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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos. Los sistemas políticos contemporáneos han convertido la incompetencia en herramienta de control. Este texto documenta cómo Milei destruye el sistema científico argentino con recortes del 40%, cómo Bukele mantiene 30 mil inocentes encarcelados presentándolo como margen de error, y cómo Trump nomina ministros que desconocen conceptos jurídicos básicos. Demuestra que la selección invertida, donde mediocres ascienden porque garantizan obediencia, opera como estrategia deliberada. Si solo lees esto, quédate con esto: la incompetencia en el poder no es accidente, es arquitectura política diseñada para perpetuar sometimiento mediante validación colectiva de la propia mediocridad.
Los sistemas de gobierno no sufren la mediocridad. La cultivan. La perfeccionan. La elevan a rango de método. Tres casos recientes documentan con precisión brutal algo que ya no puede negarse. La estupidez dejó de ser defecto para convertirse en tecnología gubernamental.
Milei y la ingeniería del vaciamiento
El 17 de septiembre de 2024, Milei presentó el presupuesto argentino con un dato que habría sido escandaloso en cualquier otra época pero que ahora apenas provoca reacción. Ciencia y tecnología caerían a niveles de 2002, el año del colapso más brutal en la historia económica del país. No es ajuste por crisis. Es desmantelamiento programático. El CONICET, principal organismo científico de América Latina, perderá 40% de su presupuesto real entre 2023 y 2025. La Agencia I+D+i quedó paralizada, sin autoridades, sin nuevos financiamientos. Resultado documentado por el Grupo EPC-CIICTI. Pérdida de 3666 empleos científicos en un año. Caída del 30% en postulaciones a becas doctorales. Éxodo masivo hacia el extranjero. Los números son precisos. La intención, cristalina.
Lo notable no es la magnitud del ajuste. Lo notable es la narrativa que lo sostiene y el entusiasmo con que es recibida. Milei atacó públicamente a “supuestos científicos e intelectuales que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación”. La formulación no es casual, es quirúrgica. Transforma la competencia en arrogancia. El conocimiento en privilegio injustificable. La investigación en capricho individual que la sociedad no debe financiar. Argentina tiene tres premios Nobel en ciencias. Bernardo Houssay. Luis Federico Leloir. César Milstein. Los tres formados en universidades públicas que Milei desmantela ahora con el aplauso de millones que celebran no haberlos necesitado nunca.
El artículo 27 del Presupuesto 2025 suspende tres leyes simultáneamente. La Ley de Financiamiento Educativo que establece 6% del PIB para educación. La Ley de Ciencia y Tecnología que prevé 0,45% del PIB para investigación. La Ley de Educación Técnica que garantiza 0,2% para formación profesional. Nunca en la democracia argentina se suspendieron los marcos legales que estructuran el sistema educativo y científico nacional. La medida debería haber generado crisis institucional. Generó indiferencia. Dos millones marcharon en octubre contra los recortes universitarios. El gobierno vetó la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. Las marchas cesaron. La gente volvió a casa. La derrota fue absoluta y silenciosa.
La subsecretaria de Ciencia y Tecnología Paula Nahirñak declaró en abril 2024 que el objetivo es “invertir la relación de gasto, pues hoy la mayor proporción la ocupa el Estado”. La formulación admite explícitamente que el desfinanciamiento no responde a emergencia sino a concepción ideológica. El Estado no debe producir conocimiento. El mercado lo hará. Salvo que el mercado no financia investigación básica sin retorno inmediato, no sostiene líneas a largo plazo, no garantiza soberanía científica en áreas estratégicas. Lo que Nahirñak presenta como reordenamiento es simple vaciamiento. Pero importa poco. La incompetencia para comprender el rol estratégico de la ciencia no es defecto individual de Milei. Es la premisa fundacional de su proyecto político. Y funciona porque las masas que lo votaron ya decidieron que no necesitan ciencia. Necesitan validación.
Bukele o el colapso como espectáculo
El 13 de noviembre de 2024, Nayib Bukele admitió públicamente algo extraordinario. “Ya liberamos ocho mil personas inocentes y vamos a liberar al cien por ciento de inocentes”. La confesión, presentada como gesto humanitario, documenta que bajo el régimen de excepción vigente desde marzo 2022 fueron encarceladas sistemáticamente personas sin vínculos comprobados con violencia criminal. Organizaciones de derechos humanos estiman hasta treinta mil inocentes entre más de ochenta mil detenidos. Bukele responde que las cifras son “inventadas por organizaciones de oposición” pero simultáneamente admite que la policía “no es perfecta” y que capturar inocentes “ocurre en Francia, Alemania, Japón”. La narrativa construye equivalencia falsa con precisión propagandística. En democracias funcionales, detenciones masivas sin pruebas generan investigaciones, sanciones, reformas institucionales. En El Salvador generan declaraciones presidenciales banalizando el encarcelamiento como margen de error técnico aceptable. La brutalidad moderna no se oculta. Se cuantifica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en septiembre 2024 un informe documentando “violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos”. Detenciones arbitrarias basadas en apariencia física y denuncias anónimas sin evidencia. Tortura en centros de detención. Violencia sexual contra mujeres y niñas. Desapariciones forzadas. Más de 122 mil salvadoreños solicitaron asilo en otros países durante 2022, mayoría huyendo del régimen de excepción. La CIDH reconoce que la tasa de homicidios cayó de 38 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 1,9 en 2024 según cifras gubernamentales. Pero concluye que “no existe situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos” después de 32 meses continuos de régimen excepcional. Importa poco. Bukele tiene 90% de aprobación popular.
“Las detenciones no son eventos aislados. Son patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos. La intensificación reciente es señal clara de la velocidad con que el gobierno desmantela el espacio cívico.”
– Agnès Callamard -, secretaria general Amnistía Internacional, julio 2025
Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal conocida por liderar investigaciones sobre uso de fondos públicos para espionaje con Pegasus, fue arrestada el 18 de mayo 2025. Acusada inicialmente de peculado, quince días después la Fiscalía cambió el cargo a enriquecimiento ilícito sin presentar evidencia. La BBC la nombró en 2024 una de las cien mujeres más influyentes del mundo. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia en julio 2025. Cristosal, tras veinticinco años documentando violaciones de derechos humanos, anunció el 18 de julio suspensión de operaciones en El Salvador y exilio de sus empleados hacia Guatemala y Honduras. Director Noah Bullock explicó con claridad brutal lo que todos comprenden pero pocos admiten. “Perseguirnos es enviar mensaje a toda la sociedad civil. Denunciar los abusos del poder tiene consecuencias”. El mensaje fue recibido. El exilio es masivo. El silencio, total.
Bukele respondió el primero de junio 2025 con la formulación definitiva que resume todo el proyecto. “No me importa que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”. La frase funciona porque valida el trade-off que las masas aceptan con entusiasmo casi religioso. Seguridad versus libertades civiles. Orden versus derechos humanos. Paz versus democracia. El mecanismo es perfecto porque presenta falsa dicotomía como si fueran las únicas opciones disponibles, cuando sistemas democráticos funcionales garantizan simultáneamente seguridad ciudadana y protección de garantías constitucionales. Pero eso exigiría instituciones robustas, policía profesional, sistema judicial independiente, mecanismos de rendición de cuentas. Todo eso requiere trabajo, paciencia, construcción institucional sostenida. Es infinitamente más sencillo aplaudir a quien ofrece brutalidad inmediata empaquetada como solución definitiva. La incompetencia de Bukele no está en su incapacidad para gobernar. Está en su capacidad para convencer a millones de que la brutalidad sistemática es el único camino posible hacia la paz. Y funciona precisamente porque las masas quieren creerlo.
Trump y la lealtad como único mérito
Kristi Noem, nominada por Donald Trump para dirigir Seguridad Nacional, fue interrogada en audiencia de confirmación senatorial sobre conceptos jurídicos básicos. Preguntada sobre habeas corpus, respondió que significa “separación de poderes”. Habeas corpus, principio jurídico anterior a la Carta Magna que obliga al Estado a justificar legalmente toda detención, fue definido por quien aspira dirigir la seguridad interna estadounidense como su exacto opuesto institucional. No es error menor. Es demostración de incompetencia fundamental para el cargo que solicita. Noem no fue rechazada. Pete Hegseth, presentador de Fox News nominado para Secretario de Defensa, compartió información clasificada sobre operaciones militares en Yemen con su esposa, hermano y abogado mediante aplicación comercial Signal en su teléfono personal. Documentado en dos instancias separadas. En sistemas militares funcionales, filtración de información sensible resulta en corte marcial y fin de carrera. Hegseth fue confirmado por voto de desempate vicepresidencial el 24 de enero 2025. La incompetencia ya no descalifica. La valida.
Robert F. Kennedy Jr., nominado para dirigir Salud y Servicios Humanos, declaró públicamente que aconseja a padres en senderos de excursión no vacunar a sus bebés. Setenta y siete premios Nobel firmaron carta oponiéndose a su nombramiento citando su negacionismo vacunal y promoción de tratamientos médicos desacreditados científicamente. Ex comisionado de la FDA Scott Gottlieb lo expresó sin ambigüedad. Tener a Kennedy dirigiendo HHS “costará vidas en este país”. Wall Street Journal editorializó que Kennedy “interrumpirá acceso a medicamentos que salvan vidas”. Kennedy fue confirmado con aplausos. Tulsi Gabbard, ex congresista demócrata nominada para Directora de Inteligencia Nacional, enfrenta cuestionamientos sobre vínculos con regímenes extranjeros y falta de experiencia en operaciones de inteligencia. Senadora Elissa Slotkin declaró en ABC News lo obvio. “No creo que esté calificada para este rol”. Importa poco. Kash Patel, nominado para dirigir el FBI, promovió teorías conspirativas, defendió asaltantes del Capitolio del 6 de enero, amenazó públicamente a periodistas y ex funcionarios del Departamento de Justicia. Senador Dick Durbin concluyó con resignación lo que todos comprenden. “Patel no tiene ni la experiencia, ni el juicio, ni el temperamento para dirigir el FBI”.
El patrón es sistemático y ya no sorprende a nadie. Trump nominó para cargos críticos de seguridad nacional, salud pública y justicia a personas cuya característica definitoria no es competencia técnica sino lealtad personal. Profesor Jeff Spinner-Halev de Universidad de Carolina del Norte explicó el cálculo político con claridad brutal. “Lo que importa es si algunos senadores están más preocupados por las controversias o competencia del candidato versus cuánto les importa la ira del presidente Trump”. El sistema de confirmación senatorial, diseñado constitucionalmente como mecanismo de control sobre poder ejecutivo, colapsa cuando la lealtad partidaria supera el juicio sobre aptitud para el cargo. Max Stier del Partnership for Public Service documentó el cambio con precisión quirúrgica. “Antes surgían cosas nuevas que la gente encontraba descalificantes. Ahora encontramos que cosas viejas que habrían sido descalificantes ya no lo son”. La incompetencia dejó de ser obstáculo para acceder al poder. Se convirtió en el criterio de selección. Porque el incompetente no cuestiona. Obedece. Y en la arquitectura del poder contemporáneo, la obediencia vale infinitamente más que la competencia.
Conclusión
Arthur Schopenhauer distinguió en su momento entre la inteligencia mediocre que opera con conceptos y la inteligencia superior que opera con intuiciones. Si el sistema recompensa conformidad sobre intuición, obediencia sobre profundidad analítica, entonces la selección institucional se invierte con precisión darwiniana. Los más competentes son percibidos como amenaza porque cuestionan, piensan independientemente, exigen coherencia entre discurso y acción. Los mediocres son preferibles porque administran sin transformar, conservan sin innovar, ejecutan sin evaluar. Administrar significa perpetuar. Perpetuar significa mantener estructuras de poder existentes sin alteración posible.
Milei destruye el sistema científico argentino porque científicos formados en pensamiento crítico cuestionan dogmas libertarios sobre el rol del Estado. Bukele encarcela defensores de derechos humanos porque documentan sistemáticamente la brutalidad que él presenta como eficiencia gubernamental. Trump nomina incompetentes leales porque competentes independientes representarían freno institucional a sus impulsos autoritarios. El darwinismo político se invirtió con perfección brutal. No sobreviven los más aptos para gobernar, sobreviven los más domesticados para obedecer. Y lo extraordinario, lo verdaderamente perturbador del fenómeno, es que la masa electoral celebra esta inversión con entusiasmo casi religioso.
El líder mediocre valida la propia mediocridad colectiva. Si el presidente es ignorante pero poderoso, entonces la ignorancia deja de ser defecto para convertirse en autenticidad. Si el mandatario es brutal pero efectivo según métricas simplificadas hasta la caricatura, entonces la brutalidad se reinterpreta como determinación. Si el gabinete es incompetente pero leal, entonces la lealtad supera a la competencia como valor político supremo. El populismo contemporáneo no nace de la inteligencia de las masas. Nace de su pereza intelectual sistemáticamente cultivada y validada institucionalmente. Es oferta de mercado político perverso. No necesitas pensar, yo pienso por ti. No necesitas ser competente, yo transformaré tu mediocridad en virtud cívica. No necesitas mejorar, yo celebraré tu estado actual como fortaleza. Las masas aceptan porque confrontar la propia incompetencia exige trabajo doloroso de autoexamen. Es infinitamente más cómodo proyectar esa incompetencia sobre una figura de poder y amarla precisamente por encarnar lo que somos pero con acceso a recursos estatales para imponerlo como programa de gobierno.
Dietrich Bonhoeffer observó en contexto extremo que la estupidez no puede ser superada mediante argumentos, solo mediante acción. Tenía razón pero subestimó la magnitud del problema. En el momento en que la mediocridad se institucionaliza como método de gobierno, los argumentos presuponen una población capaz de procesarlos racionalmente. Cuando esa población ha sido deliberadamente desinformada durante décadas, cuando celebra la destrucción de sistemas científicos como victoria ideológica, cuando aplaude el encarcelamiento masivo de inocentes como margen de error técnico aceptable, cuando vota entusiastamente por quienes nominan incompetentes confesos para dirigir seguridad nacional, entonces no hay argumento que penetre. La conciencia colectiva se fragmentó en realidades incompatibles que ya no comparten base común. Para seguidores de Milei, los científicos son parásitos estatales. Para votantes de Bukele, los presos de conciencia son delincuentes disfrazados. Para electores de Trump, la incompetencia ministerial es lealtad patriótica. No hay puente posible entre estas percepciones. No hay diálogo que las reconcilie. Solo queda observar con lucidez desencantada cómo sociedades enteras celebran su propia demolición mientras aplauden a quienes operan las excavadoras…
G.S.
FUENTES
FUENTES PRIMARIAS
- Presupuesto Nacional Argentina 2025 (Ministerio de Economía, septiembre 2024)
- Informe Grupo EPC-CIICTI sobre financiamiento científico Argentina (2024)
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador (septiembre 2024)
- Amnistía Internacional, declaración sobre presos de conciencia en El Salvador – Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez (julio 2025)
- Audiencias de confirmación del Senado de Estados Unidos – Gabinete Trump (enero-abril 2025)
- Declaración de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) Argentina (julio 2024)
- Resolución Jefatura de Gabinete Argentina sobre orientación científica (diciembre 2024)
FUENTES SECUNDARIAS
- Human Rights Watch, Informe Mundial 2025: Tendencias de los derechos en El Salvador (enero 2025)
- Cristosal, informe sobre violaciones de derechos humanos bajo régimen de excepción El Salvador (2022-2025)
- El Cronista, “Ajuste en Ciencia y Tecnología: El Presupuesto 2025 de Milei pone el financiamiento del sector a valores de 2002” (septiembre 2024)
- elDiario.es, “Cientos de miles marchan en Argentina contra los recortes de Milei en educación” (octubre 2024)
- ABC News, análisis sobre nominaciones controversiales Gabinete Trump (diciembre 2024)
- National Catholic Reporter, “Behold the sheer incompetence of Trump’s Cabinet” (2025)
- NPR, análisis histórico nominaciones fallidas de gabinetes presidenciales (diciembre 2024)
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