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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos, la candidatura presidencial de Iván Cepeda enfrenta una ofensiva coordinada en tres frentes simultáneos que busca excluirlo de la contienda antes de la primera vuelta. Este texto documenta el mecanismo jurídico que pretende inhabilitarlo para la consulta del 8 de marzo mediante una interpretación restrictiva de la Ley 1475, las denuncias del propio candidato sobre campañas de desprestigio orquestadas desde organismos de inteligencia del Estado, y los intentos de trasladar puestos de votación en zonas rurales donde el Pacto Histórico concentra su caudal electoral. Explica cómo estos dispositivos operan de manera articulada y qué implica para la democracia colombiana que el favorito en las encuestas (33,6% según Guarumo-Ecoanalítica) pueda ser eliminado por vía administrativa. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: el sabotaje no ocurre en las urnas sino antes de que estas se abran.
El candidato del Pacto Histórico lidera todas las mediciones de intención de voto con una ventaja de quince puntos sobre su inmediato perseguidor. Sin embargo, a cuarenta días de la consulta interpartidista, enfrenta impugnaciones jurídicas, denuncias anticipadas de escándalos fabricados y maniobras para reducir su base electoral mediante el cierre de puestos de votación rurales. La ofensiva no surge en el vacío. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero venezolanizó la campaña colombiana y proporcionó munición a quienes buscan asociar a Cepeda con un régimen colapsado. Álvaro Uribe acusó el 25 de enero al ELN de obligar a los ciudadanos de Arauca a votar por el candidato del petrismo; durante la convención del Centro Democrático, un día antes, declaró que con Cepeda en la presidencia Colombia no tendría ninguna esperanza. El contexto es de guerra política abierta, pero los mecanismos que aquí se documentan operan en un registro diferente; no buscan derrotar al candidato en las urnas sino impedir que llegue a ellas.
La trampa jurídica del 8 de marzo
La Misión de Observación Electoral emitió a finales de enero un concepto que sacudió la arquitectura de las consultas interpartidistas. Según Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, la Ley 1475 establece que cualquier candidato que participe en una consulta interna no puede volver a someterse a otra similar para el mismo cargo. Cepeda ganó la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025 con 1.186.095 votos, equivalentes al 64,7% del total. Participar ahora en la consulta del Pacto Amplio constituiría, bajo esta lectura, una violación de la norma electoral.
El argumento tiene una elegancia perversa. La Registraduría clasificó la consulta de octubre como interpartidista porque la solicitaron tres partidos (Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano) que posteriormente se fusionaron en el Pacto Histórico. Esa fusión, diseñada para fortalecer a la izquierda, se convierte así en el instrumento de su propia exclusión. La norma no fue concebida para este escenario; su propósito original era evitar que candidatos derrotados en una consulta saltaran a otra buscando una segunda oportunidad. Aplicarla contra quien ganó su consulta interna con el objetivo explícito de competir en una interpartidista posterior requiere una torsión interpretativa considerable.
DATO CLAVE:
Nicolás Farfán Namén, abogado y exregistrador delegado en materia electoral, presentó una solicitud formal ante la Registraduría para que se niegue la inscripción de Cepeda. Si prospera, el candidato tendría que ir solo a la primera vuelta sin el respaldo unificado del Pacto Amplio, fragmentando el voto de izquierda.
El Pacto Histórico respondió con una comunicación urgente al presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero. La colectividad argumenta que la consulta de octubre tenía carácter partidista y no interpartidista; que su objetivo explícito era elegir una precandidatura para participar posteriormente en la consulta de marzo; y que existió un acuerdo de voluntades previo que dejaba constancia de esta intención. Sin embargo, la MOE reconoce que existen dos interpretaciones jurídicas posibles, lo cual traslada la decisión al terreno de la voluntad política. El CNE no ha recibido hasta el momento ninguna denuncia, tutela o queja formal; el magistrado Quiroz afirmó que todos los candidatos son aptos para participar. La indefinición, no obstante, alimenta la incertidumbre y permite que la amenaza de inhabilitación opere como factor de desestabilización aun antes de materializarse.
Inteligencia de Estado contra el favorito
El 22 de diciembre de 2025, Cepeda publicó un video en sus redes sociales con una denuncia que anticipaba lo que vendría. Afirmó haber recibido información puntual y creíble sobre campañas de desprestigio orquestadas desde organismos de inteligencia del Estado. El objetivo declarado de estas operaciones sería presentarlo ante la opinión pública como una persona involucrada en hechos de abuso de poder o tráfico de influencias. Los escándalos, según advirtió, estallarían en los días siguientes.
“Soy una persona transparente que puede ser sometida a cualquier escrutinio. No tengo nada que ocultar y soy invencible en el terreno moral. Que eso quede muy claro.”
– Iván Cepeda –, 22 de diciembre de 2025
La mecánica descrita por el candidato resulta familiar en la historia electoral colombiana. Se trata de fabricar narrativas que erosionen la legitimidad moral del adversario antes de que los votantes emitan su juicio. Lo singular del caso es la procedencia atribuida a estas maniobras. Cepeda señaló directamente a organismos de inteligencia del Estado, una acusación que genera preguntas incómodas sobre quién controla efectivamente esos aparatos bajo el gobierno de Gustavo Petro. Daniel Briceño, candidato del Centro Democrático a la Cámara, ofreció su propia lectura; si la campaña sucia proviene de los servicios de inteligencia, entonces proviene de exintegrantes del M-19 que manejan gran parte de esos organismos. La respuesta de Briceño es partidista y busca desviar la atención hacia las contradicciones internas del petrismo, pero la pregunta subyacente permanece sin respuesta. Si existen sectores dentro del propio Estado que conspiran contra el candidato oficial del gobierno, la fragmentación del poder es más profunda de lo que cualquier encuesta puede medir.
DATO CLAVE:
Según la encuesta Guarumo-Ecoanalítica publicada el 24 de enero de 2026, Cepeda lidera con 33,6% de intención de voto frente a 18,2% de Abelardo de la Espriella. En segunda vuelta, obtendría 39,4% contra 28,7%, con un 26,7% de indecisos que determinarían el resultado.
Amputar la geografía del voto
El tercer frente del sabotaje opera sobre el territorio físico donde se ejerce el sufragio. Durante un acto en la Plaza Primero de Mayo de Valledupar el 24 de enero, Cepeda denunció intentos de trasladar puestos de votación en municipios donde el Pacto Histórico concentra su mayor caudal electoral. El argumento esgrimido por las autoridades es la crisis de orden público; la consecuencia práctica sería reducir la participación en zonas rurales históricamente afines al progresismo.
La estrategia tiene precedentes documentados en democracias deterioradas de toda la región. Cuando no se puede ganar en las urnas, se reduce el número de urnas disponibles. El mecanismo opera mediante una lógica de seguridad que resulta difícil de impugnar; nadie puede exigir que se instalen mesas de votación donde existen amenazas reales contra funcionarios electorales o votantes. Pero la selectividad de esas decisiones revela su función política. Los municipios donde el orden público impide votar coinciden sospechosamente con aquellos donde el Pacto Histórico obtuvo sus mejores resultados en 2022. La coincidencia no escapa a Cepeda, quien fue explícito al respecto.
“Ya comenzamos a escuchar que el orden público hace difícil o imposible la realización de elecciones en municipios en los que el Pacto Histórico tiene mayor votación. No nos dejemos ni el 8 de marzo ni el 31 de mayo.”
– Iván Cepeda – , Valledupar, 24 de enero de 2026
El candidato llamó a sus comités electorales y activistas a permanecer alerta ante cualquier intento de obstaculizar el proceso. La movilización pacífica, advirtió, será la respuesta si se impide la participación del Pacto Histórico. La amenaza tiene un destinatario claro; no se dirige a los grupos armados que supuestamente impiden el ejercicio electoral sino a las autoridades que toman decisiones sobre la ubicación de los puestos de votación. Cepeda entiende que la batalla no se librará únicamente en el terreno de las ideas; el control de la logística electoral determina quién puede votar y, en consecuencia, quién puede ganar.
DATO CLAVE:
La consulta del Pacto Amplio del 8 de marzo utilizará un tarjetón único donde aparecerán todas las consultas interpartidistas. La Registraduría diseñó este formato para proteger el secreto del voto, pero las autoridades electorales advierten sobre el riesgo de confusión y votos nulos ante la novedad del procedimiento.
Conclusión
Los tres frentes documentados configuran un patrón que excede la coyuntura electoral de 2026. La inhabilitación jurídica mediante interpretaciones restrictivas de normas concebidas para otros propósitos, las campañas de desprestigio fabricadas desde aparatos de inteligencia cuyo control político resulta difuso, y la reducción física de la infraestructura de votación en zonas adversas constituyen mecanismos que no buscan derrotar al candidato en las urnas sino impedir que llegue a ellas. La democracia colombiana ha sobrevivido a magnicidios, fraudes y violencia sistemática contra la oposición; la novedad es la sofisticación del dispositivo. Ya no se necesitan balas cuando se tienen conceptos jurídicos ambiguos, filtraciones desde inteligencia y decisiones administrativas sobre la ubicación de mesas electorales.
El CNE tiene en sus manos la definición sobre la participación de Cepeda en la consulta del 8 de marzo. Esa decisión determinará si Colombia celebra elecciones o simplemente las escenifica. Lo que está en juego no es únicamente la candidatura de un individuo sino el principio según el cual quien lidera las encuestas tiene derecho a competir. Si el favorito puede ser excluido por vía administrativa, el precedente quedará establecido para cualquier candidato futuro que resulte incómodo para quienes controlan los mecanismos de acceso al poder…
G.S.
Fuentes
- Encuesta Percepción País Guarumo-Ecoanalítica, El Tiempo, 24 de enero de 2026
- Concepto MOE sobre inhabilitación Cepeda, declaraciones Frey Alejandro Muñoz, 22 de enero de 2026
- Comunicación Pacto Histórico al CNE, 26 de enero de 2026
- Video denuncia Iván Cepeda, redes sociales, 22 de diciembre de 2025
- Declaraciones Iván Cepeda en Valledupar, 24 de enero de 2026
- Solicitud Nicolás Farfán Namén ante Registraduría, reportada por Semana, 23 de enero de 2026
- Declaraciones Álvaro Uribe sobre ELN y Arauca, 25 de enero de 2026
- Encuesta Centro Nacional de Consultoría para Cambio, 25 de enero de 2026
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