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SÍNTESIS INICIAL
En dos minutos: el Congreso colombiano hundió la reforma tributaria del gobierno Petro con nueve votos contra cuatro, dejando un hueco fiscal de 16,3 billones de pesos en el presupuesto 2026. Este texto demuestra cómo las senadoras Angélica Lozano y Katherine Miranda del Partido Verde votaron y celebraron en bloque con el Centro Democrático para archivar una reforma que gravaba yates, jets privados y patrimonios superiores a dos mil millones de pesos, cómo el gobierno infló deliberadamente un presupuesto sabiendo que dependía de una tributaria improbable, y cómo ambos bandos se benefician de una crisis que pagarán los sectores más vulnerables. Explica el mecanismo de colusión tácita entre oposición nominal y oficialismo fallido, y qué implica para la ficción democrática colombiana. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: en Colombia, la izquierda vota con la derecha cuando se trata de proteger el capital, y el gobierno progresista necesita perder para justificar gobernar por decreto.
La votación del 9 de diciembre en la Comisión Cuarta del Senado culminó un proceso donde todos los actores obtuvieron exactamente lo que buscaban. La oposición puede celebrar haber “salvado a Colombia” del supuesto voraz apetito fiscal del petrismo. El gobierno puede denunciar el “bloqueo institucional” y amenazar con emergencia económica. Los grandes contribuyentes pueden seguir pagando proporcionalmente menos que un asalariado de clase media. El espectáculo democrático funciona a la perfección precisamente porque no funciona en absoluto.
El ritual del bloqueo
La reforma tributaria llegó a su tercera sesión de debate con el resultado predeterminado. Nueve senadores de la Comisión Cuarta votaron contra la ponencia positiva del Ministerio de Hacienda; apenas cuatro la respaldaron. El proyecto buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación 2026, aunque en su versión inicial aspiraba a 26,3 billones antes de que las negociaciones lo redujeran a una cifra ya insuficiente. La aritmética parlamentaria estaba clara desde semanas antes, cuando la oposición anunció públicamente que contaba con los votos para hundir cualquier iniciativa tributaria del gobierno.
El ministro de Hacienda Germán Ávila intentó una última maniobra al mencionar la posibilidad de revivir la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta, un mecanismo que la Corte Constitucional ya había tumbado. La intervención generó el efecto contrario al deseado; varios legisladores indecisos interpretaron la propuesta como una señal de improvisación desesperada y consolidaron su voto negativo. En las comisiones económicas de la Cámara, el representante Wilmer Castellanos había logrado prolongar artificialmente la vida del proyecto rompiendo el quórum en dos ocasiones, pero el Senado mantuvo su posición sin fisuras. El archivo era inevitable desde el momento en que se aprobó un presupuesto de 546,9 billones que todos sabían desfinanciado.
“La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, pero en Colombia esa lucha se disfraza de debate parlamentario donde todos fingen defender al pueblo mientras protegen exactamente los mismos intereses.”
La izquierda que vota con la derecha
El caso del Partido Verde merece análisis particular porque condensa todas las contradicciones de la supuesta oposición progresista al petrismo. La senadora Angélica Lozano votó en bloque perfecto con Enrique Cabrales y Carlos Meisel del Centro Democrático, el partido fundado por Álvaro Uribe. Su compañera de bancada Katherine Miranda celebró el resultado en redes sociales con un mensaje revelador: “Lo logramos, tumbamos la reforma tributaria que pretendía meterle la mano al bolsillo a los colombianos de a pie”. El bolsillo de los colombianos de a pie incluye, aparentemente, a quienes poseen yates, jets privados y patrimonios superiores a dos mil millones de pesos.
DATO CLAVE:
La reforma hundida proponía gravar bienes de lujo (yates, jets, vehículos de más de 30.000 dólares), imponer IVA a plataformas de apuestas digitales que hoy operan sin tributar, eliminar la exención del IVA a turistas extranjeros (que pagan 0% mientras los nacionales pagan 19%), y gravar las acciones de clubes sociales exclusivos. Según datos de la DIAN, la tarifa efectiva de tributación es del 2,5% para el conjunto de contribuyentes, pero apenas del 1,6% para el 0,1% más rico. Los asalariados de clase media pagan hasta 9%.
Lozano argumentó que la reforma “castigaba el ahorro” al proponer un impuesto a los Certificados de Depósito a Término. El argumento revela una concepción particular de quién constituye “la gente” que hay que proteger. Los CDTs son instrumentos financieros utilizados mayoritariamente por personas con excedentes de capital suficientes para inmovilizar dinero durante meses o años a cambio de rendimientos; no son herramientas de supervivencia para trabajadores que viven de quincena en quincena. Defender los CDTs como si fueran la canasta familiar implica una operación ideológica donde la clase media alta se presenta como representante universal de “los colombianos”. La senadora también dejó constancia anticipada de que cualquier intento del gobierno de decretar emergencia económica sería demandado inmediatamente ante la Corte Constitucional, posicionándose como guardiana institucional. El problema con esta narrativa es que ignora deliberadamente el contenido de lo que se estaba votando; no se trataba de defender la democracia contra el cesarismo petrista, se trataba de impedir que los dueños de yates pagaran marginalmente más impuestos.
El gobierno que necesita perder
La hipótesis más generosa sobre el gobierno Petro asume incompetencia política; la administración habría presentado una reforma tributaria legítima que fracasó por falta de capacidad negociadora. Esta lectura ignora la evidencia acumulada durante tres años de gestión. El gobierno presentó un presupuesto de 546,9 billones sabiendo que dependía de una reforma tributaria con probabilidades mínimas de aprobación. El Comité Autónomo de Regla Fiscal había advertido que el déficit real superaba los 40 billones, no los 16 que la tributaria pretendía cubrir. La administración eligió deliberadamente un escenario de confrontación donde la derrota legislativa era no solo probable sino funcionalmente útil.
El presidente Petro lleva meses construyendo el relato del golpe blando, el sabotaje sistemático de las élites contra el primer gobierno de izquierda en la historia colombiana. Cada proyecto hundido en el Congreso alimenta esa narrativa; la reforma a la salud estancada, la jurisdicción agraria paralizada, el presupuesto 2025 que tuvo que expedirse por decreto. La acumulación de derrotas legislativas no debilita políticamente al petrismo entre su base electoral; la fortalece. Cada fracaso institucional confirma la tesis de que el sistema está diseñado para impedir cualquier transformación real. Lo que el gobierno no menciona es que él mismo diseña las condiciones de ese fracaso, presentando iniciativas maximizadas sabiendo que serán rechazadas, evitando las negociaciones previas que podrían generar versiones aprobables pero menos espectaculares.
El ministro Ávila no descartó decretar emergencia económica tras el hundimiento de la reforma. La amenaza cumple una función doble; por un lado, presiona al establishment económico con el fantasma de medidas excepcionales; por otro, prepara el terreno discursivo para gobernar por decreto si el Congreso sigue bloqueando las iniciativas del ejecutivo. Que la emergencia económica sea jurídicamente improcedente es casi irrelevante. Lo que importa es el conflicto permanente, la sensación de crisis que justifica la excepcionalidad como modo de gobierno.
Los ganadores invisibles
Mientras el teatro parlamentario se desarrollaba, los verdaderos beneficiarios del statu quo permanecían discretamente fuera de cámara. Las plataformas de apuestas digitales seguirán operando sin pagar IVA. Los turistas extranjeros seguirán exentos mientras los colombianos pagan 19%. Los clubes sociales de la élite bogotana seguirán sin tributar por sus acciones. En el año 2000 Colombia tenía un solo milmillonario con patrimonio de 1.100 millones de dólares; en 2024 tiene cuatro con un patrimonio acumulado de 25.200 millones de dólares. Según Oxfam, gravar adecuadamente estas fortunas podría generar un recaudo equivalente a seis puntos del PIB.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno Duque, declaró que “un error de planeación fiscal no puede dar lugar a que el gobierno fabrique una emergencia económica”. La frase es técnicamente correcta y políticamente reveladora. El mismo establishment que diseñó el endeudamiento durante la pandemia, que Petro heredó y ahora debe servir, se presenta como voz de la responsabilidad fiscal. La deuda adquirida durante el gobierno Duque para atención del covid fue aprobada por el mismo Congreso que ahora niega recursos para pagarla.
El director de Fedesarrollo señaló que el gobierno deberá recortar el presupuesto 2026 en un monto equivalente al recaudo que pretendía obtener. Los recortes afectarán programas sociales, infraestructura, educación y salud; precisamente los sectores que la reforma buscaba financiar gravando yates y jets privados. Quienes votaron para “defender a los colombianos de a pie” garantizaron que los colombianos más vulnerables pagarán las consecuencias mediante servicios públicos degradados.
Conclusión
El hundimiento de la reforma tributaria no cierra un capítulo sino que abre el siguiente acto de una crisis diseñada para perpetuarse. El gobierno Petro tiene ahora el pretexto para intensificar su narrativa de víctima institucional durante los ocho meses que le quedan de mandato, mientras la oposición puede presentarse como salvadora del contribuyente de cara a las elecciones de 2026. Ninguno de los dos bandos tiene incentivos para resolver el problema fiscal porque ambos se benefician de su existencia. Lo que viene es predecible; recortes presupuestales que afectarán a los más vulnerables, posibles intentos de emergencia económica que serán demandados ante la Corte Constitucional, y una campaña electoral donde todos prometarán exactamente lo contrario de lo que acaban de hacer. Mientras tanto, las plataformas de apuestas seguirán sin tributar y el Partido Verde seguirá llamándose progresista. La democracia colombiana funciona perfectamente; el problema es para quién funciona…
G.S.
Fuentes
- Comisión Cuarta del Senado rechaza reforma tributaria con 9 votos contra 4 · El Tiempo · 9 de diciembre de 2025
- Reforma tributaria se cae y obliga a replantear presupuesto 2026 · El Expreso · 9 de diciembre de 2025
- Angélica Lozano deslegitima posibilidad de emergencia económica · Infobae Colombia · 10 de diciembre de 2025
- Angélica Lozano sobre reforma tributaria y castigo al ahorro · Blu Radio · 25 de noviembre de 2025
- Katherine Miranda celebra hundimiento de reforma tributaria · cuenta oficial X · 9 de diciembre de 2025
- Senadores que votarían contra la reforma tributaria · El Tiempo · 3 de diciembre de 2025
- Ministro de Hacienda no descarta emergencia económica · Colombia.com · 9 de diciembre de 2025
- Archivo de reforma tributaria obligará a recortar presupuesto; declaraciones Fedesarrollo · Infobae Colombia · 9 de diciembre de 2025
- Desigualdad, declaraciones de renta e impuestos en Colombia; datos DIAN sobre tarifas efectivas · Razón Pública · enero 2022
- Informe regional de desigualdades; datos milmillonarios Colombia · Oxfam Colombia · 2024
- América Latina acumula 30 años como región más desigual; declaraciones CEPAL · Bloomberg Línea · julio 2025
