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SÍNTESIS INICIAL
El 13 de noviembre de 1985, una avalancha sepultó Armero. 25.000 muertos. Cuarenta años después, el 13 de noviembre de 2025, la prensa colombiana organizó ceremonias oficiales mientras ocultaba sistemáticamente tres realidades documentadas: 583 niños desaparecidos en tráfico transnacional hacia siete países, 67,3% del Fondo Resurgir robado por funcionarios según la Contraloría, y Ley 1632 de 2013 incumplida durante doce años. Esta investigación demuestra que Armero no fue tragedia natural sino crimen de Estado seguido de saqueo industrial.
El país despertó el 13 de noviembre de 2025 con la liturgia habitual. La ministra de Cultura anunció que las ruinas serían patrimonio nacional. La directora del ICBF entregó solemnemente el libro rojo al Archivo General. Los medios reprodujeron la narrativa del desastre inevitable. La invocación de Omaira Sánchez como símbolo fotogénico. La promesa de lecciones aprendidas.
Nadie mencionó que el libro rojo contiene apenas 170 registros de 583 niños documentados. Nadie investigó por qué el ICBF tardó cuatro décadas. Nadie cuestionó por qué la Ley 1632 de 2013 permanece incumplida mientras el senador Guido Echeverry admitía que la comisión supervisora se reunió nueve veces en dieciséis años.
Palacio de Justicia: el prólogo
La operación comenzó siete días antes. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 tomó el Palacio de Justicia. 100 muertos, 11 magistrados asesinados, 11 desaparecidos tras la retoma militar. La brutalidad saturó el espacio mediático. Cuando el volcán entró en erupción una semana después, la catástrofe funcionó como mecanismo perfecto de distracción. La imagen del Palacio en llamas fue reemplazada por Armero sepultado. La discusión sobre responsabilidad estatal quedó enterrada bajo 25.000 cadáveres.
DATO CLAVE:
La erupción no constituyó sorpresa geológica. El 24 de septiembre de 1985, el representante Hernando Arango Monedero alertó sobre riesgo inminente. El ministro de Minas Iván Duque Escobar, padre del expresidente, calificó la intervención de “apocalíptica”. Rechazó implementar alarmas de 2.000 dólares. El volcán había presentado erupciones en 1595 y 1845. Geólogos habían emitido alertas durante meses.
“El ministro Duque Escobar me dijo que yo era apocalíptico y dramático. Solicité que pusiera alarmas. Contestó que eran exageradamente costosas. Le sugerí que vendiera algunos automóviles del ministerio, pero lo tomó como buen chiste”, declaró Arango Monedero a El Colombiano.
La muerte de 25.000 personas no fue furia natural sino decisión consciente de élite que consideró demasiado costoso evacuar población prescindible.
El saqueo
Lo que sucedió tras la avalancha constituye caso de manual. El coronel Horacio Ruiz Navarro ordenó fosas comunes. Miles de cadáveres mezclados con televisores, animales, escombros. Testimonios del panel FILBO 2025 describen vandalismo sistemático. Arrancamiento de dientes de oro. Sustracción de joyas mientras cadáveres conservaban temperatura corporal.
El Fondo Resurgir, bajo gestión de Pedro Gómez Barrero, se convirtió en mecanismo de desviación masiva. La Contraloría determinó que 67,3% de fondos desapareció sin trazabilidad. Aseguradoras rechazaron indemnizaciones alegando que pólizas no cubrían erupciones volcánicas. Bancos negaron reconocer deudas argumentando registros destruidos. Supervivientes como la madre de Juan David Correa hicieron filas durante meses en Corferias. Jamás recibieron un peso.
DATO CLAVE:
Propietarios de fincas en Tolima conservan hoy, cuarenta años después, motobombas y plantas eléctricas enviadas como ayuda humanitaria que apropiaron sin consecuencia legal. La Superintendencia implementó procedimientos burocráticos imposibles para que supervivientes demostraran propiedad de terrenos.
El único asentamiento construido fue barrio Compartir en Soacha. Absolutamente insuficiente. La mayoría terminó en cinturones de miseria de Bogotá e Ibagué.
El tráfico de menores
El tráfico operó con precisión industrial. Niños rescatados fueron entregados al ICBF bajo supuesto de protección temporal. Lo que el ICBF ejecutó fue sistema de adopción exprés que violaba la legislación. La ley establecía que adopciones solo podían formalizarse un año después de publicados edictos. El ICBF completó centenares en dos o tres meses.
Francisco González, director Fundación Armando Armero, ha documentado 583 casos. 150 son casos emblemáticos con pruebas de que salieron vivos. Destinos: Países Bajos, Francia, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Ecuador. En 2025, gobierno holandés suspendió programas de adopción tras investigación que confirmó que Colombia incurrió en tráfico mediante coerción y pago a madres biológicas durante los ochenta.
“Mucha gente llegaba al lodo, veía niños y se los llevaba. También iban a campamentos, a la sede del ICBF, y decían: este es mi hijo. Se los entregaban sin pedirles cédula”, declaró González a Semana.
El libro rojo entregado el 13 de noviembre de 2025 contiene 278 folios. El periodista Mario Villalobos aclaró que el documento presenta páginas arrancadas, registros incompletos. Omite menores enviados a albergues en otras ciudades. De 583 casos documentados, el archivo cubre 170. Durante cuarenta años, veinte directores del ICBF mantuvieron el documento bajo reserva. Rechazaron derechos de petición de familias.
Solo cuatro reencuentros han sido confirmados mediante ADN en cuatro décadas. El más mediático fue Jenifer de la Rosa, adoptada por pareja española. Realizó documental “Hija del Volcán”. Martha Lucía López busca desde hace cuarenta años a su hijo Sergio. Una amiga le mostró fotografía en Italia. Sin registro oficial.
“Se llevaron a los niños y hay mucha gente que aún tendrá guardado el secreto”, declaró López a France24.
La impunidad formalizada
La impunidad fue formalizada el 25 de agosto de 1994 cuando el Consejo de Estado emitió sentencia exonerando al Estado colombiano de toda responsabilidad en la tragedia de Armero. La argumentación jurídica se basó en la doctrina de “fuerza mayor”. La erupción volcánica constituía evento imprevisible contra el cual ninguna acción estatal hubiera podido prevenir daños. El fallo ignoró deliberadamente las alertas científicas documentadas desde noviembre de 1984, la ponencia de Arango Monedero de septiembre de 1985, los informes de geólogos colombianos, italianos e ingleses emitidos durante meses, y las erupciones históricas de 1595 y 1845 que habían devastado exactamente el mismo valle. La sentencia estableció jurisprudencia vinculante que bloqueó cualquier demanda civil contra el Estado por parte de supervivientes o familiares de víctimas.
En 2013, el Congreso aprobó la Ley 1632 que establecía la construcción de un Museo Centro de Memoria Histórica, un Parque Nacional Temático Jardín de la Vida, programas de restitución jurídica de terrenos urbanos y creación de comisión de seguimiento. Doce años después, en 2025, la ley permanece como letra muerta. El senador Guido Echeverry admitió públicamente que la comisión se reunió apenas nueve veces en dieciséis años y no ejecutó ninguna acción ordenada. Ni museo construido, ni parque inaugurado, ni un solo predio restituido. Los supervivientes, ahora con sesenta o setenta años, continúan desplazados en los márgenes urbanos de Bogotá, Ibagué y Soacha sin que ninguna reparación material haya sido implementada.
La omisión coordinada
Lo que prensa corporativa ejecutó el 13 de noviembre de 2025 fue operación coordinada de ocultamiento. Caracol, RCN, Semana, El Tiempo reprodujeron sin fisura relato oficial. Las coberturas en horario estelar se concentraron en tres ejes predecibles: la conmemoración solemne con velas y flores, los avances en gestión del riesgo volcánico desde 1985, y la memoria de Omaira Sánchez como símbolo del dolor colectivo. El enfoque fue idéntico en todos los medios. La ceremonia oficial en el antiguo casco urbano. La entrega del libro rojo al Archivo General presentada como gesto histórico de transparencia. El anuncio del Ministerio de Cultura sobre la futura declaratoria patrimonial de las ruinas.
Ningún noticiero investigó por qué el ICBF tardó exactamente cuatro décadas en permitir acceso a un archivo de 278 folios. Ningún periódico cuestionó la desaparición del 67,3% de los fondos del Fondo Resurgir documentada por la Contraloría. Ningún programa radial entrevistó a las familias que llevan cuarenta años buscando a sus hijos sin que el Estado proporcione información básica sobre su paradero. Ningún editorial mencionó que el libro rojo cubre apenas 170 casos de 583 niños documentados por la Fundación Armando Armero. Ninguna investigación periodística abordó el hecho de que la Ley 1632 de 2013 permanece completamente incumplida doce años después de su promulgación.
La omisión no fue producto de negligencia sino de captura estructural. Los medios corporativos colombianos están directamente vinculados a los grupos económicos que se beneficiaron de la impunidad sistémica tras Armero. La función de las coberturas del 13 de noviembre fue sustituir investigación por liturgia, análisis crítico por performance conmemorativo, exigencia de reparación por promesa renovada de que las lecciones fueron aprendidas.
Conclusión
Cuarenta años después, Colombia sigue siendo país donde catástrofes se convierten en oportunidades de enriquecimiento. Legislación simbólica reemplaza reparación material. Impunidad jurídica se formaliza mediante sentencias técnicas. Centenares de niños desaparecen en circuitos internacionales sin que funcionarios enfrenten consecuencias. Armero no fue tragedia natural. Fue crimen de Estado seguido de saqueo industrial mientras el país lloraba frente a cámaras la agonía fotogénica de Omaira Sánchez…
G.S.
Fuentes
FUENTES PRIMARIAS:
- Panel FILBO 2025 “Los cadáveres insepultos de Armero”
- Entrevista Juan David Correa, RCN Radio (noviembre 2025)
- Entrevista con Juan José Martinez, editor de Agenda Samaria (noviembre 2025)
- Sentencia Consejo de Estado, 25 agosto 1994
- Ley 1632 de 2013
- CONPES 3849 de 2016
- Informes Contraloría General sobre Fondo Resurgir
FUENTES SECUNDARIAS:
- Infobae (8 y 13 noviembre 2025)
- Semana (noviembre 2025)
- El Colombiano (noviembre 2025)
- El Espectador (noviembre 2025)
- El Tiempo (noviembre 2025)
- France24 (13 noviembre 2025)
- La FM (noviembre 2025)
- El Olfato (13 noviembre 2021)
- Radio Nacional de Colombia (noviembre 2025)
ARCHIVOS CONSULTADOS:
- Defensoría del Pueblo (informe “Armero ¿40 años de vulneración de derechos?” noviembre 2025)
- Fundación Armando Armero (registros 583 casos niños desaparecidos)
- ICBF Regional Tolima (respuestas derechos petición 2021)
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