El 15 de mayo de 2025, el Senado de la República de Colombia cometió una traición sin precedentes al rechazar la consulta popular, un mecanismo que debía permitir al pueblo pronunciarse directamente sobre temas cruciales como la reforma laboral. Este rechazo no es simplemente una decisión política: es un golpe directo al corazón mismo de la democracia colombiana. Una operación hábilmente orquestada por las élites políticas decididas a preservar sus privilegios, a costa de la soberanía popular. El pueblo, una vez más, ha sido ignorado, manipulado y silenciado.
Un acto de fraude legislativo: Manipulaciones y subterfugios
El fraude que ocurrió en el Senado ese día no puede verse como un simple error administrativo. Se trata de un acto deliberado y calculado de manipulación del proceso legislativo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, no tardó en denunciar esta manipulación, calificando este rechazo como una “fraude” y señalando la pasividad cómplice del presidente del Senado y el secretario, ambos aliados de Efraín Cepeda. Según Benedetti, el secretario del Senado agregó votos al “no” después del cierre de la votación, un movimiento que constituye una violación flagrante de los procedimientos democráticos.
“Lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la consulta popular de forma fraudulenta,” declaró. Estas acusaciones no pueden ser ignoradas, ya que revelan una realidad mucho más oscura que una simple manipulación técnica. En juego está el futuro de la soberanía popular, el derecho de cada ciudadano a participar activamente en las decisiones políticas que afectan su vida. Una democracia así manipulada está al servicio de los poderes económicos y los privilegios de una élite desconectada de las realidades sociales del país.
Las acusaciones de añadir votos después del cierre fueron confirmadas por David Racero, senador del Pacto Histórico, quien subrayó la ilegalidad de la intervención después de que se cerrara la votación: “El secretario del Senado agregó votos por el no una vez se había cerrado la votación.” No se trata de un accidente, sino de una práctica sistemática de las élites para extinguir la voluntad popular. Las acciones de Cepeda y sus aliados muestran que fue un acto premeditado destinado a impedir esta consulta.
La traición de las élites: Una clase política al servicio de la oligarquía
Detrás de este rechazo se oculta una clase política que, aunque pretenda servir a la nación, en realidad defiende los intereses de las grandes empresas y los lobbies económicos. El rechazo a esta consulta popular demuestra una vez más que la oligarquía colombiana se esconde detrás de partidos como Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Conservador, que son aliados de las multinacionales y las grandes empresas, y no del pueblo colombiano. Estos partidos, en lugar de defender la voluntad popular, se han unido a las grandes fortunas para impedir cualquier reforma que pueda alterar el orden económico establecido.
“Esta es una victoria de las élites económicas, no del pueblo colombiano,” denunció Mafe Carrascal, resaltando la brecha abismal entre los intereses de los poderosos y los de los colombianos comunes. Aquí no solo se trata de una reforma social, sino del equilibrio mismo de la sociedad colombiana, donde una pequeña élite conserva el monopolio sobre el poder económico y político, mientras abandona a las masas populares a la miseria y la explotación.
La implicación de Cepeda y de otros miembros del Centro Democrático revela un proyecto político cuyo objetivo es mantener una jerarquía de poder profundamente injusta. Al rechazar la consulta, estos parlamentarios han demostrado que están dispuestos a sacrificar los derechos de los colombianos para proteger un sistema neoliberal que privilegia el capital en detrimento del bienestar de los ciudadanos.
El ataque contra la participación ciudadana: Una crisis democrática
El rechazo a la consulta popular no es solo una decisión legislativa. Plantea la cuestión crucial de la legitimidad del sistema político colombiano. Al privar a los colombianos de la posibilidad de pronunciarse sobre cuestiones esenciales que los afectan directamente, el Senado ha puesto en evidencia una de las mayores desviaciones del país: la falta de una verdadera democracia participativa. La consulta popular era una herramienta democrática fundamental, un medio para que el pueblo definiera su futuro, especialmente en lo que respecta a los derechos laborales, la justicia social y la igualdad.
Este rechazo demuestra claramente que un sistema corrompido, dirigido por una élite, se niega a compartir el poder con el pueblo. El injustificable rechazo de esta consulta prueba que los intereses de las masas populares son incompatibles con las prioridades del Senado colombiano. “Lo que hicieron hoy fue una bofetada a los derechos del pueblo,” reaccionó Petro, denunciando el ataque directo a la soberanía popular.
El pueblo colombiano ha sido sacrificado en el altar de los intereses económicos. No se trata solo de un asunto de procedimiento parlamentario, sino de un ataque frontal al derecho de los colombianos a participar en la vida política del país. La falta de participación ciudadana en decisiones tan fundamentales demuestra la incapacidad del Senado para representar la voluntad del pueblo, revelando así la naturaleza profundamente antidemocrática del sistema político actual.
El llamado a la resistencia popular: La calle como último recurso
A pesar de esta derrota aparente, los colombianos se niegan a rendirse. “El poder es del pueblo,” es el mensaje central lanzado por los dirigentes progresistas que se movilizaron inmediatamente después del rechazo de la consulta. Petro ha llamado a una movilización masiva, a una resistencia organizada y solidaria, destacando que la lucha solo está comenzando.
Este rechazo ha reavivado un sentimiento de rebelión y determinación en millones de colombianos. “Nosotros no nos rendimos,” declaró Wilson Arias, destacando que, aunque el proceso legislativo haya fracasado, la lucha por los derechos laborales y la justicia social está lejos de haber terminado. La calle se convierte así en el terreno decisivo para el futuro de la democracia colombiana.
El gobierno y los movimientos populares deben coordinar una resistencia masiva para devolver la voz al pueblo y exigir una reforma real y profunda. La movilización popular se convierte en la única respuesta a este golpe de Estado legislativo. Este proceso será liderado con la solidaridad de los trabajadores, las comunidades rurales, las organizaciones indígenas y los movimientos sociales.
Conclusión: Una nación en crisis, un pueblo que se levanta
Aunque el Senado colombiano haya rechazado hoy la consulta popular, este rechazo ha desencadenado una revuelta contra un sistema político profundamente antipopular y antidemocrático. Lo que se ha rechazado no es solo una consulta, sino la posibilidad de un cambio radical, una ruptura con un sistema político corrompido que protege a la oligarquía en detrimento del pueblo.
El fracaso de esta consulta es una derrota para el pueblo colombiano, pero no es definitivo ni irreversible. La movilización popular se convierte en la única vía para imponer una verdadera reforma social. El pueblo, a través de la organización y la lucha en las calles, reafirmará su soberanía y demostrará que no se dejará aplastar por políticos desconectados de las realidades sociales.
La calle será el terreno de la batalla democrática, y el pueblo colombiano, más determinado que nunca, demostrará que las maniobras fraudulentas y las manipulaciones políticas nunca podrán sofocar la voluntad colectiva de la nación. La lucha por una democracia real, por una reforma laboral justa y solidaria, y por la igualdad social continúa. Esto no es más que el comienzo…
G.S.
