Lectura estimada: 7 minutos · Por Gabriel Schwarb · 22 de noviembre de 2025
SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos: diez senadores colombianos firmaron una ponencia de archivo que deja un hueco de 16 billones de pesos en el presupuesto 2026, eleva el costo de la deuda externa y paraliza simultáneamente la reforma sanitaria y la jurisdicción agraria. Este texto documenta la mecánica precisa mediante la cual una coalición de partidos tradicionales utiliza el bloqueo legislativo como herramienta de transferencia de riqueza hacia el sector financiero y los acaparadores de tierras baldías. El 30% de los congresistas mantiene vínculos con predios bajo investigación de la Agencia Nacional de Tierras; el 22% del presupuesto nacional se destina al pago de deuda que beneficia a conglomerados cuyas ganancias crecieron 142% en un año. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: el sabotaje fiscal no es incompetencia; es el funcionamiento normal de una clase política que gobierna para sus acreedores.
El Estado colombiano opera bajo una contradicción estructural que ningún análisis convencional parece dispuesto a formular: quienes tienen el poder de financiarlo son precisamente quienes se benefician de su asfixia.
La aritmética del vaciamiento
El presupuesto general de la nación para 2026 asciende a 556,9 billones de pesos. La cifra, presentada como evidencia de solidez fiscal, revela en su descomposición una arquitectura diseñada para la parálisis. El pago de la deuda pública absorberá el 22% del total, equivalente a 115,2 billones de pesos, un aumento de 5,4 billones respecto a 2025. El funcionamiento del Estado, que incluye salarios de médicos, enfermeros, policías, soldados y maestros, consume otros 358 billones. El 91,4% del presupuesto ya está comprometido en pensiones, salud, transferencias y salarios, lo que significa que solo un 8,6% queda disponible para inversión nueva, obras de infraestructura o programas sociales.
DATO CLAVE:
De cada 100 pesos que el Estado colombiano recauda, 22 van directamente a pagar intereses de deuda contraída por gobiernos anteriores. 65 cubren el funcionamiento básico de instituciones. Quedan 13 para todo lo demás: hospitales, carreteras, escuelas, programas sociales. La ley de financiamiento busca recaudar 16 billones adicionales de los patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos. Su hundimiento no afecta a quienes la bloquean; afecta exclusivamente a ese 13% residual.
La propuesta de presupuesto refleja deficiencias estructurales. Un punto controversial es que 26,3 billones, el 5% del total, actualmente carecen de fuentes de financiamiento. El Gobierno propuso cubrir ese faltante mediante impuestos a grandes patrimonios, sobretasas al sector financiero y gravámenes ambientales. Los liberales Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez y Karina Espinosa, los conservadores Efraín Cepeda y Liliana Bitar, Juan Carlos Garcés de La U, Ciro Ramírez y María Angélica Guerra del Centro Democrático, Antonio Zabaraín de Cambio Radical y Jairo Castellanos firmaron la ponencia de archivo.
La coalición resulta instructiva. Partidos que se presentan como adversarios en campaña electoral coinciden con precisión milimétrica cuando se trata de proteger el capital financiero. Cepeda, precandidato presidencial conservador, calificó la reforma de nociva por el golpe al bolsillo que significaría para las clases media y baja. El argumento carece de sustento técnico; funciona exclusivamente como dispositivo retórico para traducir los intereses de los grandes patrimonios en lenguaje populista.
Los números desmienten la narrativa. El Grupo Aval registró utilidades netas por 494.900 millones de pesos en el primer semestre de 2025, un crecimiento de 142,2% frente al mismo periodo de 2024. En el tercer trimestre, la utilidad neta fue de 521.000 millones, un crecimiento de 25,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. Quienes duplican ganancias en plena crisis son exactamente quienes la reforma tributaria pretende gravar. Quienes los protegen son exactamente quienes firman ponencias de archivo invocando a los pobres.
El mecanismo de la deuda como disciplinamiento
La deuda bruta del Gobierno Nacional Central alcanzó un nuevo récord histórico, aumentando 169 billones en solo 12 meses entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el mayor salto anual desde 2002. El dato, presentado habitualmente como evidencia de mala gestión gubernamental, omite un detalle estructural: la deuda no es un accidente sino un dispositivo de transferencia.
El ciclo opera así: el Congreso aprueba presupuestos sin fuentes de financiamiento; el Ejecutivo debe endeudarse para cubrir el faltante; la deuda genera intereses que benefician al sector financiero; los intereses consumen presupuesto futuro; el presupuesto futuro llega desfinanciado; el ciclo se repite. Si el Gobierno no toma medidas estructurales creíbles para contener el gasto, la combinación de mayor riesgo país, tasas de interés más altas y deuda creciente podría drenar buena parte del presupuesto de 2026.
El ministro del Interior alertó que crece el riesgo y la desconfianza en el pago de la deuda externa debido a que diez senadores de la Comisión Tercera del Senado quieren hundir la ley de financiamiento que es el respaldo para garantizar su pago. La advertencia describe un mecanismo económico verificable: sin ley de financiamiento, Colombia no puede garantizar el servicio de su deuda; sin garantía, las calificadoras rebajan la nota crediticia; con nota rebajada, los futuros préstamos cuestan más; préstamos más caros significan más presupuesto destinado a intereses.
El senador Jorge Correa recordó que el Congreso aprobó sin problema a los gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe una ley de financiamiento mucho más grande que la que pedía el gobierno actual. La comparación revela que el bloqueo no responde a criterios técnicos sino políticos. Lo que se niega a este gobierno se concedió rutinariamente a los anteriores. El patrón sugiere una estrategia deliberada de estrangulamiento fiscal.
Tras el hundimiento de la ley de financiamiento en diciembre de 2024, el Gobierno tuvo que congelar 12 billones de pesos en enero de 2025, afectando a 43 rubros, entre ellos proyectos como la primera línea del metro de Bogotá, que perdió 770.000 millones. El sabotaje tiene consecuencias materiales verificables. No es abstracción política; es infraestructura que no se construye, hospitales que no se equipan, contratos que no se firman.
Los frentes paralelos como estrategia coordinada
El bloqueo fiscal no opera aisladamente. La Comisión Séptima del Senado aprobó, por siete votos a favor y seis en contra, una proposición para aplazar la discusión de la reforma a la salud hasta que el Gobierno defina la ley de financiamiento. La maniobra construye una trampa lógica: la salud no avanza sin financiamiento aprobado; el financiamiento no avanza porque la oposición lo bloquea; ergo, la salud no avanza.
El faltante de recursos para la reforma sanitaria, según cálculos legislativos, asciende a 16 billones de pesos, la misma cifra que busca recaudar la ley de financiamiento bloqueada. La circularidad es perfecta. Los mismos congresistas que impiden el financiamiento exigen financiamiento como condición para debatir. El Ministerio de Salud publicó un comunicado explicando que la reforma cuenta con aval fiscal otorgado por el Ministerio de Hacienda en agosto de 2025, sin que dependa de la aprobación de la ley de financiamiento. El argumento técnico fue ignorado; la trampa política prevaleció.
La discusión sobre la jurisdicción agraria no ha podido despegar en la Cámara de Representantes debido a la falta de quórum. El proyecto se ha visto afectado por la ausencia sistemática de congresistas. El ausentismo parlamentario funciona como herramienta de bloqueo: sin quórum no hay votación; sin votación no hay ley; sin ley el statu quo permanece. Nueve años después de firmado el Acuerdo de Paz, la jurisdicción agraria sigue sin implementarse.
La simultaneidad de los bloqueos no es coincidencia. Reforma fiscal, reforma sanitaria, reforma agraria: tres iniciativas que redistribuyen recursos desde sectores concentrados hacia sectores dispersos. Las tres encuentran el mismo obstáculo: una coalición parlamentaria que funciona con precisión transversal cuando se trata de impedir cualquier alteración de la estructura distributiva.
El conflicto de intereses como sistema de gobierno
El director de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que más del 30% de los congresistas tiene vínculos directos o familiares con predios baldíos, y que esto estaría dilatando el debate de la ley de jurisdicción agraria. La cifra merece detenimiento: uno de cada tres legisladores colombianos enfrenta investigaciones administrativas por acumulación irregular de tierras públicas. Estos mismos legisladores votan las leyes que regulan la propiedad rural.
Harman solicitó públicamente al senador Marcos Daniel Pineda, al exsenador David Barguil y a la representante Sandra Restrepo abstenerse de participar en los debates sobre jurisdicción agraria debido a investigaciones que los vinculan con la presunta apropiación irregular de tierras baldías. La solicitud fue ignorada. En el Congreso no existe voluntad para avanzar en la jurisdicción agraria; siguen aplazando el debate, le ponen trabas y evitan discutirlo. La razón es evidente: muchos congresistas, o sus familiares, están vinculados al acaparamiento de baldíos de la Nación.
Los baldíos son tierras públicas destinadas prioritariamente al campesinado sin tierra. Su apropiación irregular no es delito menor; es sustracción directa del patrimonio colectivo. Quienes la practican ocupan curules en el Congreso. Quienes deben legislar sobre la tierra son quienes se benefician de la ausencia de legislación.
El patrón se replica en cada frente. Los congresistas que bloquean la ley de financiamiento protegen a los grandes patrimonios de los cuales dependen sus campañas. Los que bloquean la reforma sanitaria protegen la intermediación financiera de las EPS. Los que bloquean la jurisdicción agraria protegen sus propios predios o los de sus financiadores. No hay contradicción entre estos comportamientos; hay coherencia estructural.
Conclusión
El análisis convencional presenta el bloqueo legislativo como disfunción, como incapacidad del sistema político para procesar reformas. Esta lectura resulta insuficiente. El Congreso colombiano no está fallando en su función; está cumpliendo una función distinta a la declarada.
Un parlamento donde el 30% de sus miembros acapara tierras públicas no va a aprobar leyes agrarias. Un parlamento financiado por el sector financiero no va a gravar al sector financiero. Un parlamento que recibe de las EPS no va a eliminar la intermediación sanitaria. Lo sorprendente no es el bloqueo; lo sorprendente sería su ausencia.
El director de Planeación Nacional indicó que la oposición celebra que tumbaron la ley porque creen que con la decisión golpean al presidente Petro, cuando los únicos que perderán son los colombianos. La observación, aunque correcta, permanece en el registro de la denuncia moral. El problema es anterior: un sistema donde quienes deciden el financiamiento del Estado son quienes se benefician de su desfinanciamiento no puede producir otro resultado.
El próximo gobierno heredará un presupuesto asfixiado, sistemas públicos colapsados y una deuda creciente. Esto no es consecuencia de malas decisiones; es el producto lógico de una arquitectura institucional donde los legisladores legislan sobre sus propios intereses. La pregunta relevante no es cómo cambiar las leyes, sino cómo cambiar a quienes las escriben…
G.S.
Fuentes
- La Silla Vacía, 21 noviembre 2025
- El Espectador, 21 noviembre 2025
- Senado de la República de Colombia, comunicados oficiales 2024-2025
- Banco de la República, Comentario al Presupuesto 2026
- Agencia Nacional de Tierras, declaraciones mayo-noviembre 2025
- El Colombiano, informes financieros Grupo Aval 2025
- Portafolio, análisis Universidad San Buenaventura, septiembre 2025
- El Tiempo, 22 noviembre 2025
- Valora Analitik, análisis fiscal septiembre 2025
- Cámara de Representantes, registros legislativos 2025
- Radio Nacional de Colombia, septiembre 2025
Deja un comentario