón sugiere que Washington no reacciona ante el narcotráfico, sino ante la posibilidad de perder Colombia.
La Cancillería colombiana expresó su “profunda preocupación” ante las declaraciones de Trump e hizo un llamado urgente a la “fraternidad entre América Latina y el Caribe” frente a “cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”. El comunicado, diplomáticamente medido, no oculta la gravedad del momento; por primera vez desde el Plan Colombia, un presidente estadounidense amenaza abiertamente con atacar territorio colombiano. Las décadas de cooperación militar, los miles de millones en ayuda antinarcóticos, los soldados colombianos entrenados por instructores estadounidenses, nada de eso importa cuando el gobierno de turno cuestiona la hegemonía de Washington.
Cepeda y el pánico de Washington
La amenaza de Trump contra Colombia no puede desvincularse del calendario electoral. El 1 de diciembre, un día antes de las declaraciones del presidente estadounidense, la encuestadora Invamer publicó su estudio mostrando a Iván Cepeda con 31,9% de intención de voto para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026. La ventaja sobre Abelardo de la Espriella, segundo con 18,2%, supera los trece puntos. En un eventual balotaje entre ambos, Cepeda se impondría con 59,1% contra 36,2%. El gerente de Invamer, Martín Orozco, explicó que el candidato del Pacto Histórico conquista apoyos “del centro e incluso de personas que dicen no tener ninguna afinidad política”. La izquierda colombiana no solo mantiene su base; la expande.
“El Pacto Histórico está mucho más organizado que la centroderecha, la derecha o el centro. Eso les da una ventaja, porque Cepeda conoce bien a su electorado y sabe a quién le habla.”
– Juan Falkonerth –, analista internacional y consultor político
Para Washington, la perspectiva de un segundo gobierno progresista consecutivo en Colombia representa una amenaza estratégica de primer orden. El país ha sido durante décadas el aliado más confiable de Estados Unidos en Sudamérica, sede de siete bases militares, receptor de más de 13.000 millones de dólares en ayuda desde el año 2000, y socio incondicional en la política de “guerra contra las drogas” que ha justificado la intervención estadounidense en la región durante medio siglo. Un gobierno de Cepeda profundizaría las políticas de Petro; mayor distancia de Washington, fortalecimiento de proyectos de integración latinoamericana, cuestionamiento del modelo prohibicionista, y denuncia sistemática de las operaciones militares en el Caribe.
El escenario aterra a los estrategas del Pentágono. Si Colombia consolida su giro progresista, Estados Unidos perdería su principal plataforma de proyección militar en Sudamérica. Las bases de Palanquero, Tolemaida, Malambo y Apiay, diseñadas oficialmente para operaciones antinarcóticos pero con capacidad de despliegue regional, quedarían en entredicho. La cooperación de inteligencia, que ha convertido a Colombia en los ojos y oídos de Washington en la región andina, se vería limitada. Y el efecto demostración sería devastador; si Colombia puede construir un proyecto político autónomo sin colapsar bajo las sanciones estadounidenses, otros países podrían intentarlo. La amenaza de bombardeos no busca destruir laboratorios de cocaína; busca disciplinar a una nación que se atreve a elegir su propio destino.
Los 18.400 laboratorios de Petro
La respuesta de Petro a Trump combinó dignidad, pedagogía y desafío. “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos”, escribió en X. Las cifras son verificables y demoledoras. Mientras Trump habla de “fábricas” imaginarias desde la comodidad de la Casa Blanca, el gobierno colombiano desmantela infraestructura del narcotráfico a un ritmo que ninguna operación militar estadounidense ha logrado jamás. En 2024, Colombia incautó más de 848 toneladas de cocaína, un 14% más que el año anterior, consolidándose como uno de los países que más droga decomisa en el mundo.
Las “fábricas de cocaína” que Trump menciona no existen como él las imagina. No hay complejos industriales con chimeneas humeantes produciendo cocaína en serie. Existen laboratorios clandestinos, generalmente precarios, dispersos en zonas rurales de difícil acceso, operados por estructuras criminales que el gobierno colombiano combate diariamente con policías y militares, no con misiles Hellfire disparados desde drones. El informe de la UNODC de 2024 registra efectivamente 253.000 hectáreas de coca en Colombia y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína, cifras récord que reflejan un fenómeno global de demanda creciente. Estados Unidos consume aproximadamente el 30% de la cocaína mundial; la responsabilidad de la demanda desaparece convenientemente del discurso de Trump.
La ignorancia del presidente estadounidense no es accidental sino funcional. Permite construir un enemigo simplificado, un país que “fabrica” y “vende” cocaína como si se tratara de una decisión estatal, ignorando la complejidad de economías campesinas sin alternativas, territorios abandonados por décadas de conflicto armado, y rutas controladas por grupos que el propio Plan Colombia prometió eliminar hace veinticinco años. Si Colombia “produce” cocaína por voluntad política, puede ser castigada por ello. Pero Petro no se dejó intimidar; “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí”. La advertencia del jaguar fue clara. Queda por verse si el elefante imperial sabe escuchar.
Conclusión
La amenaza de Trump contra Colombia constituye un episodio más en la larga historia de intervenciones estadounidenses en América Latina, pero su timing revela una urgencia particular. A seis meses de unas elecciones que podrían consolidar el giro progresista colombiano, Washington activa todos sus mecanismos de presión; sanciones personales, inclusión en listas negras, despliegues militares con ejecuciones extrajudiciales documentadas, y ahora amenazas directas de ataques terrestres. El aparato que ejecuta estas operaciones está dirigido por un secretario de Guerra investigado por crímenes de guerra y comandado por un presidente que confunde rumores con inteligencia.
Colombia ha respondido con cifras, no con retórica. 18.400 laboratorios destruidos. 848 toneladas incautadas en un año. Un laboratorio desmantelado cada 40 minutos. Frente a eso, Trump ofrece misiles contra náufragos e indultos para narcotraficantes aliados. Si Cepeda gana en mayo de 2026, la presión se intensificará. Pero el jaguar ya despertó, y dos siglos de resistencia latinoamericana sugieren que no volverá a dormirse fácilmente…
G.S.
Fuentes
- Declaraciones de Donald Trump en reunión de gabinete, Casa Blanca, 2 de diciembre de 2025, El Tiempo, France 24
- Respuesta de Gustavo Petro en X, 2 de diciembre de 2025
- Comunicado Cancillería de Colombia, 2 de diciembre de 2025, EFE
- Encuesta Invamer Colombia Opina #19, 15-27 noviembre 2025, Noticias Caracol y Blu Radio
- Revelación orden “matar a todos” de Pete Hegseth, The Washington Post, 28 de noviembre de 2025
- Confirmación segundo ataque, declaraciones Karoline Leavitt, Casa Blanca, 1 de diciembre de 2025
- Comunicado Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, octubre 2025
- Relatores ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, septiembre 2025
- Informe UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca 2023, octubre 2024
- Incautaciones de cocaína Colombia 2024, CNN en Español, diciembre 2024
- Revocación visa Petro, Departamento de Estado EEUU, septiembre 2025
- Inclusión Petro en Lista Clinton OFAC, Departamento del Tesoro EEUU, octubre 2025
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