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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos: lo esencial. El 30 de octubre de 2024, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese presentó ante la Asamblea General el informe más contundente sobre Gaza, calificando el genocidio israelí como crimen colectivo sostenido por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia. El documento A/79/384 demuestra que Washington utilizó su veto siete veces en el Consejo de Seguridad para bloquear altos el fuego, mientras transfería más de 700 cargamentos de armas a Tel Aviv desde octubre de 2023. La Unión Europea representa el 54% del PIB israelí y mantiene 45 acuerdos comerciales pese a las violaciones documentadas. Explica cómo la arquitectura diplomática, militar y económica occidental ha permitido que la ofensiva continúe sin freno durante más de un año. Si solo puedes leer esto, quédate con esto. El genocidio en Gaza no es una tragedia inevitable sino una política deliberada habilitada por la complicidad activa de potencias occidentales que arman, financian y protegen diplomáticamente al Estado de Israel.
La Organización de las Naciones Unidas acaba de formalizar lo que las cifras llevaban meses gritando. El genocidio en Gaza no es responsabilidad exclusiva de Israel, sino una arquitectura de complicidad sostenida por potencias occidentales. El informe presentado el 30 de octubre de 2024 por Francesca Albanese, relatora especial para territorios palestinos ocupados, expone el rol de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia en la masacre que ha dejado más de 42.000 palestinos muertos en un año. El documento A/79/384 demuestra que el genocidio constituye un crimen colectivo perpetrado mediante transferencias masivas de armamento, vetos sistemáticos en el Consejo de Seguridad y relaciones comerciales que han reforzado la economía israelí mientras Gaza es arrasada. El sistema que pretende defender los derechos humanos se enfrenta a su propio colapso moral.
Informe como acusación sistémica contra Occidente
El informe de 35 páginas establece que sin la participación directa de terceros Estados, la ocupación ilegal israelí no habría podido sostenerse ni escalar hasta niveles actuales de exterminio. Albanese identifica cuatro sectores de apoyo que han permitido la continuidad del genocidio. Primero, el diplomático, donde las iniciativas han normalizado la ocupación sin lograr alto el fuego permanente. Segundo, el militar, con ayuda a gran escala y transferencias de armas desde Estados Unidos y Europa. Tercero, el económico, donde la cooperación ha alimentado una economía israelí que se beneficia de la ocupación y del genocidio. Cuarto, presentado como humanitario pero funcional al desplazamiento, incluye mecanismos controlados por Washington y Tel Aviv que han facilitado la expulsión de miles de palestinos hacia Egipto.
Esta arquitectura no opera por casualidad. Cada sector responde a decisiones políticas deliberadas que han sostenido la ofensiva pese a advertencias de la Corte Internacional de Justicia sobre riesgo grave de genocidio desde enero de 2024. Israel ha intensificado deliberadamente la destrucción tras cada intervención de la CIJ, desafiando órdenes provisionales que exigían detener actos genocidas. En mayo de 2024, la Corte reconoció riesgo excepcionalmente grave en Rafah y ordenó detener inmediatamente la ofensiva militar. La respuesta de Netanyahu fue ampliar operaciones mientras Estados Unidos y Europa continuaban suministrando armamento. La relatora subraya que estas acciones convierten a los Estados en partícipes de crímenes de guerra y de lesa humanidad, denunciando las narrativas coloniales que deshumanizan al pueblo palestino junto con la protección diplomática de la que goza Israel en todas las instancias internacionales.
El contexto histórico sitúa la violencia actual dentro de un proceso colonial de supresión sistemático desde 1948. La Nakba en curso ha sido acelerada tras el 7 de octubre de 2023, aprovechando la niebla de guerra para avanzar hacia el objetivo de un Gran Israel. El documento cita declaraciones de ministros israelíes que han llamado abiertamente a recolonización de Gaza y expulsión de palestinos hacia países árabes, revelando que la intención genocida es política de Estado explícita. Albanese advierte que el mundo se encuentra al borde del colapso del Estado de derecho internacional o de su renovación, posible solo si se enfrenta la complicidad, se asumen responsabilidades y se defiende la justicia sin dobles estándares.
Vetos diplomáticos y protección institucional
Estados Unidos ha transferido más de 700 cargamentos de armas a Israel desde octubre de 2023, destinando 21.700 millones de dólares en ayuda militar directa. El total del gasto estadounidense en la región supera los 31.000 millones. Toda la flota de aviación de combate israelí es de fabricación estadounidense, con cazas F-35 y F-15 que han permitido arrojar 85.000 toneladas de bombas sobre Gaza. Para mayo de 2025, Israel había recibido 90.000 toneladas de equipamiento militar mediante 800 vuelos y 140 envíos marítimos. En agosto de 2024, tras el discurso de Netanyahu ante el Congreso, la administración Biden firmó un paquete adicional de 20.000 millones que incluye más de 50 cazas F-15 y misiles de largo alcance.
Alemania proporcionó el 30% de las importaciones de armas israelíes en 2023, aunque el canciller Scholz declaró que continuará suministrándolas pese a la presión legal. Reino Unido autorizó licencias por 23,42 millones en 2023 y suspendió parcialmente algunos componentes en septiembre de 2024. Italia aporta el 0,9% de las importaciones, mientras Francia y España mantienen ventas constantes. El programa del avión F-35 involucra a diecinueve Estados incluyendo Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España. Albanese subraya que estas transferencias continuaron tras la advertencia de la CIJ sobre riesgo de genocidio, exponiendo a estos Estados a responsabilidad internacional por complicidad.
“El 14 de octubre de 2023, después de que Israel ordenara a 1,1 millones de palestinos que se desplazaran desde el norte de Gaza hacia el sur en 24 horas, en lo que constituye uno de los desplazamientos masivos más rápidos de la historia, la Relatora Especial advirtió del riesgo de una depuración étnica en masa y deliberada. La advertencia resultó premonitoria. Al menos el 90% de los palestinos de Gaza han sido desplazados por la fuerza, muchos de ellos más de diez veces, en el marco de llamamientos de funcionarios israelíes y otras instancias a que los palestinos se marchen y los israelíes regresen a Gaza y reconstruyan las colonias desmanteladas en 2005.”
– Informe A/79/384, párrafo 9 –
Vetos diplomáticos y protección institucional
Estados Unidos ha usado su veto en el Consejo de Seguridad en siete ocasiones desde octubre de 2023 para bloquear resoluciones que exigían alto el fuego en Gaza. Albanese documenta que estos vetos proporcionaron cobertura diplomática al genocidio israelí. Reino Unido mantuvo posición alineada con Washington hasta noviembre de 2024. Alemania, Francia y otros miembros europeos promovieron la frase alto el fuego sostenido como alternativa a las demandas de cese inmediato, dilución que el informe describe como táctica deliberada. La CIJ señaló en mayo de 2024 que Estados como Alemania tenían conocimiento real del riesgo de genocidio y deber de prevenir, pero el flujo de armas y respaldo diplomático continuaron. Netanyahu viajó libremente por el espacio aéreo europeo e Israel fue protegido de la rendición de cuentas en tribunales y foros globales, impidiendo su expulsión de eventos deportivos como Juegos Olímpicos de París, clasificatorios de la Copa Mundial FIFA y eventos culturales como Eurovisión.
Cuando diez países reconocieron al Estado palestino en 2024, incluyendo Francia y Reino Unido, estos reconocimientos fueron calificados por Albanese como simbólicos, sin efecto tangible para detener el genocidio. Solo Belice, Bolivia, Colombia y Nicaragua suspendieron relaciones diplomáticas con Israel. El contraste es brutal al comparar con la velocidad con que Occidente impuso sanciones contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022. La arquitectura de doble estándar no es accidental sino estructural, revelando que el sistema internacional opera selectivamente según intereses geopolíticos. La administración Trump impuso sanciones directas contra Albanese por colaborar con la CPI en investigaciones sobre crímenes israelíes, impidiendo que presentara su informe desde la sede de la Asamblea General en Nueva York, ataque frontal contra los mecanismos de rendición de cuentas del derecho internacional.
Economía del genocidio y beneficios corporativos
La bolsa de Tel Aviv registró un aumento del 213% desde el inicio del genocidio, generando 225.700 millones de dólares en ganancias bursátiles. Las empresas israelíes Elbit Systems e Israel Aerospace Industries experimentaron récords en ganancias anuales. Elbit anunció en marzo de 2025 beneficios históricos, con ingresos aeroespaciales aumentados un 27% en el cuarto trimestre de 2024. Estas corporaciones han construido los drones y hexacópteros descritos por Albanese como máquinas de matar omnipresentes en los cielos de Gaza.
Las corporaciones occidentales también se han beneficiado. Lockheed Martin, fabricante de los F-35 que han dotado a Israel de potencia aérea sin precedentes, figura entre las principales beneficiarias. Palantir Technologies, empresa de Peter Thiel cercana a la administración Trump, ha provisto tecnologías de vigilancia para identificar objetivos en Gaza. En el sector financiero, BNP Paribas y Barclays han suscrito bonos del tesoro israelíes por 13.000 millones emitidos para financiar el incremento del presupuesto de Defensa del 4,2% al 8,3% del PIB entre 2022 y 2024. Rusia y Estados Unidos proveyeron combustible refinado, mientras Azerbaiyán, Kazajistán, Brasil y Sudáfrica suministraron materias primas esenciales pese a advertencias de la CIJ sobre complicidad.
La Unión Europea mantuvo su posición como principal socio comercial israelí, sin implementar sanciones ni suspender los 45 acuerdos de cooperación económica vigentes. El resultado es un sistema donde el 93% de la economía agrícola, forestal y pesquera palestina ha sido arrasada, más del 95% de la población sufre inseguridad alimentaria aguda y se bloquea el 83% de la ayuda humanitaria, configurando lo que Albanese denomina economía del genocidio.
Resistencias marginales y perspectivas
Colombia ha sido el único Estado que ha actuado concretamente mediante prohibición de exportaciones de carbón a Israel y ruptura de relaciones diplomáticas. El Gobierno de Gustavo Petro lideró junto con Sudáfrica la primera conferencia del Grupo de La Haya en Bogotá, reuniendo a ocho Estados fundadores más treinta delegaciones para adoptar medidas económicas y diplomáticas contra la ocupación. La capacidad de influencia de estos Estados es limitada frente al bloque occidental que controla instituciones financieras internacionales y mecanismos de seguridad colectiva. Solo seis Estados han adoptado sanciones significativas desde octubre de 2023. Nicaragua demandó a Alemania ante la CIJ por complicidad, aunque la Corte rechazó medidas provisionales. Irlanda solicitó exclusión de Israel de la ONU, poco probable al requerir recomendación del Consejo de Seguridad donde Washington mantiene su veto. España suspendió ventas de armas y Sánchez condenó la ofensiva en Líbano, pero sin traducirse en sanciones amplias.
Albanese hace un llamamiento directo a sindicatos, juristas, sociedad civil y ciudadanía para vigilar las acciones de sus gobiernos y presionar por boicots, desinversiones y sanciones efectivas. El informe recomienda exigir alto el fuego inmediato, poner fin al asedio de Gaza, reabrir el aeropuerto y puerto de Gaza, reforzar el apoyo a UNRWA, suspender a Israel de la ONU conforme al Artículo 6 de la Carta, y aplicar sanciones económicas con embargo integral de armas. La perspectiva es sombría pero no resignada. El genocidio de Gaza constituye una fase de escalada de un largo proceso colonial que ha asfixiado al pueblo palestino durante más de siete décadas. La Nakba en curso debe detenerse como imperativo que se debe a las víctimas de esta tragedia altamente evitable y a las futuras generaciones. Poner fin al genocidio requiere no solo indignación sino ruptura, reflexión y valentía para desmantelar lo que lo posibilita. La complicidad occidental no es accidental sino estructural, configurando un sistema donde el orden basado en reglas se revela como orden basado en intereses que sacrifica pueblos enteros cuando resulta conveniente.
Conclusión
El informe de Francesca Albanese desmantela la narrativa occidental de que el conflicto en Gaza es una guerra compleja donde ambas partes comparten responsabilidades. El documento establece con evidencia documental irrefutable que se trata de un genocidio perpetrado por Israel con complicidad activa de Estados Unidos y Europa, que han proporcionado las armas, la cobertura diplomática y el respaldo económico necesarios para ejecutar la masacre durante más de un año. Las cifras son contundentes. Más de 700 cargamentos de armamento estadounidense, 21.700 millones en ayuda militar, siete vetos en el Consejo de Seguridad, 54% del PIB israelí sostenido por comercio con la Unión Europea y solo un país que ha actuado para sancionar la ocupación. Esta arquitectura no resulta de errores diplomáticos ni de inercia burocrática, sino de decisiones políticas deliberadas que han priorizado intereses geopolíticos por encima de cualquier consideración humanitaria o legal.
El mundo enfrenta una disyuntiva que Albanese formula sin ambigüedades. O colapsa definitivamente el Estado de derecho internacional revelándose como pura retórica funcional a los intereses de potencias dominantes, o renace mediante el enfrentamiento efectivo de la complicidad occidental y la imposición de consecuencias reales para quienes han facilitado el genocidio. La respuesta de la comunidad internacional en los próximos meses determinará si los mecanismos creados tras la Segunda Guerra Mundial para prevenir atrocidades masivas tienen alguna vigencia real o si constituyen instrumentos aplicados selectivamente contra Estados sin respaldo geopolítico. Gaza ha expuesto la hipocresía estructural del orden internacional con claridad brutal, y ningún discurso sobre derechos humanos conservará credibilidad alguna si las potencias que arman y financian el genocidio no enfrentan sanciones equivalentes a las impuestas contra otros actores por violaciones menores. La complicidad occidental en Gaza no es un episodio más sino un crimen que define la naturaleza real del sistema internacional y las jerarquías de poder que lo sostienen…
G.S.
Fuentes
FUENTES PRIMARIAS
- Naciones Unidas, Asamblea General. Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese. El genocidio como supresión colonial. Documento A/79/384. 1 de octubre de 2024.
- Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Gaza: Tras el genocidio palestino está la intención de crear el Gran Israel, asegura experta independiente. Comunicado de prensa. 30 de octubre de 2024.
- Corte Internacional de Justicia. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel). Providencias de 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo de 2024.
FUENTES SECUNDARIAS
- Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University. Costs of War Project. Military aid to Israel from the United States. Septiembre de 2025.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). International arms transfers database. Informe 2024 sobre transferencias de armas a Israel.
- Ministerio de Defensa de Israel. Comunicados oficiales sobre recepción de cargamentos militares. Agosto 2024 – Mayo 2025.
- El Diario (España). El informe de la relatora de la ONU resalta que el genocidio en Gaza es un crimen colectivo y señala a países occidentales. 24 de octubre de 2025.
- Amnistía Internacional. Informe anual 2024. La situación de los derechos humanos en el mundo. Abril de 2024.
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