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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos: seis días separan una sentencia judicial que ordenaba retirar tropas de Washington de un tiroteo que justifica enviar 500 más. Este texto documenta las contradicciones verificables del caso Beckstrom; un tirador que trabajó para la CIA, recibió asilo bajo la administración Trump y presentaba un perfil de veterano con estrés postraumático, no de terrorista infiltrado. Expone cómo la respuesta inmediata (congelación de 190 000 expedientes afganos, pausa migratoria desde “países del tercer mundo”, revisión de tarjetas de residencia) excede cualquier proporción razonable ante un acto aislado. Explica el mecanismo de instrumentalización y quiénes controlan ahora el relato oficial. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: cuando el poder ya no se molesta en disimular, la obscenidad misma se convierte en mensaje.
El 20 de noviembre de 2025, la jueza federal Jia Cobb dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional en Washington violaba la ley federal. Seis días después, dos soldados de esa misma Guardia fueron baleados a plena luz del día. La respuesta de la administración Trump no se hizo esperar; más tropas, más restricciones migratorias, más poderes de emergencia. La coincidencia temporal resulta tan perfecta que plantearla como tal parece casi ingenuo.
El calendario
La secuencia cronológica posee una precisión que cualquier dramaturgo envidiaría. El 20 de noviembre, la jueza Cobb emite su fallo declarando ilegal el despliegue militar en la capital. La sentencia establece un plazo de 21 días para apelar o retirar las tropas; el reloj comenzaba a correr. El 26 de noviembre, víspera del Día de Acción de Gracias, Rahmanullah Lakanwal dispara contra Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe cerca de Farragut Square. Esa misma noche, Trump anuncia el envío de 500 soldados adicionales y califica el incidente como “acto de terror”. Al día siguiente, el Departamento de Seguridad Nacional congela todos los trámites migratorios relacionados con nacionales afganos.
La administración había apelado la sentencia de Cobb horas antes del tiroteo. El ataque proporcionó algo que ningún argumento jurídico podía ofrecer; legitimidad emocional para ignorar un fallo judicial. La muerte de una joven soldado de 20 años, originaria de un pueblo de 3 500 habitantes en Virginia Occidental, transformaba una disputa legal sobre competencias federales en una cuestión de seguridad nacional. El despliegue que un tribunal había declarado ilegal se convertía de pronto en imperativo moral.
No es necesario afirmar que el ataque fue orquestado para observar que su explotación estaba preparada. La velocidad de la respuesta institucional, la coordinación del mensaje entre agencias, la inmediata conexión con la política migratoria; todo sugiere un aparato comunicacional que esperaba su oportunidad. Cuando esa oportunidad llegó en forma de tragedia, la maquinaria funcionó con eficiencia admirable.
“El mal radical es raro, pero el mal banal es mucho más común. Procede de la incapacidad de pensar desde el punto de vista de otra persona.”
– Hannah Arendt -, “Eichmann en Jerusalén” (1963)
El perfil invertido
El relato oficial presenta a Lakanwal como producto de una política migratoria negligente, un extranjero peligroso que nunca debió pisar suelo estadounidense. Los hechos documentados cuentan otra historia. Lakanwal sirvió durante años en la unidad NDS-03, una fuerza paramilitar afgana operada directamente por la CIA para combatir a los talibanes. No era un refugiado anónimo sino un activo de inteligencia estadounidense, entrenado por agencias americanas, desplegado en operaciones antiterroristas bajo mando estadounidense. Cuando Kabul cayó en agosto de 2021, fue evacuado precisamente por esos servicios prestados.
El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó públicamente que Lakanwal trabajó con la agencia. Lo que Ratcliffe omitió mencionar con igual énfasis es que ese mismo individuo recibió asilo en abril de 2025, cuatro meses antes del tiroteo, bajo la administración Trump. Cuando periodistas preguntaron a Trump sobre esta contradicción, su respuesta fue reveladora; “Cuando los traen en avión, es muy difícil deshacerse de ellos.” La frase admite implícitamente que su propia administración aprobó el asilo mientras ahora culpa a Biden por haberlo admitido al país.
DATO CLAVE:
Lakanwal solicitó asilo en 2024 y fue aprobado en abril de 2025 por la administración Trump, según múltiples fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por CNN, NBC y ABC. El mismo gobierno que ahora lo presenta como amenaza terrorista le otorgó protección legal meses antes del ataque.
Los familiares de Lakanwal informaron a los investigadores que sufría de trastorno de estrés postraumático derivado de los combates en Afganistán. Fuentes cercanas a la investigación describieron a un hombre que se había vuelto aislado, incapaz de pagar el alquiler, dependiente de otros para subsistir. Un amigo cercano, también excomandante afgano, murió en 2024 tras serle denegado el asilo. El perfil que emerge no es el de un terrorista ideologizado sino el de un veterano abandonado por el sistema que sirvió, consumido por traumas que nadie atendió.
La respuesta desproporcionada
La muerte de una persona y las heridas graves de otra constituyen una tragedia. Pero una tragedia no justifica automáticamente cualquier respuesta. Lo que siguió al tiroteo del 26 de noviembre excede toda proporción concebible entre causa y efecto. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció la suspensión indefinida de todos los trámites relacionados con nacionales afganos. El Departamento de Seguridad Nacional ordenó revisar los más de 190 000 casos de afganos reasentados desde 2021. El Departamento de Estado pausó la emisión de visas para portadores de pasaportes afganos. Trump declaró que “pausará permanentemente” la migración desde “todos los países del tercer mundo.”
Un solo tirador, con problemas de salud mental documentados, actuando aparentemente solo, desencadenó una reconfiguración total de la política migratoria estadounidense hacia un país entero y potencialmente hacia decenas de naciones. La lógica implícita es grotesca; un afgano cometió un crimen, por tanto todos los afganos son sospechosos. Es el principio de culpa colectiva elevado a doctrina de Estado, aplicado precisamente contra quienes arriesgaron sus vidas colaborando con fuerzas estadounidenses.
“La doctrina del shock es la historia de cómo se ha explotado sistemáticamente el estado de miedo y desorientación que sigue a desastres masivos para imponer medidas de libre mercado radical.”
– Naomi Klein -, “La doctrina del shock” (2007)
La analogía con Klein resulta ineludible, aunque el mecanismo aquí opera en sentido inverso. No se trata de imponer liberalización económica sino restricción autoritaria. El shock emocional generado por la muerte de Beckstrom crea la ventana para medidas que, en condiciones normales de deliberación democrática, enfrentarían resistencia significativa. La velocidad es esencial; actuar antes de que el análisis racional pueda imponerse sobre la reacción visceral.
DATO CLAVE:
La jueza Cobb había otorgado 21 días para apelar su fallo del 20 de noviembre. El tiroteo ocurrió seis días después. La administración Trump solicitó una moción de emergencia para mantener las tropas, citando el ataque como justificación de la necesidad del despliegue que el tribunal había declarado ilegal.
Los operadores del relato
Comprender quién controla la narrativa oficial resulta esencial para evaluar su credibilidad. La fiscal federal para el Distrito de Columbia es Jeanine Pirro, exjueza y expresentadora de Fox News, conocida por su lealtad personal a Trump. El director del FBI es Kash Patel, quien construyó su carrera defendiendo a Trump durante las investigaciones sobre interferencia rusa. Ambos comparecieron juntos en la conferencia de prensa del 27 de noviembre, presentando la versión oficial de los hechos.
Pirro declaró que el tirador “será lamentado” y que “es hora de vengar su muerte y asegurar justicia.” El lenguaje de venganza, no de debido proceso, emanaba de quien debería representar la aplicación imparcial de la ley. Cuando periodistas preguntaron a Patel sobre el asilo otorgado por la administración Trump, evitó responder y remitió a declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional. Nadie en posición de autoridad ha explicado cómo un individuo supuestamente peligroso pasó el escrutinio de la propia administración que ahora lo demoniza.
El control del relato se extiende a la selección de información divulgada. Se enfatiza que Lakanwal llegó bajo un programa de Biden. Se minimiza que recibió asilo bajo Trump. Se describe como terrorista a alguien sin vínculos confirmados con organizaciones extremistas. Se omite sistemáticamente su perfil de veterano traumatizado. La narrativa oficial funciona por exclusión; lo que no se dice resulta tan significativo como lo que se proclama.
Conclusión
No es necesario postular conspiraciones para reconocer instrumentalización. La muerte de Sarah Beckstrom fue real; una joven de 20 años que soñaba con ser agente del FBI perdió la vida mientras patrullaba calles que no le correspondía vigilar, bajo un despliegue que un tribunal había declarado ilegal. Su tragedia personal merece respeto, no apropiación política.
Lo que resulta obsceno no es la tragedia sino su explotación. La velocidad con que una muerte individual se transformó en justificación para políticas que afectan a cientos de miles de personas. La contradicción flagrante entre acusar a Biden de negligencia mientras se oculta que Trump otorgó el asilo. La conversión de un veterano traumatizado en símbolo del peligro migratorio. El silenciamiento de toda pregunta incómoda mediante el recurso al duelo y la seguridad nacional.
Cuando el poder ya no necesita sutileza, cuando las contradicciones se exhiben sin pudor, cuando la grossièreté del engaño se convierte en su propia forma de intimidación, estamos ante algo más que manipulación ordinaria. Estamos ante la demostración de que la verdad ha dejado de importar como categoría política. La obscenidad de lo evidente no es un defecto del sistema; es su mensaje. Dice, sin decirlo, que pueden hacer esto porque nadie los detendrá. Y hasta ahora, nadie lo ha hecho…
G.S.
Fuentes
- West Virginia National Guard, comunicado oficial sobre identidad de víctimas, 27 noviembre 2025
- U.S. District Court, District of Columbia, fallo de la jueza Jia Cobb sobre despliegue Guardia Nacional, 20 noviembre 2025
- CNN, cobertura en vivo del tiroteo y sus consecuencias, 26-28 noviembre 2025
- NBC News, perfil del sospechoso y declaraciones familiares, 27 noviembre 2025
- ABC News, conferencia de prensa de Jeanine Pirro y Kash Patel, 27 noviembre 2025
- NPR, confirmación de trabajo del sospechoso con unidad CIA, 27 noviembre 2025
- Associated Press, análisis de políticas de refugiados afganos, 28 noviembre 2025
- Migration Policy Institute, declaraciones de Andrew Selee sobre procesos de verificación, 28 noviembre 2025
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