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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos: el proyecto de Jurisdicción Agraria lleva diez meses bloqueado en el Congreso. Este texto demuestra que el 30% de los congresistas tiene procesos abiertos por acaparamiento ilegal de baldíos, que se presentaron 26 recusaciones por conflicto de interés y que cinco sesiones fracasaron por sabotaje al quorum. Explica los mecanismos de obstrucción cuando los investigados controlan la agenda. Si solo lees esto, quédate con esto: el Congreso protege 4 millones de hectáreas apropiadas ilegalmente bloqueando tribunales que podrían recuperarlas.
Faltan 108 días hábiles. El proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural no logra votación en plenarias. Cinco sesiones terminaron sin debate por falta de quorum. La ministra de Agricultura espera en el recinto. El presidente Petro amenaza con denunciar ante la ONU el incumplimiento del Acuerdo de Paz. La senadora Aída Avella sintetizó el mecanismo: el 30% de parlamentarios afronta procesos por apropiarse ilegalmente de baldíos, tierra dedicada a campesinos. Los poderosos frenan la jurisdicción agraria. Los pobres no les interesan.
La parálisis como método
La Jurisdicción Agraria debería funcionar desde hace dos años. El Acto Legislativo 03 de 2023 reformó la Constitución para crearla, la Corte Constitucional avaló su estructura en agosto de 2025, las comisiones conjuntas aprobaron la ley reglamentaria en diciembre de 2024. Solo falta el último debate en plenarias. Debería ser un trámite formal. No lo es.
El método es simple. La sesión del 28 de octubre fracasó porque el proyecto pasó del primer al tercer lugar en el orden del día. Las siguientes cuatro sesiones terminaron por disolución del quorum. Ausencia deliberada de congresistas suficientes para sesionar. La representante Martha Alfonso denunció saboteo sistemático. El calendario agrava la urgencia: si el proyecto no se aprueba antes del 20 de junio de 2026, se archiva automáticamente. Las elecciones en mayo congelarán el debate desde marzo. Restan 108 días hábiles para aprobar una ley que lleva tres años en construcción.
El bloqueo no obedece a deficiencias técnicas sino a resistencias políticas que operan mediante la táctica elemental de no presentarse a votar. Esta estrategia tiene una ventaja: es anónima. A diferencia de votar en contra, disolver el quorum no exige explicación. Los ausentes permanecen invisibles. El proyecto muere sin que nadie aparezca como responsable de su muerte.
El investigado controla la investigación
Las 26 recusaciones presentadas representan casi el 10% del Congreso. Las recusaciones suspenden automáticamente la participación del legislador en ese debate, reduciendo votos disponibles para alcanzar mayorías. Pero el caso más revelador no necesita recusación formal.
Lidio García Turbay es presidente del Senado desde julio de 2025. García Turbay tiene proceso administrativo abierto por la Agencia Nacional de Tierras relacionado con 243 hectáreas en San Juan de Nepomuceno, Bolívar. Como presidente del Senado, García controla el orden del día de la corporación. Decide qué proyectos se debaten y en qué momento.
Esta concentración de poder configura un mecanismo perfecto. El investigado controla la agenda que podría crear los tribunales especializados en investigarlo. No se trata de una anomalía sino del funcionamiento lógico de un sistema donde quienes legislan sobre la tierra poseen intereses directos en su apropiación irregular. La senadora Liliana Esther Bitar tiene tres predios bajo investigación en Córdoba. El representante Carlos Cuenca tiene procedimiento por 377 hectáreas en Vichada. La representante Ana Paola García aparece vinculada mediante su esposo, propietario de predios mixtos en Córdoba, parte baldíos y parte propiedad privada.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, presentó ante el Consejo de Ministros en mayo de 2025 que aproximadamente el 30% de congresistas tiene vínculos directos o familiares con procesos de acaparamiento de baldíos. Harman explicó que la ANT ha revisado cuáles son presuntamente los congresistas que acaparan tierra en Colombia y que existen expedientes abiertos con identificación predial específica. La cifra del 30% equivale a aproximadamente 90 de los 296 congresistas. Las 26 recusaciones formalizadas sugieren que no todos los investigados han declarado su impedimento.
Cuatro millones de hectáreas en disputa
Los baldíos son tierras que pertenecen a la Nación. Solo pueden adjudicarse a campesinos de escasos recursos que carezcan de otros predios rurales. El artículo 72 de la Ley 160 de 1994 prohíbe expresamente titular baldíos a personas que ya sean propietarias de otros inmuebles rurales. Estas restricciones buscan impedir la reconcentración de la tierra.
El acaparamiento ilegal opera mediante sociedades anónimas simplificadas, patrimonios autónomos o testaferros. Otra modalidad aprovecha vacíos en procesos de pertenencia, mediante los cuales particulares pretenden convertirse en propietarios de predios que son baldíos pero carecen de claridad registral. La Sentencia SU-288 de 2022 intentó cerrar este flanco ordenando que la ANT sea notificada en todos los procesos de pertenencia sobre predios rurales. La agencia carece de capacidad para intervenir efectivamente en miles de procesos simultáneos.
Colombia tiene aproximadamente 4 millones de hectáreas de baldíos apropiados ilegalmente. El índice Gini de concentración de tierra alcanza 0,87, entre los más altos del mundo. Menos del 1% de propietarios controla más del 80% de la tierra productiva. Este modelo se consolidó durante décadas mediante desplazamiento forzado, paramilitarismo y complicidad institucional. La Jurisdicción Agraria amenaza ese equilibrio. Por eso no existe.
Lo que está en juego
La Jurisdicción Agraria y Rural es la pieza central de la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz de 2016. El punto uno establece que el Estado debe garantizar acceso y uso de tierra mediante distribución de baldíos, formalización de propiedad y resolución ágil de conflictos sobre tenencia. Sin justicia especializada que entienda derecho agrario, normatividad ambiental, territorios étnicos y dinámicas del conflicto armado, esos compromisos resultan inejecutables.
El diseño contempla jueces agrarios en cabeceras municipales, circuitos en capitales departamentales y tribunales superiores en cinco regiones. Estos despachos tendrían competencia exclusiva para conocer disputas sobre adjudicación de baldíos, formalización de títulos, extinción de dominio y conflictos entre comunidades campesinas, étnicas y propietarios privados. La jurisdicción permitiría tramitar casos que actualmente se pierden en la jurisdicción civil ordinaria, donde jueces sin conocimiento especializado aplican derecho civil urbano a realidades rurales radicalmente diferentes.
La senadora Paloma Valencia califica la propuesta como expropiación exprés. Advierte que entrega facultades discrecionales a la ANT para quitar tierra a su antojo. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga pidió al Congreso rechazar el proyecto alegando que pone en riesgo independencia judicial, seguridad jurídica y propiedad privada. Estos argumentos revelan la disputa de fondo: quién decide sobre la tierra y bajo qué lógica. Para el gobierno, la prioridad es acelerar redistribución y cumplir el Acuerdo de Paz. Para gremios económicos y sectores tradicionales, preservar control judicial y garantías procesales en defensa de propiedad constituida sobre baldíos apropiados irregularmente.
La diferencia entre ambas posiciones se resume así: para unos, el problema es que el Estado recupere tierras demasiado rápido. Para otros, que lo haga demasiado lento. Unos hablan de proteger la propiedad privada. Otros, de recuperar la propiedad pública. El debate jurídico enmascara un conflicto de intereses materiales.
Conclusión
El Congreso colombiano no discute la Jurisdicción Agraria porque el 30% de sus miembros tiene procesos abiertos por apropiación ilegal de baldíos. Las recusaciones masivas y la disolución sistemática del quorum no constituyen accidentes de trámite sino estrategia deliberada. Cuando los investigados controlan la agenda legislativa que podría crear los tribunales especializados en investigarlos, el resultado es predecible. El sistema funciona exactamente como debe funcionar.
Con 108 días hábiles restantes y cinco sesiones consecutivas frustradas, Colombia enfrenta la posibilidad de perder una herramienta fundamental del Acuerdo de Paz. No por incapacidad técnica ni por desacuerdo ideológico, sino porque quienes deben legislar sobre la tierra poseen intereses directos en mantener 4 millones de hectáreas de tierras públicas bajo control privado. La justicia agraria amenaza ese patrimonio. Por eso no llegará a existir…
G.S.
Fuentes
FUENTES PRIMARIAS:
- Ley 160 de 1994 – Congreso de Colombia
- Sentencia SU-288 de 2022 – Corte Constitucional
- Acto Legislativo 03 de 2023 – Creación Jurisdicción Agraria
FUENTES SECUNDARIAS:
- Denuncia oficial ANT – Infobae – 28 mayo 2025
- Bloqueo jurisdicción agraria – El Espectador Colombia+20 – 8 noviembre 2025
- Inadmisión Corte Suprema – Chicanoticias – 11 noviembre 2025
- Congresistas vinculados baldíos – Hoy Diario del Magdalena – 11 noviembre 2025
- Último tropiezo proyecto – Semana – 13 noviembre 2025
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