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SÍNTESIS INICIAL
En menos de diez días, Donald Trump tomó tres decisiones sobre tres presidentes latinoamericanos acusados de narcotráfico. Perdonó a uno condenado judicialmente por introducir 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Amenazó con invadir el país de otro acusado sin proceso judicial. Sancionó al tercero sin presentar prueba alguna. Este texto demuestra que la gracia a Juan Orlando Hernández contradice frontalmente el discurso que justifica el despliegue militar contra Caracas, que las acusaciones contra Gustavo Petro carecen de sustento probatorio según exfuncionarios del propio Departamento de Estado, y que senadores republicanos han cuestionado públicamente la coherencia de estas acciones. Si solo puedes leer esto, quédate con esto; la “guerra contra las drogas” opera como coartada geopolítica, no como política criminal.
Tres presidentes latinoamericanos. Tres acusaciones de narcotráfico. Tres tratamientos radicalmente distintos. La administración Trump ejecutó en noviembre de 2025 una secuencia de decisiones que, observadas en conjunto, revelan la arquitectura real de la política antinarcóticos estadounidense hacia la región. No se trata de incoherencia ni de errores de comunicación; se trata del funcionamiento normal de un sistema donde el narcotráfico constituye pretexto y no objetivo.
La gracia inexplicable
El 28 de noviembre de 2025, un viernes previo a las elecciones hondureñas, Donald Trump firmó el indulto presidencial a Juan Orlando Hernández. El expresidente de Honduras cumplía una condena de 45 años en una prisión federal de Nueva York tras ser declarado culpable en marzo de 2024 por conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Los fiscales federales documentaron durante el juicio que Hernández facilitó el tránsito de más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense durante sus dos mandatos, recibiendo millones de dólares de los principales carteles mexicanos y colombianos. Un testigo citó al expresidente declarando que pretendía “meterles droga por la nariz a los gringos”.
La justificación oficial del indulto resulta particularmente reveladora. Trump calificó el proceso judicial como una “trampa de Biden”, afirmando que Hernández había sido “tratado con dureza e injusticia”. La investigación contra el expresidente hondureño, sin embargo, comenzó durante el primer mandato de Trump bajo la dirección del fiscal Matthew Bove, designado por la propia administración republicana. Los cargos, las pruebas y la condena pertenecen íntegramente a un proceso iniciado cuando Biden ni siquiera era candidato presidencial. El operador político Roger Stone publicó en su Substack una carta de Hernández dirigida a “Su Excelencia” Trump, evidenciando el lobbying que precedió la decisión. El timing del indulto, 72 horas antes de los comicios hondureños donde Trump respaldaba al candidato conservador Nasry Asfura, elimina cualquier pretensión de motivación humanitaria.
“La ley se convierte en instrumento cuando deja de aplicarse universalmente. No es que el sistema falle; es que funciona exactamente como fue diseñado.”
– Michelle -Alexander, The New Jim Crow
El ultimátum militar
Mientras el Departamento de Justicia procesaba el indulto a un narcotraficante condenado, el Pentágono completaba el mayor despliegue naval en el Caribe desde la invasión de Panamá. El 21 de noviembre, Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro exigiéndole abandonar Venezuela antes del 5 de diciembre junto a su familia, con destino a elección del mandatario venezolano. Reuters reveló los detalles del intercambio el 1 de diciembre, confirmando que Maduro rechazó las condiciones y solicitó garantías que Washington consideró inaceptables, incluyendo amnistía total, levantamiento de sanciones contra más de cien funcionarios y fin de los procedimientos ante la Corte Penal Internacional.
La respuesta estadounidense consistió en el despliegue de 15.000 efectivos militares, doce buques de guerra y el portaaviones USS Gerald R. Ford, bautizado internamente como “Operación Southern Spear”. El 29 de noviembre, Trump declaró el espacio aéreo venezolano y sus inmediaciones como zona cerrada. La designación formal del “Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera proporcionó el marco legal para operaciones que ya venían ejecutándose desde agosto, con más de veinte ataques contra embarcaciones en el Caribe que han dejado al menos 80 muertos según fuentes gubernamentales colombianas. La acusación de narcotráfico contra Maduro carece de sentencia judicial; se sustenta en señalamientos de la DEA y recompensas ofrecidas que duplicaron recientemente hasta 50 millones de dólares.
DATO CLAVE:
El senador republicano Bill Cassidy, tras conocer el indulto y el ultimátum simultáneos: “¿Por qué perdonaríamos a Hernández y luego iríamos tras Maduro por traficar drogas? Encierren a todos los narcotraficantes”. El demócrata Tim Kaine: “A Trump no le importa el narcotráfico. Los indultos ahora están en venta”. Un agente de la DEA consultado por medios estadounidenses calificó la gracia como “una locura”.
La acusación sin pruebas
Gustavo Petro completa el triángulo. El 19 de octubre, Trump publicó en Truth Social que el presidente colombiano era un “narcotraficante ilegal” y “líder del narcotráfico”, sin presentar evidencia alguna. Seis días después, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro del Interior Armando Benedetti en la Lista Clinton, el registro de la OFAC reservado históricamente para capos de la droga y terroristas. La justificación oficial señaló que “Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo”, un argumento que responsabiliza al mandatario por una realidad estructural que precede su gobierno en décadas sin aportar ningún elemento probatorio sobre conductas individuales.
Michelle Manatt, exfuncionaria demócrata del Departamento de Estado y una de las arquitectas del programa original de la Lista Clinton en los años noventa, ofreció una evaluación demoledora. Declaró que en Estados Unidos “ya no existe el debido proceso” y que “primero tomaron la decisión política de poner su nombre ahí y luego buscaron elementos para justificarlo”. La inversión del procedimiento probatorio, donde la condena precede a la investigación, confirma el uso político de instrumentos diseñados nominalmente para combatir el crimen organizado. El abogado Dan Kovalik, designado por Petro para su defensa en territorio estadounidense, confirmó a NBC News que las sanciones responden a “razones puramente políticas”, citando el apoyo del presidente colombiano a Palestina y su oposición a la intervención militar en Venezuela. Kovalik adelantó que evalúan presentar una demanda por difamación contra Trump.
Dos pesos, dos medidas
La yuxtaposición de estos tres casos produce un cuadro imposible de justificar bajo cualquier criterio de consistencia jurídica. Juan Orlando Hernández fue juzgado, condenado y sentenciado por un tribunal federal estadounidense con pruebas documentales que incluyeron testimonios de narcotraficantes, registros financieros y comunicaciones interceptadas. Nicolás Maduro enfrenta acusaciones sin proceso judicial, sustentadas en informes de inteligencia y declaraciones políticas. Gustavo Petro fue sancionado sin siquiera una acusación formal, mediante un procedimiento administrativo que sus propios diseñadores califican de arbitrario.
La representante republicana María Elvira Salazar, habitualmente alineada con las posiciones más duras hacia América Latina, reconoció la contradicción. Declaró que el indulto envía “un mensaje contradictorio” y que ella “jamás habría hecho eso”. Un asesor de la Casa Blanca citado por Axios admitió la dificultad interna: “Cómo justificamos esto es realmente difícil, considerando Maduro”. La respuesta obvia, que no requiere justificación porque no existe contradicción real desde la perspectiva del poder, permanece inarticulada en los canales oficiales. Hernández gobernó Honduras como aliado incondicional de Washington, implementando políticas migratorias funcionales a las prioridades estadounidenses y manteniendo bases militares en su territorio. Maduro representa un proyecto político antagónico con reservas petroleras estratégicas. Petro impulsa una agenda de izquierda que incluye críticas a Israel y resistencia a la militarización regional.
Conclusión
La “guerra contra las drogas” cumple medio siglo operando como marco discursivo para intervenciones que responden a lógicas ajenas al combate real del narcotráfico. La novedad del momento actual reside en la simultaneidad y la transparencia; nunca antes las contradicciones habían sido tan visibles ni tan difíciles de disimular. Un presidente estadounidense perdona a un narcotraficante condenado mientras amenaza militarmente a otro acusado sin juicio y sanciona a un tercero sin pruebas. La variable que explica el tratamiento diferenciado no aparece en ningún comunicado oficial, pero resulta evidente para cualquier observador; la cocaína es secundaria, el alineamiento geopolítico lo determina todo.
Los próximos días, con el vencimiento del ultimátum a Maduro el 5 de diciembre, revelarán si Washington está dispuesto a ejecutar las amenazas militares bajo un pretexto antinarcóticos que su propia conducta ha desacreditado. Honduras eligió el domingo al candidato respaldado por Trump, validando retroactivamente el indulto como inversión política. Colombia evalúa acciones legales contra un presidente estadounidense que calificó a su homólogo de criminal sin ofrecer evidencia. La guerra contra las drogas nunca fue contra las drogas…
G.S.
Fuentes
- Trump pardons former Honduras president convicted of drug trafficking, Reuters, 28 de noviembre de 2025
- Trump spoke with Maduro, demanded he leave Venezuela by Dec. 5, Reuters, 1 de diciembre de 2025
- Trump acusa sin evidencia a Petro de ser “narcotraficante”, NBC News/Telemundo, 19 de octubre de 2025
- U.S. Treasury sanctions Colombian President Petro, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 25 de octubre de 2025
- Republican senator questions Hernández pardon amid Venezuela threats, Axios, 29 de noviembre de 2025
- Petro’s U.S. lawyer plans to challenge OFAC designation, NBC News, 25 de octubre de 2025
- Michelle Manatt on Clinton List political weaponization, El Diario, 30 de octubre de 2025
- Pentagon deploys carrier strike group to Caribbean, CBS News, 29 de noviembre de 2025
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