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SÍNTESIS INICIAL
El 28 de octubre de 2025, el gobernador bolsonarista Cláudio Castro ordenó la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro. La “Operación Contención” desplegó 2500 agentes contra los complejos de Penha y Alemão. El saldo: 132 muertos según la Defensoría Pública, 119 según la policía. Los habitantes pasaron la noche recogiendo cuerpos abandonados, exponiéndolos en la Plaza São Lucas. Testimonios documentan ejecuciones, decapitaciones y tortura. Desde que Castro asumió en 2020, las operaciones policiales mataron a 890 personas. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: la política bolsonarista convirtió las favelas cariocas en laboratorio de exterminio estatal contra poblaciones negras y pobres.
La segunda ciudad más poblada de Brasil amaneció el 29 de octubre bajo un silencio anormal. Durante 16 horas, Río experimentó lo que ningún decreto había ordenado pero todos comprendieron: un toque de queda impuesto por el terror. Las calles desiertas hasta la madrugada, bares cerrados en Botafogo, la Rua Arnaldo Quintela (señalada por Time Out como una de las más “cool” del mundo) vacía como durante la pandemia. Las autopistas sin tráfico. Mientras la ciudad se vaciaba, el gobernador Cláudio Castro celebraba en redes la “mayor ofensiva jamás realizada contra el Comando Vermelho”. Lo que llamó “victoria del Estado” se reveló como masacre cuando, al caer la noche, los habitantes de las favelas comenzaron a encontrar lo que las autoridades habían dejado atrás: cuerpos con disparos en la nuca, decapitados, atados, torturados. “Lo que hicieron no fue solo muerte, torturaron a los jóvenes”, declaró Nathalia Barbosa a teleSUR. El activista Raull Santiago, con 36 años documentando violencia policial, sentenció: “Nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad desconocida”.
El arquitecto bolsonarista del genocidio
Cláudio Castro nació en 1979 en Santos, São Paulo. Abogado, músico católico. Fue elegido concejal en 2016 y vicegobernador en 2018 junto a Wilson Witzel, exjuez que cabalgó la ola bolsonarista prometiendo francotiradores en helicópteros para “abatir criminales”. Cuando Witzel fue destituido por corrupción en 2020, Castro asumió el gobierno del segundo estado más poblado de Brasil. Su gestión combina tres pilares: bolsonarismo explícito, fundamentalismo religioso y represión policial masiva. Reelecto en 2022 con 60% de los votos, se presenta como “cristiano y conservador”, acompaña sus discursos con citas bíblicas y habla de su “misión divina”. Su retórica teológica legitima lo que los números documentan: un proyecto sistemático de eliminación de poblaciones racializadas bajo cobertura de “seguridad pública”. La continuidad entre el Castro compositor de música sacra y el Castro que celebra masacres revela la función histórica del cristianismo como legitimador de genocidios coloniales y postcoloniales.
DATO CLAVE:
Desde 2020, las operaciones policiales en Río de Janeiro causaron 890 muertes bajo el gobierno de Castro. Cuatro de las cinco operaciones más mortíferas ocurrieron durante su mandato: Jacarezinho 2021 (28 muertos), Complexo da Penha 2022 (23 muertos), Complexo do Alemão 2022 (16 muertos), Salgueiro 2023 (13 muertos). En 2024, las intervenciones mataron a 700 personas (2 por día). La “Operación Contención” con 132 muertos supera en 4.7 veces la masacre de Jacarezinho, estableciendo un nuevo récord de letalidad que ni siquiera la dictadura militar brasileña (1964-1985) alcanzó en operaciones urbanas individuales.
El 28 de octubre, Castro materializó esta definición teórica con precisión quirúrgica.
Anatomía de una masacre
La “Operación Contención” movilizó 2500 agentes de las policías Civil y Militar con helicópteros, vehículos blindados y drones. Objetivo: capturar líderes del Comando Vermelho (CV), organización criminal fundada en los años 70 que controla territorios en Penha y Alemão, donde viven 280,000 personas. La operación comenzó en la madrugada. Escuelas cerraron, la Universidad Federal canceló clases. Más de 50 autobuses fueron secuestrados por el CV para erigir barricadas, paralizando el transporte. Balance oficial inicial: 64 muertos (60 civiles, 4 policías), 81 detenidos, 93 fusiles incautados. Castro lo calificó de “éxito”. Pero cuando cayó la noche, habitantes encontraron cuerpos en zonas boscosas que las autoridades no habían contabilizado. Pasaron la madrugada cargándolos, apilándolos en la Plaza São Lucas. Al amanecer del 29, al menos 50 cuerpos adicionales yacían en el suelo. Familias gritaban “masacre”, coreaban “justicia”. Raull Santiago describió: “Vimos personas ejecutadas, disparos en la espalda, en la cabeza, personas atadas. No hay otra forma de describirlo excepto como masacre”. La Defensoría Pública elevó el balance a 132 muertos, la policía a 119. Castro alegó que los muertos “sin duda eran criminales”. Luis Flavio Sapori, sociólogo experto en seguridad, resumió: “Son cifras de guerra”.
“La expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Ejercer la soberanía es ejercer control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder.”
– Achille Mbembe – , filósofo camerunés, “Necropolítica” (2003)
Reacciones internacionales y fracaso estructural
La ONU publicó estar “horrorizada”. El Alto Comisionado Volker Türk pidió “reforma integral de los métodos policiales en Brasil”. “La larga lista de operaciones con numerosas muertes, que afectan desproporcionadamente a personas afrodescendientes, plantea interrogantes sobre cómo se realizan estas redadas”. César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, calificó la operación de “desastre” y “enorme tragedia”. Amnistía Internacional y 30 organizaciones firmaron una declaración afirmando que la operación “expone el fracaso” de las políticas estatales y “pone a la ciudad en estado de terror”. Filipe dos Anjos, secretario general de FAFERJ, expuso la inutilidad táctica: “En unos 30 días, el crimen organizado ya estará reorganizado. Este tipo de operación no logra nada”. Los muertos serán reemplazados, el negocio continuará, las favelas seguirán controladas. Lo único que persiste es el terror impuesto.
Castro contra Lula
Castro denunció que Lula le negó apoyo. “Río está solo. Nos negaron vehículos blindados. El presidente está contra la GLO”, declaró. El ministro de Justicia Ricardo Lewandowski respondió que no recibió solicitud para esta operación. “La responsabilidad sobre seguridad pública corresponde al gobernador”. La narrativa construye a Lula como responsable indirecto, reciclando la retórica bolsonarista de “presidente blando con el crimen”. La realidad: el gobierno federal ofreció prisiones federales y renovó en 11 ocasiones el despliegue de fuerzas nacionales. Castro necesita la confrontación con Lula para consolidar su base electoral. La masacre no es un fracaso de su política, es su política. El Supremo Tribunal Federal ordenó explicaciones, verificando si cumplió las directrices de 2020. La justicia brasileña ha sido cómplice de la normalización de masacres policiales.
Conclusión
La “Operación Contención” no fue un exceso aislado. Fue la culminación lógica de un proyecto político que concibe a los habitantes de favelas como enemigos a exterminar. Castro ha convertido a Río en laboratorio del bolsonarismo post-Bolsonaro, donde la represión estatal se legitima con retórica religiosa y se ejecuta con armamento de guerra contra poblaciones negras y pobres. Las 132 víctimas se suman a las 890 personas asesinadas desde 2020. Son números de genocidio lento, sostenido, celebrado. Como advirtió dos Anjos, la inutilidad táctica está documentada: el Comando Vermelho reconstituirá su estructura en semanas. Lo único que persiste es el terror, el trauma colectivo y la certeza de que el Estado eligió la guerra contra los pobres como política pública. Mientras Castro invoca a Dios, los habitantes recogen cadáveres y los apilan en plazas para forzar su reconocimiento oficial. Río necesita desmantelar el aparato que convierte la violencia policial en espectáculo electoral: juzgar a Castro y los mandos responsables, revocar la “mano dura”, implementar seguridad basada en derechos humanos. Nada ocurrirá mientras el bolsonarismo controle el gobierno estadual y la izquierda federal priorice la gobernabilidad sobre el genocidio. Las favelas seguirán siendo campo de exterminio hasta que el costo político supere la rentabilidad electoral. Por ahora, asesinar pobres sigue siendo buen negocio en Brasil…
G.S.
Fuentes
- Defensoría Pública de Río de Janeiro: balance 132 muertos (29 octubre 2025)
- Gobierno Estado Río de Janeiro: comunicados oficiales, balance policial 119 muertos
- Human Rights Watch Brasil: declaración César Muñoz (28 octubre 2025)
- Alto Comisionado ONU Derechos Humanos: declaración Volker Türk (29 octubre 2025)
- Instituto Fogo Cruzado: estadísticas muertes operaciones policiales 2020-2024
- France24, CNN Español, teleSUR, Infobae, BioBioChile, Diario Libre: cobertura operación (28-29 octubre 2025)
- O Globo, TodoJujuy: ciudad paralizada (29 octubre 2025)
- Canal Abierto Argentina, Gazeta do Povo: perfil político Cláudio Castro
- FAFERJ: declaración Filipe dos Anjos
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