El regreso de Ciro Ramírez al Senado colombiano, tras su liberación condicional, no pasó desapercibido. Como una sombra que resurge de un pasado ya manchado, vuelve a los escaños del poder como un personaje caído resucitado en plena tragedia nacional. Este regreso recuerda al de otras figuras políticas corruptas que se beneficiaron de complicidades institucionales para reinsertarse en el aparato del Estado, al estilo del peronismo posdictadura o de los montajes de la primera república italiana antes de Mani Pulite. Imputado por corrupción agravada, concierto para delinquir y malversación de fondos públicos, se reincorpora a la institución en un momento estratégicamente político: cuando el Congreso se prepara para debatir la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. Para muchos observadores, este regreso representa un intento flagrante de sabotear el proceso democrático.
Un regreso calculado
El 2 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación de Ciro Ramírez, detenido en diciembre de 2023 en el marco del escándalo “Las Marionetas”. El 9 de mayo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, firmó la resolución 385, que lo reincorpora oficialmente a su cargo legislativo. Esta rapidez generó fuertes críticas. La senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) denunció “un regreso orquestado con urgencia, destinado a reforzar los peones de la oposición en el momento más estratégico”, y añadió que “la justicia nunca debió permitir tal maniobra sin garantías de transparencia”. Según Infobae, Ramírez había enviado una carta a Cepeda inmediatamente después de salir de prisión para reclamar su curul, argumentando la ausencia de una condena definitiva.
Pero esta liberación no significa que el caso esté cerrado. Aún enfrenta cargos por su implicación en una red de corrupción compleja, en la que están implicados funcionarios, empresas privadas y alcaldes de varios departamentos. Está acusado, entre otras cosas, de haber manipulado la asignación de más de 15 contratos públicos en programas sociales como los del DPS (Departamento para la Prosperidad Social), con montos que superan los 40 mil millones de pesos.
El caso “Las Marionetas”
Este escándalo estalló en 2022 con la detención del senador Mario Castaño, acusado de montar una red de malversación de fondos públicos en varios departamentos. Intercepciones telefónicas revelaron un sistema piramidal en el que los recursos eran redistribuidos entre políticos, funcionarios y empresarios cercanos al poder. Según la Fiscalía, Ciro Ramírez era uno de los beneficiarios y facilitadores de esta estructura.
Las acusaciones contra él incluyen:
- Concierto para delinquir agravado
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Tráfico de influencias
Según El Espectador, los fiscales tienen pruebas contundentes: extractos de llamadas telefónicas en las que Ramírez da instrucciones precisas sobre la distribución de contratos, correos electrónicos intercambiados con intermediarios identificados como miembros de la red, y testimonios de varios funcionarios locales que confirmaron bajo juramento las presiones ejercidas para favorecer a ciertos contratistas a cambio de comisiones ilegales. Varios testigos protegidos lo señalan como actor central de la red.
Una estrategia de sabotaje político
La coincidencia entre el regreso de Ramírez y la inminencia del voto sobre la consulta popular no pasó desapercibida. Petro propuso esta iniciativa para sortear los bloqueos institucionales y someter al pueblo las líneas generales de sus reformas económicas y sociales. El Centro Democrático, partido de oposición al que pertenece Ramírez, prometió obstaculizar el proceso. Según una nota del secretariado legislativo interno consultada por El Tiempo (edición del 7 de mayo de 2025), varios senadores del Centro Democrático coordinaron intervenciones para desacreditar la consulta, calificándola de “chantaje populista”. El senador Miguel Uribe Turbay incluso declaró públicamente que “el Congreso no tiene por qué someterse a los caprichos ideológicos de un presidente obsesionado con su agenda revolucionaria”.
Según el politólogo Jairo Libreros: “El regreso de Ramírez es una maniobra deliberada. No es simplemente la reintegración de un parlamentario, es la reactivación de una estrategia de obstrucción institucional a la voluntad popular” (Caracol Radio, 10 de mayo de 2025).
Documentos internos filtrados a La Silla Vacía revelan reuniones entre figuras clave del Centro Democrático y representantes de intereses económicos opuestos a las reformas, especialmente en los sectores de salud, finanzas y minería. El objetivo: sabotear la consulta por todos los medios posibles.
Una democracia socavada desde dentro
Este regreso no revela solamente la indecencia de un individuo, sino la putrefacción sistémica de una parte del Senado. Allí donde la justicia debería suspender a cualquier elegido investigado por corrupción masiva, ocurre lo contrario: los imputados son reincorporados y protegidos para defender sus intereses y los de sus aliados.
Varios colectivos ciudadanos, como Colombia Humana Anticorrupción, convocan una movilización nacional para exigir la exclusión de cualquier parlamentario involucrado en investigaciones por corrupción. En un comunicado del 11 de mayo, denunciaron: “El regreso de Ciro Ramírez es una bofetada en el rostro de los colombianos que luchan por una política limpia. Es la institucionalización del crimen de cuello blanco”.
Conclusión: nombrar a los culpables, exigir rendición de cuentas
Ciro Ramírez no debería estar en el Senado. Debería responder ante un tribunal imparcial, no influir en las leyes de un país corroído por la desigualdad. Su reincorporación es el síntoma de una casta política que no se reforma, que recicla su basura, que se aferra al poder incluso arrinconada por las pruebas.
Y no está solo: otros senadores imputados por casos similares han regresado o nunca dejaron su curul. Recordemos el caso de Eduardo Pulgar, condenado por tráfico de influencias, o Andrés Felipe Guerra, procesado por malversación. El Senado colombiano se ha convertido en una caja de resonancia de las élites corruptas que se perpetúan gracias a la impunidad, la opacidad y las complicidades institucionales.
Hay que decirlo sin rodeos: el regreso de esta fruta podrida no es un accidente. Es una estrategia. Una alarma. Y un llamado a la movilización. El pueblo tiene derecho a una representación digna. No a marionetas podridas por el dinero y las complicidades mafiosas.
G.S.
