La democracia colombiana se alquila al mejor postor. Tiene un precio obsceno que no se mide en votos, ni en la esperanza de los ciudadanos, sino en la contabilidad sucia de sobrecostos que desangran al Estado y llenan los bolsillos de un monopolio privado. Thomas Greg, aliado histórico de la Registraduría y del uribismo, es hoy el verdadero arquitecto de unas elecciones convertidas en negocio multimillonario.
LA FIESTA DE LOS SOBRECOSTOS
En Bogotá, una silla plástica que en cualquier barrio vale mil pesos se alquila a quince mil. Una mesa que cuesta diez mil aparece facturada en cuarenta y un mil. Escanear un formulario electoral E14 de apenas veintidós hojas cuesta setecientos treinta y un mil pesos. La aritmética es insultante: un simple escaneo se convierte en un atraco legalizado. Cada cifra se repite como un eco en la mente del ciudadano que entiende que cada voto se paga dos veces: en la urna y en la factura.
Lo mismo ocurre con el transporte. La Registraduría paga siete mil setecientos cincuenta millones para distribuir el material de votación. Thomas Greg cobra además mil novecientos noventa millones adicionales para llevar “tres chuspas” a los mismos corregimientos. El resultado: miles de millones facturados sin mover un solo papel, como un banquete de pocos servido sobre el hambre de muchos. El engaño se normaliza y se vuelve paisaje, mientras las autoridades sonríen y firman contratos que legitiman el saqueo.
BIOMETRÍA DE ORO
La tecnología electoral tampoco se salva. Cada punto de biometría cuesta siete millones y medio de pesos. Con veinticinco mil puestos contratados, la cifra se dispara a trescientos ochenta y seis mil millones. Los operarios reciben apenas cien mil pesos, mientras el intermediario se queda con seis millones extras por mesa. El saldo final: trescientos treinta y tres mil millones de pesos convertidos en ganancia fraudulenta. Así, del atraco logístico pasamos al atraco tecnológico: todo un sistema pensado para inflar cifras y vaciar cofres públicos.
La biometría, presentada como modernización y seguridad, es en realidad un simulacro. La identificación digital, que debería blindar los comicios, se convierte en excusa para facturar dispositivos y software a precios astronómicos. En la práctica, menos del veinte por ciento de las mesas cuenta con estos equipos, pero el contrato se firma como si el país entero estuviera cubierto. Cada elección reproduce la misma escena: jóvenes operadores mal pagos sosteniendo tablets alquiladas a precio de oro.
INSCRIPCIONES A PRECIO DE LUJO
Registrar un candidato al Congreso cuesta trece millones de pesos. Una foto, una huella, una firma: trece millones. Inscribir un candidato presidencial vale ocho millones quinientos cuarenta mil pesos. En total, treinta y siete mil millones se esfuman en un trámite que podría resolverse con sistemas simples y transparentes. El registro de candidaturas, que debería ser un procedimiento administrativo sin mayores costos, se convierte en otra veta de oro para el monopolio electoral.
A esto se suman las carpas, las vallas y cada elemento logístico con sobrecostos descomunales. Una carpa que debería costar tres millones se cobra en diez. Una valla que en el mercado vale doce mil se factura a cuarenta y cinco mil. La democracia se alquila a precios de lujo, pero la factura la pagan los ciudadanos, convertidos en clientes cautivos de una empresa que sabe que nadie le compite.
UNA DEMOCRACIA HIPOTECADA
En Colombia, nada se compra, todo se arrienda a precio de compra. Al final no queda infraestructura, no queda software, no queda nada. Solo contratos renovados y bolsillos llenos. Desde 2014 el Estado paga por el mismo software electoral, el Seduwar, sin auditoría, sin código fuente, sin control. En diez años se han entregado dos coma seis billones de pesos a Thomas Greg por “desarrollos tecnológicos” que no pertenecen a la nación. Con ese dinero se habrían podido fundar dos empresas latinoamericanas de tecnología capaces de garantizar soberanía digital. En lugar de eso, seguimos alquilando cada byte a un intermediario que decide cómo se cuentan los votos.
EL MONOPOLIO DEL VOTO
Desde 2007, Thomas Greg ha recibido cincuenta y dos contratos electorales. Es la única empresa que logra presentar ofertas completas en procesos de licitación. El monopolio es absoluto. Once softwares cuentan hoy los votos de los colombianos sin auditoría independiente, sin transparencia y sin garantías. Los partidos minoritarios lo saben: ya le pasó al Mira, ya le pasó a Colombia Justa, casi le pasa al Pacto Histórico. La trampa no distingue ideologías, solo asegura que el negocio siga fluyendo.
No es un accidente. Es un sistema blindado por la Registraduría, protegido por el uribismo y silenciado por las autoridades de control. La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría guardan silencio ante sobrecostos superiores a quinientos mil millones en un contrato de dos billones. La captura institucional es total: quienes deberían investigar se convierten en notarios del saqueo.
MEMORIA Y DENUNCIA
El representante Alejandro Campo lo dijo en el Congreso: «Cada hoja escaneada a treinta mil pesos es un insulto a la inteligencia de un pueblo que apenas sobrevive. Cada peso robado es un voto manchado». Gustavo Petro lo repite: las elecciones están secuestradas por una empresa privada. Y sin embargo, nada ocurre. El atraco continúa. La opinión pública se distrae, los medios tradicionales callan, y los contratos se multiplican.
La memoria histórica exige recordar que desde hace décadas los fraudes electorales se disfrazan de modernización. En los años noventa se hablaba de transparencia digital, en los dos mil de biometría, hoy de blockchain y voto electrónico. Pero en el fondo el mecanismo es el mismo: contratos inflados, ausencia de auditoría, silencio mediático. Colombia se repite a sí misma como una pesadilla cíclica. Los nombres cambian, las tecnologías se renuevan, pero el patrón permanece intacto. En cada década, el pueblo paga la factura y el monopolio sonríe.
EL PRECIO DE 2026
Lo que está en juego en 2026 no es solo un resultado electoral. Es la posibilidad de que la voluntad popular sea respetada o convertida en mercancía. Un sistema sin auditoría, controlado por un monopolio privado, convierte la democracia en una simulación carísima. Cada voto cuesta demasiado, no por la esperanza que representa, sino por el saqueo que lo administra.
“El sistema no está en crisis, el sistema es la crisis”.
– Eduardo Galeano –
En Colombia esa frase se vuelve carne en cada silla inflada, en cada mesa multiplicada, en cada hoja escaneada a precio de oro. Si 2026 se paga con silencio, quedará inscrito como la elección más cara y más indigna de nuestra historia.
Y el peligro no es abstracto. La experiencia de 2022 mostró cómo seis curules estuvieron a punto de desaparecer en el Senado. En 2010, partidos completos quedaron al margen por la opacidad en el conteo. La fragilidad del sistema no es una hipótesis, es una constante histórica. En 2026 la escala del fraude potencial puede superar cualquier precedente.
EL SILENCIO MEDIÁTICO
La prensa tradicional guarda silencio. Caracol, RCN, los grandes periódicos nacionales repiten cifras oficiales sin cuestionarlas. En lugar de investigar los contratos en el SECOP, prefieren narrar la elección como un espectáculo deportivo. Los monopolios mediáticos protegen a los monopolios electorales: la alianza perfecta para perpetuar la mentira. El ciudadano queda atrapado en un doble cerco: manipulado en la urna y desinformado en la pantalla.
EXIGENCIA CIUDADANA
Es urgente una auditoría independiente, la ruptura del monopolio y la construcción de un sistema electoral transparente. Cada contrato renovado es una estafa prolongada. Cada elección bajo este modelo es una burla a la soberanía popular. El pueblo colombiano tiene derecho a exigir que su voto no sea convertido en mercancía, que la democracia no se arriende al mejor postor. La indignación no puede quedar solo en denuncias: debe traducirse en acción colectiva, en presión social, en vigilancia ciudadana.
La denuncia está hecha. Los datos están a la vista. Si nada cambia, el 2026 será recordado no como una fiesta de la democracia, sino como el saqueo más descarado contra el pueblo colombiano. Y esta vez no habrá excusa posible: la historia juzgará con dureza a quienes miraron hacia otro lado…
G.S.
Fuentes: los datos citados provienen de intervenciones oficiales en el Congreso (Alejandro Campo), del SECOP y de denuncias reiteradas de Gustavo Petro. Señalo que persisten vacíos de auditoría sobre los contratos de software, lo que constituye un riesgo estructural.
ANEXO SOBRECOSTOS
Escaneo de E14:
- 22 hojas → 731 000 pesos (≈ 33 000 pesos por hoja).
- 11 hojas → 296 000 pesos (≈ 23 000 pesos por hoja).
Transporte de material electoral:
- Registraduría paga 7 750 millones.
- Thomas Greg cobra 1 990 millones adicionales por llevar a los mismos lugares.
Biometría:
- 25 000 puntos.
- Costo por punto: 7,5 millones.
- Total: 386 000 millones.
- Operarios reciben apenas 100 000 pesos, pero se cobran 6 millones extra por mesa.
- Ganancia fraudulenta estimada: 333 000 millones.
Inscripción de candidatos:
- Congreso: 13 millones por persona.
- Presidencia: 8,54 millones por candidato.
- Total inscripción: 37 000 millones.
Otros:
- Sillas Rimax: valen entre 900 y 1 100 pesos, facturadas a 15 000 peso en Bogotá.
- Mesas: cuestan 10 000 pesos, alquiladas a 41 000 pesos.
- Carpas: sobrecostos entre 2 000 y 3 000 millones.
- Vallas: valen 12 000 pesos, cobradas a 45 000 pesos.
- Escáneres: un equipo cuesta 1 millón, operario bien pago 250 000.
- Diferencia estimada por no comprar equipos: 298 000 millones.
- Costo total elecciones en Colombia: 530 millones USD.
- “Desarrollos tecnológicos” (Seduwar): pagos acumulados desde 2014 → 2,6 billones de pesos.
- Contratos a Thomas Greg desde 2007: 52 contratos.
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