El Consejo Nacional Electoral mantiene en suspenso la personería del Pacto Histórico. La consulta del 26 de octubre depende de una firma que no llega. Si el limbo se impone, la unidad se rompe y millones de votos quedan a merced de una ingeniería burocrática que huele a cálculo y a miedo. Asumo la tarea de ordenar hechos y señalar el punto exacto donde la norma se usa como cerrojo.
Contexto inmediato
Cuatro colectividades completaron el trayecto para unificarse bajo una sola personería jurídica. Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista. Durante más de un año sus direcciones aprobaron actas, ajustaron estatutos, notificaron al árbitro, cumplieron requisitos documentales. En paralelo, una escisión de MAIS abre la puerta a Progresistas con liderazgo de María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez. Todo está radicado. Nada está resuelto. El expediente se mueve a la velocidad del cálculo ajeno.
No discuto un punto de doctrina, describo un hecho. El CNE no ha producido una decisión de fondo sobre la fusión y tampoco ha despejado la escisión que da vida a Progresistas. Este silencio administrativo no es neutro. Interfiere la planeación de la consulta, altera los tiempos de contratación de auditorías y logística, bloquea la reposición de votos, oscurece la pauta política permitida, deja en la sombra la financiación y sus topes. En política el tiempo es un insumo. Cuando el árbitro lo retiene, inclina la cancha.
Cronología verificada
13 de junio las fuerzas que integran el Pacto radicaron ante el CNE la solicitud de fusión después de más de un año de trámites internos. 26 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá amparó a María José Pizarro y ordenó al CNE decidir en cinco días hábiles la escisión de MAIS que habilita la personería de Progresistas. 30 de agosto la bancada del Pacto solicitó medidas cautelares ante el sistema interamericano para proteger sus derechos políticos y evitar un daño irreparable. 1 y 2 de septiembre el presidente advirtió que la dilación equivale a un golpe contra la democracia y pidió prender las alarmas.
Cada hito tiene un efecto concreto. La radicación de junio activó un reloj institucional. La orden judicial de agosto fijó un plazo perentorio que no admite rodeos. La solicitud de cautelares elevó el caso al plano internacional donde el principio de participación pesa más que la astucia reglamentaria. La advertencia presidencial dejó claro que no se trata de un detalle técnico sino de la puerta de entrada a la competencia de 2026.
Claves legales
La regla del quince por ciento limita las coaliciones para corporaciones públicas cuando en la elección anterior se superó ese umbral. En 2022 la lista del Pacto superó ese tope. Sin reconocimiento jurídico unificado no habría coalición posible y cada partido tendría que ir por su cuenta. La fragmentación no sería accidental. Sería la consecuencia buscada de una demora administrada que convierte una regla pensada para evitar trampas en un arma para impedir la convergencia.
El artículo catorce de la ley 1475 de 2011 prohíbe reorganizaciones si hay procesos sancionatorios en curso. Pero los precedentes del CNE han privilegiado derechos políticos cuando las indagaciones son puntuales; convertir cualquier expediente en cerrojo universal vacía el derecho de asociación y habilita el abuso estratégico de denuncias.
El equilibrio entre legalidad y garantías no es una frase. Es una decisión concreta que se expresa en resoluciones con fecha y firma. Aquí está la pregunta que importa. El CNE va a proteger el derecho de participación de millones o va a usar la norma como un muro para un sector político específico.
Composición del árbitro
El CNE está presidido por Álvaro Hernán Prada. Sus magistrados son designados por el Congreso y responden a cuotas de las principales fuerzas. El origen es político, la función debe ser técnica. La neutralidad del árbitro no se recita, se demuestra con decisiones adoptadas en derecho y dentro de los plazos. Un trámite que se eterniza ya es una decisión por omisión y por desgaste. Un calendario que se agota mientras el expediente no camina equivale a un veto que nadie confiesa pero todos entienden.
No pido milagros ni trato preferente. Exijo simetría. Las mismas puertas que se han abierto para otros deben abrirse para quien cumple requisitos y representa a millones. La imparcialidad no se mide por discursos. Se mide por resoluciones y por el cumplimiento de los plazos que protege la tutela judicial efectiva.
Consecuencias operativas
El atraso desorganiza el calendario del Pacto y le impone costos adicionales en logística, asesorías y auditorías. Cada paso sin habilitación legal multiplica trámites y entierra horas en ventanillas. La visibilidad de una consulta nacional se reduce cuando no hay certeza jurídica. Sin claridad se pierden espacios en medios, se enfría la inscripción de militantes, se ralentiza la captación de pequeños aportes y se aplaza la pedagogía de las propuestas.
Hay efectos contables y regulatorios. Sin partido unificado se complican los techos de financiación, la reposición de votos y la planeación de tarjetones. La contratación de auditorías queda en un limbo, las pólizas se encarecen, las veedurías no saben a quién exigir cuentas. Los equipos territoriales carecen de un punto único de reporte y la campaña interna se dispersa. La confusión se traduce en papeletas con logos fragmentados, en sedes duplicadas, en mensajes que compiten entre sí. Todo esto ocurre hoy y no es retórica.
El daño reputacional también suma. Un proceso que parece manipulado por demoras alimenta el cinismo ciudadano y fortalece la idea de que las reglas se aplican de manera selectiva. Esa corrosión tiene costo en participación y en confianza. Un país cansado vota menos. Un votante desconfiado cambia de canal. Quien controla el tiempo controla la expectativa y quien controla la expectativa define el clima de la elección.
Escenarios inmediatos
Si el CNE concede la personería antes del 26 de octubre la consulta llegará robusta y la izquierda entrará a 2026 con una estructura única y reglas claras. Habrá un comité de ética común, una veeduría financiera coordinada, un plan de listas con equilibrio territorial y un relato unificado. La competencia interna ordenará el mapa sin destruirlo y el ganador saldrá con una plataforma capaz de negociar con el país en una sola mesa. Resultado directo financiación ordenada, listas coordinadas, consulta con legitimidad y tracción nacional.
Si el CNE niega o dilata la personería la fragmentación será el resultado matemático. Cada partido irá por su cuenta, varias fuerzas arriesgarán curules, el umbral se volverá una amenaza real y la consulta perderá sentido. Lo que se presenta como neutralidad procesal se convertirá en un sesgo de hecho. La exclusión por trámite produce el mismo efecto que una sanción sin nombre. Consecuencia mensurable curules en riesgo y umbral en juego.
Si el CNE decide tarde la consulta será coja y el conflicto se trasladará a los tribunales con semanas críticas ya perdidas. Las campañas internas quedarán sin oxígeno, los debates regionales perderán relevancia y la ciudadanía recibirá una señal confusa. En ese escenario la elección se define menos por ideas y más por la resistencia a la fatiga. Efecto concreto litigio seguro y semanas críticas perdidas.
Territorio y músculo
Mientras el expediente se enfría, el Pacto organiza asambleas departamentales, instala coordinaciones territoriales, anuncia debates regionales y una cita nacional. La calle existe, el entusiasmo existe, los nombres pesan. Iván Cepeda, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Carolina Corcho. Cada nombre moviliza un segmento, cada agenda toca un dolor concreto del país. Sin personería esa energía se dispersa en listas paralelas, mensajes cruzados y gastos duplicados. Con personería compite en un solo carril y ordena la conversación. En Popayán 800 delegados aprobaron la coordinación departamental del capítulo Cauca con organizaciones sociales de 42 municipios.
En el Cauca, en el Caribe, en Antioquia, en Bogotá, se repite la escena. Dirigencias sociales y militancia que viaja horas para asistir a una asamblea, comités que improvisan auditorios, comunidades que preguntan por programas de seguridad, empleo, salud y educación. Esa pulsión no debería estrellarse con una decisión que se demora sin razón visible. Si la calle está despierta, el escritorio debe estar a la altura.
Lo que se sabe y lo que falta
Se sabe que la radicación se hizo el 13 de junio. Se sabe que el 26 de agosto un tribunal ordenó resolver en cinco días la escisión de MAIS que habilita a Progresistas. Se sabe que el 30 de agosto se pidieron cautelares ante el sistema interamericano para proteger la participación política. Falta la decisión de fondo del CNE que desbloquee la fusión y la personería. Falta que el árbitro diga sí o no y asuma el costo de su respuesta. Falta que la regla se aplique con la misma vara que en los precedentes.
No requiero documentos secretos para sostener esto. Bastan los autos conocidos, las actas de las colectividades y los comunicados públicos. Cuando existan novedades con resolución en firme, actualizaré los efectos operativos sobre consulta, financiación y listas. La precisión es una obligación, no un adorno.
Mapa de actores y preguntas necesarias
Actores internos del Pacto que empujan la unidad. Dirigencias de Colombia Humana, sectores del Polo, militancia de la Unión Patriótica, cuadros del Partido Comunista, el grupo que conforma Progresistas tras la escisión de MAIS. Actores del árbitro. Presidencia del CNE, ponentes asignados, mayorías que controlan el ritmo del expediente. Actores externos. Opinión pública, organizaciones de observación electoral, sistema interamericano.
Preguntas que el CNE debe responder con hechos y no con comunicados. Hay impedimentos reales para decidir o solo hay cálculo político. Hay razones jurídicas nuevas o solo se reciclan barreras ya descartadas en precedentes. Hay voluntad de aplicar la ley con simetría o se administra el tiempo como arma para dividir a un adversario que crece.
Por qué importa incluso para quien no vota por el Pacto
La regla del juego no se escribe para favorecer a una sigla. Se escribe para proteger la competencia. Hoy el Pacto está en el centro de la disputa. Mañana podría estarlo cualquier otra fuerza. Si aceptamos que una mayoría puede negar en la práctica un derecho de participación usando la demora, abrimos la puerta para repetir la jugada contra quien sea. El cinismo institucional no es gratis. Derrumba la confianza básica que sostiene una república.
No se trata de siglas. Se trata del derecho de millones a votar por un proyecto unificado. Un árbitro que dilata decide por desgaste. Un país que acepta esa práctica normaliza la cancelación por trámite. La democracia no se defiende con adornos, se defiende con decisiones administrativas adoptadas a tiempo y con la misma vara para todos. Lo demás es el arte de fingir legalidad para obtener ventaja.
“Qué tiempos serán los que vivimos en que hay que defender lo obvio”
– Bertolt Brecht –
Exigencia democrática
Decidir ya la personería del Pacto Histórico. Resolver con la misma lógica que se aplicó en precedentes similares. Garantizar que la consulta del 26 de octubre ocurra con reglas limpias. Si la ley se convierte en arma administrativa la democracia paga el precio. No pido concesiones, exijo simetría. La ciudadanía sabrá leer quién defendió el juego limpio y quién apostó por ganar en ventanilla…
G.S.
