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SÍNTESIS INICIAL
En dos minutos. Estados Unidos ha ejecutado al menos 80 personas en 20 ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre de 2025, argumentando combate antinarcóticos. Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia hace más de un mes por considerar los ataques ilegales bajo derecho internacional. Colombia ordenó la suspensión el 11 de noviembre. Francia condenó las operaciones en la cumbre del G7 como violación de normas internacionales. La administración Trump sostiene que existe un “conflicto armado” con los cárteles, pero un memorándum clasificado del Departamento de Justicia revela que la justificación jurídica consiste en considerar la droga misma como objetivo militar legítimo, no las personas. Expertos en derecho de guerra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y gobiernos aliados rechazan esta doctrina como fabricación legal destinada a evadir prohibiciones sobre ejecuciones sumarias. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: la ruptura de cooperación de inteligencia por parte de aliados históricos constituye el reconocimiento táctico de que Estados Unidos está cometiendo asesinatos que ninguna potencia occidental puede respaldar sin incurrir en responsabilidad penal.
El 1 de septiembre de 2025, un dron estadounidense destruyó una embarcación frente a las costas de Venezuela. Once personas murieron. Trump anunció el ataque desde la Casa Blanca. Publicó el video del bombardeo en Truth Social. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó el hundimiento, declaró que la embarcación era operada por una organización narcoterrorista. Seis días después, Rubio precisó la nueva doctrina con brutalidad admirable: en lugar de interceptar, volar. Y volverá a ocurrir. Era el primer ataque aéreo militar estadounidense reconocido públicamente en América Central o del Sur desde la invasión de Panamá en 1989.
La inauguración del exterminio como política pública
Lo que Trump presentó como operación antidroga representaba la inauguración de una campaña en aguas internacionales que, hasta el 15 de noviembre, ha destruido 21 embarcaciones en 20 ataques distintos. 80 muertos. El Pentágono no ha proporcionado pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas. No ha demostrado que las personas a bordo pertenecieran a organizaciones criminales. No ha explicado por qué individuos en embarcaciones estacionarias o en proceso de dar la vuelta constituían amenazas inminentes que justificaran eliminarlos en lugar de arrestarlos. La mecánica operativa es simple. Drones MQ-9 Reaper rastrean embarcaciones identificadas como sospechosas. El Pentágono autoriza. Los misiles destruyen la nave. No hay supervivientes en la mayoría de los casos. Cuando los hay, como en uno de los ataques del 12 de noviembre donde una persona sobrevivió de catorce ocupantes, el Departamento de Defensa no explica qué ocurre con esos testigos. La escalada militar acompaña la escalada de muertes. Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra, un submarino nuclear, aviones F-35 y marines en el Caribe. El portaaviones USS Gerald Ford, la nave más grande del mundo, ingresó al área de operaciones del Comando Sur el 12 de noviembre. Venezuela respondió con ejercicios militares masivos. Fuentes militares consultadas por Reuters confirmaron que las capacidades de defensa venezolanas son significativamente inferiores al dispositivo estadounidense. La lógica es conocida, transparente. El imperio despliega fuerza desproporcionada no porque la necesite operacionalmente sino porque puede. La demostración de capacidad constituye el mensaje.
DATO CLAVE:
Desde el 1 de septiembre hasta el 15 de noviembre, Estados Unidos ejecutó 20 ataques aéreos, destruyó 21 naves, mató 80 personas. Washington no ha publicado evidencia sobre el contenido de las embarcaciones ni la identidad de las víctimas. El portaaviones USS Gerald Ford ingresó al Caribe el 12 de noviembre, sumándose a ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 ya desplegados.
Cuando los aliados rompen el pacto criminal
La mecánica de cooperación funcionaba mediante un sistema establecido durante décadas. Reino Unido, que controla territorios en el Caribe donde opera activos de inteligencia, compartía información sobre embarcaciones sospechosas con Estados Unidos. La inteligencia se enviaba al Joint Interagency Task Force South en Florida. El procedimiento consistía en interceptar, abordar, detener, confiscar. Los traficantes eran criminales con derechos procesales. Sistema funcional, legal, aburrido. Cuando Trump comenzó a lanzar ataques letales en septiembre, Reino Unido comprendió las implicaciones. Los funcionarios británicos determinaron que los ataques violan normas internacionales. La preocupación era inmediata. Si inteligencia británica selecciona objetivos de ejecuciones extrajudiciales, Reino Unido se convierte en cómplice. La suspensión del intercambio comenzó hace más de un mes. Londres adoptó la posición del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. Los ataques constituyen asesinatos extrajudiciales. La embajada británica en Washington y la Casa Blanca no respondieron solicitudes de comentarios. Un funcionario del Pentágono declaró que el departamento no habla sobre asuntos de inteligencia. Marco Rubio, confrontado durante la cumbre del G7 en Canadá, calificó el reportaje de CNN de historia falsa. No proporcionó detalles. Insistió en que la cooperación con Reino Unido permanece intacta. La realidad contradice la narrativa. Colombia suspendió formalmente el intercambio el 11 de noviembre. Petro ordenó a todas las agencias de seguridad suspender comunicaciones con agencias estadounidenses. La orden permanecerá vigente mientras continúen los ataques con misiles. “La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”. Petro había documentado el caso de un pescador colombiano presuntamente asesinado. Puede haber transportado pescado, puede haber transportado cocaína. No había sido sentenciado a muerte. No era necesario asesinarlo. Francia intervino el 12 de noviembre. El ministro Jean-Noël Barrot declaró que las operaciones violan el derecho internacional. Francia mantiene territorios en el Caribe donde residen más de un millón de ciudadanos. Podrían verse afectados por la inestabilidad causada por cualquier escalada. Rubio respondió con la arrogancia característica de funcionarios estadounidenses cuando enfrentan críticas europeas sobre violaciones de derechos. Los europeos no pueden dictar cómo defendemos nuestra seguridad nacional. Las drogas provenientes de Venezuela también llegan a Europa. Estados Unidos debería recibir agradecimiento. El vicepresidente JD Vance fue más directo. No me importa una mierda cómo lo llamen.
DATO CLAVE:
Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia hace más de un mes. Colombia ordenó la suspensión el 11 de noviembre. Canadá especificó que sus operaciones con la Guardia Costera son separadas y distintas de los ataques militares, que no desea que su inteligencia seleccione objetivos letales. Francia condenó las operaciones como violación jurídica durante el G7.
La fabricación jurídica del asesinato institucional
La administración no opera en vacío legal. Opera mediante fabricación de legalidad. El Departamento de Justicia produjo durante el verano un memorándum clasificado que justifica ataques letales contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes. El documento argumenta que el presidente está autorizado a ordenar fuerza letal contra cárteles porque representan amenaza inminente. La lista excede aquellos designados públicamente como organizaciones terroristas. Un memorándum del Pentágono enviado al Congreso argumentó que Estados Unidos se encuentra en conflicto armado con los cárteles. Los contrabandistas son combatientes ilegales. Legisladores han solicitado repetidamente copias del memorándum legal. Las agencias no lo han proporcionado. Charles Young, nominado para asesor legal general del Ejército, declaró que el memorándum fue creado con aportes de abogados de CIA, Departamento de Estado, Casa Blanca, Departamento de Justicia, jueces abogados uniformados del Estado Mayor Conjunto. Especificó que correspondería a la Casa Blanca decidir si lo libera. Bajo la autoridad del Artículo 2 del presidente. The Intercept reveló el 14 de noviembre el núcleo de la teoría jurídica contenida en el memorándum clasificado. El documento argumenta que los narcóticos en las embarcaciones son objetivos militares legítimos porque su carga genera ingresos para cárteles con los cuales la administración Trump afirma estar en conflicto armado. La droga misma constituye el objetivo militar. No las personas. Es una ficción jurídica de sofisticación repugnante. Permite afirmar que los ataques no violan prohibiciones sobre asesinatos de civiles porque el objetivo no son los civiles sino la droga que transportan. Que las personas mueran resulta, bajo esta construcción, daño colateral inevitable de destruir el objetivo militar legítimo. La lógica es conocida. Fue desarrollada, perfeccionada, aplicada por anteriores administraciones en contextos distintos con resultados predecibles. Lo notable no es la innovación sino la continuidad. Cada administración estadounidense desde Vietnam ha producido justificaciones legales para acciones que, descritas en lenguaje no técnico, constituyen crímenes. La maquinaria burocrática del imperio funciona generando memorándums clasificados que transforman asesinatos en operaciones, víctimas civiles en daño colateral, agresión en defensa propia. Un funcionario senior de defensa declaró a The Intercept su evaluación del memorándum. No sé qué es más demente. Que el Presidente de la Paz esté iniciando una guerra ilegal o que esté dando carta de salida de la cárcel a personal que participa en asesinatos. La comparación es inevitable. La Oficina de Asesoría Legal produjo durante Bush los memorándums que autorizaron tortura contra detenidos sospechosos después del 11 de septiembre. John Yoo escribió en 2003 que el Departamento de Justicia no podría hacer cumplir estatutos criminales contra funcionarios que actúan conforme a la autoridad constitucional del presidente para dirigir una guerra. La lógica es idéntica. El senador Adam Schiff evaluó el memorándum actual. Se lee como si le hubieras dado a un abogado una tarea. Dame la mejor justificación posible de por qué esto es legal. Sé tan inventivo como quieras. Es lo suficientemente amplia como para autorizar prácticamente cualquier cosa. Schiff agregó que percibe riesgo legal para miembros del servicio que participan en estas operaciones. Ciertamente no querría depender de la justificación que he leído.
DATO CLAVE:
El memorándum clasificado de 50 páginas argumenta que Estados Unidos se encuentra en conflicto armado no internacional con cárteles bajo autoridad presidencial del Artículo 2. La teoría sostiene que la droga transportada, no las personas, constituye objetivo militar legítimo porque genera ingresos para organizaciones en conflicto con Estados Unidos.
El veredicto internacional contra el imperio
Volker Türk emitió el 31 de octubre la primera condena explícita de una organización de Naciones Unidas contra los ataques. Estos ataques son inaceptables. Estados Unidos debe detenerlos y prevenir el asesinato extrajudicial de personas a bordo, cualquiera que sea la conducta criminal alegada contra ellas. El uso intencional de fuerza letal solo es permisible como último recurso contra amenaza inminente para la vida. De lo contrario constituye violación del derecho a la vida. Asesinatos extrajudiciales. Expertos independientes de derechos humanos de la ONU declararon el 21 de octubre que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin base legal constituye ejecuciones extrajudiciales. La acción militar contra otro estado soberano representaría violación aún más grave de la Carta de la ONU. Geoffrey Corn, abogado jubilado del juez abogado general, ex asesor senior del Ejército para asuntos de derecho de guerra, declaró al New York Times que los cárteles no están involucrados en hostilidades. La Casa Blanca está cruzando una línea legal. Esto no es estirar el sobre. Esto es destruirlo. Hacerlo pedazos. John Bellinger, asesor asociado senior del presidente George W. Bush, declaró que aunque Trump posiblemente tiene autoridad constitucional para ordenar los ataques, como cuestión de derecho internacional las embarcaciones no son objetivos militares legítimos. No ha habido evidencia de que las embarcaciones estuvieran planeando ataques armados contra Estados Unidos que justificaran fuerza militar en defensa propia. La administración Trump ha afirmado que Estados Unidos está en conflicto armado con grupos no especificados de narcotráfico, pero las acciones de los narcotraficantes para traficar drogas no se ajustan a la definición internacional aceptada de conflicto armado. Comparar cárteles de droga con Al Qaeda es comparación falsa. Al Qaeda fue responsable de matar más de tres mil estadounidenses el 11 de septiembre y en ataques previos. Los cárteles cometen actos violentos y suministran drogas que han resultado en muertes de miles de estadounidenses. Pero a diferencia de Al Qaeda, estos grupos no están en conflicto armado con Estados Unidos. Su objetivo es ganar dinero, no aterrorizar estadounidenses. La forma apropiada de tratar con presuntos narcotraficantes no es volarlos sino arrestarlos y procesarlos. Oona Hathaway, profesora en Yale Law School, calificó los ataques como potenciales crímenes de guerra. Lanzar bombas sobre personas cuando no sabes quiénes son constituye violación del derecho internacional y doméstico. Sarah Harrison, analista senior del International Crisis Group, ex abogada del Pentágono, sintetizó la estrategia jurídica de la administración Trump. Si Estados Unidos está en guerra, entonces sería legal usar fuerza letal como primer recurso. El presidente está fabricando una guerra para poder evadir las restricciones sobre fuerza letal durante tiempos de paz. Como estatutos sobre asesinato.
Conclusión
La suspensión de cooperación de inteligencia por parte de Reino Unido, Colombia y la condena pública de Francia no constituyen divergencias diplomáticas menores gestionables mediante comunicados de prensa. Representan el reconocimiento por parte de aliados históricos y socios en seguridad de que Estados Unidos está ejecutando una campaña que ningún estado de derecho puede respaldar sin convertirse en cómplice. El rechazo trasciende consideraciones geopolíticas o cálculos de conveniencia estratégica. Cuando un gobierno suspende intercambio de inteligencia con su aliado más cercano porque no desea que esa información seleccione objetivos de ejecuciones, está documentando para el registro histórico que considera esas ejecuciones ilegales. La administración ha respondido a esta condena internacional no con argumentos jurídicos sustantivos sino con arrogancia imperial y fabricación legal cada vez más grotesca. La teoría de que la droga, no las personas, constituye el objetivo militar legítimo alcanza niveles de sofística que documentan la descomposición terminal del derecho en el imperio. Lo notable no es que Trump ordene asesinatos. Es que aliados históricos rompan cooperación de inteligencia para no ser cómplices…
G.S.
Fuentes
- Exclusive: UK suspends some intelligence sharing with US over boat strike concerns in major break, CNN, Natasha Bertrand, 11 de noviembre de 2025
- Colombia to suspend intelligence cooperation with US over strikes on drug vessels, Associated Press, 11 de noviembre de 2025
- French foreign minister says US military operations in Caribbean violate international law, Reuters, 12 de noviembre de 2025
- UN accuses US of breaching international law with deadly airstrikes on boats in Caribbean and Pacific, ABC News, 31 de octubre de 2025
- Exclusive: Classified Justice Department opinion authorizes strikes on secret list of cartels, CNN, 6 de octubre de 2025
- Secret Boat Strike Memo Justifies Killings By Claiming the Target Is Drugs, Not People, The Intercept, 14 de noviembre de 2025
- U.S. troops not liable in boat strikes, classified Justice Dept. memo says, The Washington Post, 12 de noviembre de 2025
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