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SÍNTESIS INICIAL
Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 no revelaron un fraude consumado. Revelaron algo más perturbador; un sistema electoral diseñado para que el fraude sea posible, conveniente y difícilmente atribuible. El software que, según la Presidencia, procesa el 92% del escrutinio colombiano pertenece a Thomas Greg & Sons, empresa privada en desacato a un fallo del Consejo de Estado de 2018 que ordenó su transferencia al Estado. El Consejo Nacional Electoral carece de la infraestructura técnica para auditar el proceso que tiene el mandato de controlar. El 8 de marzo registró 940 alertas de delitos electorales, incautaciones por más de cuatro mil millones de pesos y señalamientos presidenciales sobre actas irregulares. El 31 de mayo, con las presidenciales en juego, la misma maquinaria permanece intacta.
El 8 de marzo, cuarenta y un millones de colombianos eligieron Congreso. Lo que no eligieron fue el sistema que contaría sus votos. Ese sistema lleva dos décadas en manos de un operador privado, funciona en desacato judicial desde 2018 y es fiscalizado por una institución que no tiene el software necesario para hacerlo. Lo ocurrido ese domingo no fue una anomalía; fue la expresión visible de una arquitectura que normaliza la opacidad como condición operativa.
La empresa que gobierna las urnas
Thomas Greg & Sons opera las elecciones colombianas desde 2007. No como proveedor entre otros, sino como nodo central de un proceso que, según las estimaciones del gobierno, concentra el 92% del escrutinio nacional en manos privadas. El dato proviene de declaraciones del presidente Petro y no ha sido verificado de forma independiente; surge, sin embargo, de la configuración contractual que la firma ha mantenido a lo largo de cuatro ciclos electorales, con renovaciones sucesivas cuya justificación técnica es difícilmente separable de su posición de monopolio. La empresa suministra el software de preconteo y transmisión de resultados, administra la logística documental, la formación de jurados y los mecanismos de consolidación de datos.
El 1 de marzo de 2026, el presidente Petro publicó en X una serie de mensajes en los que recordó que el Consejo de Estado había comprobado en 2018 que el software de Thomas Greg “permitió fraudes” en 2014, y había ordenado su transferencia al Estado. La sentencia fue explícita en ese punto; el software de escrutinio debía ser propiedad de la organización electoral, con trazabilidad completa desde la mesa hasta la declaratoria. En el mismo mensaje, Petro afirmó que en 2022 ocurrió un fenómeno equivalente, con 640.000 votos del Pacto Histórico presuntamente transferidos al Partido de la U; esa acusación es del presidente, no de la sentencia, y permanece sin resolución judicial definitiva. La orden de 2018 lleva ocho años incumplida. La Registraduría Nacional no ha presentado un plan de implementación verificable; el fallo permanece en el expediente como evidencia de una disposición institucional que prefiere la inercia al cumplimiento.
El contrato vigente para 2026 fue adjudicado a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, con Thomas Greg & Sons como componente central. El valor total supera los 2,7 billones de pesos. Solo la partida de escrutinio representa 1,238 billones, incremento del 78% respecto a 2013, cuando el mismo rubro costaba 155 mil millones. Ningún organismo de control ha publicado una auditoría independiente que justifique ese diferencial. La Contraloría y la Procuraduría, a quienes Petro pidió investigar formalmente, no han emitido pronunciamiento público. El silencio de los órganos de control ante un diferencial de esa magnitud no es un detalle administrativo; es, en sí mismo, un dato político.
DATO CLAVE
El contrato electoral 2026 supera los 2,753 billones de pesos, de los cuales 1,238 billones corresponden al rubro de escrutinio gestionado por Thomas Greg & Sons, empresa privada con el monopolio del software electoral colombiano desde 2007. Los costos de ese rubro se incrementaron un 78% entre 2013 y 2026, sin auditoría pública independiente. Un fallo del Consejo de Estado de 2018 ordenó la transferencia del software al Estado; esa orden lleva ocho años sin cumplirse.
La situación del Grupo ASD ilustra la misma lógica. Esta empresa, integrada en la Unión Temporal ganadora del contrato, solicitó retirarse el 20 de enero sin anuncio público, invocando cuestionamientos por presunto fraude electoral en Honduras. Según documentación y testimonios recogidos por la revista RAYA, ASD continuó operando con sus contratistas y participando en simulacros semanas después de que la Registraduría aprobara su salida. La ficción documental y la realidad contractual son dos registros que coexisten sin contradicción.
El CNE, un árbitro sin árbitro
El Consejo Nacional Electoral tiene un mandato constitucional preciso; supervisar partidos, controlar el financiamiento de campañas, velar por la transparencia del proceso electoral. Tiene también, en la práctica, una limitación técnica que hace ese mandato difícilmente ejercible; su herramienta de escrutinio es el software Indra, adquirido en 2021, que solo suma los datos nacionales producidos por los departamentos. No accede a los datos de mesa, no tiene capacidad de trazabilidad granular y no puede auditar el proceso que Thomas Greg administra.
Esta brecha no es accidental. Es el resultado acumulado de decisiones presupuestarias, inercias contractuales y una relación con proveedores que desplaza progresivamente la capacidad técnica hacia el sector privado. El CNE no construyó esa situación en un día; la heredó, la toleró y, en algunos períodos, la facilitó. La figura del árbitro que no puede ver el tablero surge de un modelo que subcontrató su capacidad de control sin exigir transferencia tecnológica.
La composición del CNE añade otra variable estructural. Sus nueve magistrados son elegidos por el Congreso en proporción a la representación de los partidos; no son independientes de las fuerzas que supervisan. Esa estructura convierte al CNE en una extensión del mapa parlamentario. Cuando investiga una campaña financiada por un partido con representación en su seno, la independencia depende de voluntades políticas no diseñadas para ser imparciales.
Para Norberto Bobbio, las instituciones democráticas no son neutrales; son cristalizaciones de las relaciones de fuerza del momento en que fueron creadas, y tienden a reproducirlas incluso cuando esas relaciones han cambiado. (Il futuro della democrazia, 1984)
El CNE abrió en octubre de 2025 una investigación preliminar contra Álvaro Uribe por posibles irregularidades en su candidatura al Senado. Uribe, condenado ese mismo año por soborno en actuación penal y fraude procesal, obtuvo en las legislativas del 8 de marzo uno de los resultados más sólidos del Centro Democrático. La simultaneidad entre la investigación abierta y la victoria ilustra el margen de maniobra que el sistema permite a sus actores más consolidados, acompañando esas trayectorias hasta el punto en que los procedimientos pierden toda función disuasoria.
Ocho de marzo, síntomas de un sistema
Las elecciones del 8 de marzo se desarrollaron, según el ministro del Interior, “sin alteraciones graves”. La frase es correcta en su dimensión más estrecha. No hubo violencia masiva, no colapsó la infraestructura logística, los resultados se proclamaron en los términos habituales. Lo que sí ocurrió simultáneamente fue considerable; el sistema URIEL registró 940 alertas por presuntos delitos electorales antes de la una de la tarde; la Misión de Observación Electoral reportó 91 irregularidades en 49 municipios de 22 departamentos; la Policía Nacional incautó más de cuatro mil millones de pesos en efectivo. El gobierno ofreció una recompensa de hasta 130.000 dólares para quienes aportaran información sobre responsables de delitos electorales.
Petro publicó el 10 de marzo fotografías de actas E-14 con correcciones numéricas, señalando presuntas alteraciones favorables al Centro Democrático y al movimiento Creemos. La respuesta institucional fue técnicamente precisa; el sistema produce tres copias de cada acta, y la comparación entre versiones permite detectar inconsistencias. Yann Basset, de la Universidad del Rosario, indicó a AFP que las correcciones visibles son verificables cruzando las tres versiones y no constituyen prueba de fraude sistemático. La Registraduría señaló que las discrepancias dan lugar a reconteos. El mecanismo existe y tiene su lógica; la pregunta que no responde es otra.
DATO CLAVE
El 8 de marzo de 2026, el sistema URIEL registró 940 alertas de delitos electorales antes de las 13h00 y la MOE reportó 91 irregularidades en 49 municipios de 22 departamentos. La Policía incautó más de 4.000 millones de pesos en efectivo durante la jornada. Desde inicios de 2026, las fuerzas de seguridad registraron 27 procedimientos contra financiamiento ilegal, con 37 capturas y 3.492 millones confiscados.
El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, respondió exhibiendo actas E-14 con anomalías que afectaban al Pacto Histórico; en una mesa de San Onofre, los votos de lista y de candidatos sumaban 64, pero el total consignado era 38. El señalamiento cruzado entre oficialismo y oposición con el mismo tipo de evidencia no resuelve ningún problema; lo agrava, y confirma que el sistema produce irregularidades distribuidas, no necesariamente dirigidas.
La pregunta relevante no es si las correcciones en las actas E-14 prueban un fraude orquestado. Es por qué el sistema de verificación depende de la iniciativa ciudadana o presidencial para activarse. Es por qué el 92% del preconteo pasa por un operador privado cuyo software el CNE no puede auditar en tiempo real. Es por qué una sentencia de 2018 que ordenó corregir esa vulnerabilidad permanece sin cumplimiento. Un sistema diseñado para producir resultados manipulables no necesita un fraude en cada elección; solo necesita que la posibilidad permanezca abierta.
El 31 de mayo como encrucijada
Las elecciones presidenciales del 31 de mayo se celebrarán con la misma infraestructura, el mismo operador privado, el mismo CNE sin capacidad de auditoría y el mismo fallo judicial ignorado desde 2018. El Congreso elegido el 8 de marzo quedó fracturado; el Pacto Histórico obtuvo la mayor bancada, seguido de cerca por el Centro Democrático. Las consultas interpartidistas impulsaron la candidatura de Paloma Valencia como figura de referencia de la oposición. El mapa político es el más polarizado desde 2022, y la distancia entre las principales fuerzas es lo suficientemente estrecha como para que cualquier irregularidad mínima adquiera relevancia determinante.
El gobierno de Petro llegará a las presidenciales como denunciante y parte interesada a la vez; sus cuestionamientos al sistema son en parte legítimos en su diagnóstico estructural y en parte instrumentales en su temporalidad. Un presidente que siembra la duda sobre la transparencia antes de conocer los resultados construye también una narrativa de impugnación preventiva. La Procuraduría pidió al Tribunal de Cundinamarca que ordenara a Petro cesar sus declaraciones sobre fraude sin pruebas suficientes. La frontera entre la denuncia legítima y la desestabilización preventiva no tiene marcador institucional claro en Colombia.
Lo que está en juego el 31 de mayo no es solo qué candidato llega a la Casa de Nariño, sino si el resultado tendrá la legitimidad suficiente para ser aceptado sin impugnación duradera. Un sistema que arrastra un desacato judicial de ocho años, opera con un monopolio privado sin transferencia tecnológica y cuyos mecanismos de control carecen del instrumental necesario no produce resultados incontestables por la calidad de sus procedimientos. Los produce, si los produce, por la voluntad política de los actores de aceptarlos. Esa voluntad, en el contexto de polarización actual, es el único factor que el sistema no puede garantizar…
G.S.
Fuentes
- “Los escrutinios son opacos y vulnerables al fraude en las elecciones”, Presidencia de la República de Colombia, 1 de marzo de 2026
- “Colombia va a elecciones este domingo en medio de denuncias de fraude y delito electoral”, teleSUR / Resumen Latinoamericano, 7 de marzo de 2026
- “Elecciones 2026: Gobierno Petro reporta casi mil denuncias por delitos electorales”, Portafolio, 8 de marzo de 2026
- “Correcciones en actas de preconteo de votos no prueban fraude en las elecciones de Colombia”, AFP Factual / Yahoo Noticias, 10 de marzo de 2026
- “Gustavo Petro advirtió sobre anomalías en votos registrados en actas E-14”, Infobae Colombia, 11 de marzo de 2026
- “Detector: Qué es y qué no es fraude electoral”, La Silla Vacía, 7 de marzo de 2026
- “Procuraduría pide al Tribunal de Cundinamarca impedir que el Presidente hable, sin pruebas, de fraude electoral”, El Tiempo, 12 de marzo de 2026
- “El CNE abre investigación contra Álvaro Uribe por posibles irregularidades”, El Cronista / EFE, octubre de 2025
- Petro, Gustavo. Serie de publicaciones en X sobre el software Thomas Greg & Sons y el proceso de escrutinio, 1-10 de marzo de 2026
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