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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos, la catástrofe que azota la costa Caribe colombiana no es un accidente climático sino el resultado de décadas de negligencia institucional. Este texto demuestra que el 80% de las zonas potencialmente inundables del Caribe fueron transformadas en territorios agrícolas o urbanos, que la gestión del embalse Urrá pasó de 500 a 2.500 metros cúbicos por segundo en 36 horas, y que 14 personas murieron mientras 300.000 perdían todo en departamentos gobernados sin planificación territorial. Explica cómo la urbanización de ciénagas y la ausencia de prevención convirtieron lluvias atípicas en tragedia masiva, y qué implica esto para comunidades abandonadas a su suerte por el Estado. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: las inundaciones de febrero 2026 son el cobro de una deuda estructural que las élites regionales se negaron a pagar durante décadas.
La temporada seca del Caribe colombiano debería significar calor sofocante y cielos despejados. Febrero de 2026 trajo en cambio frentes fríos árticos, precipitaciones sin precedentes estadísticos y el desbordamiento simultáneo de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. El resultado es una emergencia humanitaria que el gobierno Petro califica de “delito ambiental” y que la Defensoría del Pueblo atribuye a “falencias históricas en la planeación territorial”.
La aritmética del desastre
Las cifras oficiales configuran un panorama de devastación que supera cualquier registro reciente en la región. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las lluvias de enero superaron en 64,4% los promedios históricos para el mes. El Ideam documentó la entrada de múltiples frentes fríos provenientes del hemisferio norte que alteraron los patrones climáticos habituales, generando precipitaciones intensas cuando la región debería atravesar su período más seco. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, describió la situación como “un hecho sin precedentes en la historia” del departamento.
El presidente Gustavo Petro resumió la magnitud de la tragedia en términos que no admiten ambigüedad interpretativa. Catorce personas muertas, nueve mil viviendas destruidas, casi cincuenta mil familias afectadas, treinta y cinco mil hectáreas inundadas y trescientas mil personas comprometidas. Estas no son estadísticas abstractas sino la cuantificación de un colapso sistémico que afecta a comunidades enteras en Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira y Cesar. La declaratoria de emergencia económica, ambiental y social representa el reconocimiento tardío de que la capacidad ordinaria de respuesta del Estado resulta grotescamente insuficiente.
DATO CLAVE
El Estudio Nacional del Agua del IDEAM identificó 190.935 km² con condiciones favorables a inundación en Colombia, equivalentes al 17% del territorio continental. En el área hidrográfica del Caribe, el 80% de las Zonas Potencialmente Inundables han sido transformadas en territorios agrícolas o zonas artificiales, eliminando la capacidad natural de absorción de crecientes.
Ciénagas convertidas en barrios
La transformación del paisaje hídrico del Caribe colombiano constituye el núcleo explicativo de la catástrofe actual. El meteorólogo Max Henríquez señaló con precisión el problema estructural que subyace a las inundaciones de Montería y municipios aledaños. “Irresponsablemente han dejado construir barrios en las zonas inundables”, afirmó en declaraciones a medios nacionales, recordando que “toda esa zona de ahí son ciénagas, son áreas que le pertenecen al río”. La ocupación de humedales y planicies de inundación no es un fenómeno reciente ni accidental; representa décadas de decisiones administrativas que priorizaron el desarrollo inmobiliario sobre la seguridad de las comunidades.
Comunidades empobrecidas fueron empujadas hacia terrenos inundables porque las zonas seguras permanecían reservadas para otros usos o resultaban económicamente inaccesibles. Los gobiernos locales otorgaron licencias de construcción y legitimaron asentamientos en áreas que cualquier análisis técnico habría identificado como zonas de alto riesgo. El resultado es una geografía urbana donde la vulnerabilidad está inscrita en el tejido mismo de los barrios populares, mientras las administraciones se declaran sorprendidas cada vez que el agua reclama lo que siempre le perteneció.
“La urbanización descontrolada ha llevado a la construcción en zonas de alto riesgo, mientras que la deforestación continúa aumentando la erosión y reduce la capacidad del suelo para absorber el agua de lluvia.”
– Estudio sobre inundaciones en Colombia , 2024
Urrá y el negocio del agua
El presidente Petro ordenó investigaciones sobre el manejo de los embalses del país tras identificar un segundo origen de las inundaciones, distinto al fenómeno climático. La hidroeléctrica de Urrá pasó de descargar 500 metros cúbicos por segundo a más de 2.500 en menos de 36 horas, según datos citados por analistas del sector. El mandatario calificó estas descargas como “exageradamente dañinas” y cuestionó que se liberara agua masivamente mientras el país enfrentaba abundancia hídrica que podría haberse utilizado para sustituir generación térmica, significativamente más costosa. La pregunta sobre posibles contratos de venta de energía pactados a precios elevados quedó flotando en el debate público.
El meteorólogo Henríquez amplió la crítica con argumentos técnicos que cuestionan la gestión preventiva del embalse. “Un embalse no se llena con tres días de lluvia. Un embalse se llena con una temporada lluviosa”, explicó, sugiriendo que la represa debería haber enfrentado el período de La Niña con niveles más bajos que permitieran absorber las precipitaciones extraordinarias. La ausencia de previsión llevó a que, ante lluvias adicionales, fuese necesario liberar agua de emergencia, derivando en el desbordamiento del río Sinú y la inundación de zonas habitadas. El gobernador Zuleta pidió evitar “controversias innecesarias” sobre la responsabilidad de Urrá, pero las preguntas persisten sobre quién decidió mantener el embalse casi a tope cuando los pronósticos meteorológicos ya advertían condiciones anómalas.
DATO CLAVE
La Defensoría del Pueblo atribuyó la emergencia a “falencias históricas en la planeación territorial, la ocupación inadecuada de áreas de riesgo y la degradación de los ecosistemas”. El organismo recordó a alcaldes y gobernadores su obligación constitucional de fortalecer planes de prevención y mitigación, evidenciando que estas obligaciones no fueron cumplidas.
El costo de no prevenir
El gobernador Zuleta formuló la pregunta que debería orientar cualquier análisis serio de la catástrofe. “¿No es acaso más rentable prevenir el desastre que atender la emergencia? No solamente porque es más económico, sino porque si se previene se salvan vidas”. La respuesta implícita a esta interrogante retórica revela la arquitectura de prioridades que gobierna la gestión pública en la costa Caribe colombiana. Durante décadas, los recursos se destinaron a otros fines mientras las obras de mitigación, los sistemas de alerta temprana y la reubicación de comunidades en riesgo quedaban perpetuamente aplazados. Las vidas perdidas en febrero de 2026 son el costo diferido de esa postergación sistemática.
La instrumentalización del desastre no se limita a la negligencia previa; se extiende a la gestión misma de la emergencia. El presidente Petro denunció el 9 de febrero desde Montería que varios alcaldes presentan las ayudas del gobierno nacional como propias para capitalizar electoralmente la tragedia. “Eso se llama sinvergüenzura electoral”, afirmó el mandatario, acusando a funcionarios locales de haberle “quitado la comida de la boca a la gente”. La lógica del despojo que durante décadas empujó a comunidades hacia zonas inundables opera ahora en la distribución clientelar de la asistencia humanitaria; los mismos que autorizaron construir sobre ciénagas se fotografían repartiendo colchones.
“Las costas colombianas, Pacífica y Caribe, constituyen las regiones más pobres del país. Ambas pueden ser descritas como el sumidero de un cúmulo de problemas relacionados con el crecimiento irracional, resultado de la falta de planificación del uso del suelo.”
– Revista Semillas –
Conclusión
Las inundaciones de febrero de 2026 en la costa Caribe colombiana no constituyen un desastre natural en sentido estricto. Son el resultado previsible de decisiones políticas, administrativas y económicas que priorizaron sistemáticamente el beneficio de corto plazo sobre la seguridad de las comunidades vulnerables. La urbanización de ciénagas, la gestión extractivista de los recursos hídricos y la ausencia de planificación territorial configuran una negligencia estructural cuyas consecuencias mortales ya no pueden atribuirse a la fatalidad climática. El cambio climático intensifica fenómenos que siempre existieron; la tragedia de Córdoba, Sucre y Bolívar radica en que las autoridades conocían los riesgos y eligieron no actuar.
La declaratoria de emergencia económica permitirá movilizar recursos para la atención inmediata, pero ningún decreto puede revertir las décadas de abandono que construyeron esta catástrofe. La reconstrucción exigirá un reordenamiento territorial que devuelva a los ríos y ciénagas los espacios que les fueron arrebatados. Mientras las élites políticas regionales continúen autorizando construcciones en zonas inundables y gestionando los embalses según criterios de rentabilidad, las tragedias seguirán repitiéndose. Los muertos de febrero de 2026 merecen al menos esa lucidez…
G.S.
Fuentes
- Ministerio de Ambiente. Impacto del cambio climático en Colombia
- Infobae Colombia. Inundaciones en Córdoba y Sucre dejan 14 muertos y cerca de 50.000 familias afectadas. 7 de febrero de 2026
- Infobae Colombia. Petro denuncia uso político de ayudas estatales y compra de votos en Córdoba. 9 de febrero de 2026
- Bloomberg Línea. Nuevos municipios entran en alerta roja por inundaciones en Colombia. 9 de febrero de 2026
- Infobae Colombia. Max Henríquez advierte posible negligencia en el manejo del embalse Urrá. 9 de febrero de 2026
- Blu Radio. Alerta por emergencias invernales: Defensoría pide respuestas inmediatas del Gobierno. Febrero de 2026
- Portafolio. Córdoba enfrenta inundaciones sin precedentes: 80% del departamento afectado. 8 de febrero de 2026
- IDEAM. Estudio Nacional del Agua. 2018
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