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Síntesis inicial
En dos minutos. El Tribunal Superior de Bogotá ejecutó el 7 de octubre un golpe judicial contra la consulta presidencial del Pacto Histórico, diecinueve días antes del escrutinio y después de que el Estado comprometiera 193.517 millones de pesos en contratación directa. Este texto demuestra que la decisión forma parte de una operación de lawfare coordinada entre el Consejo Nacional Electoral controlado por magistrados de partidos tradicionales y un tribunal que revocó medidas cautelares justo cuando los costos ya no son recuperables, que la exclusión de Colombia Humana esconde una estrategia de fragmentación destinada a impedir que los votantes del Pacto Histórico elijan democráticamente a su candidato, y que las contradicciones entre el registrador y el fallo judicial prueban que nadie gobierna el proceso electoral. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: el establishment colombiano dilapidó 193.517 millones de pesos públicos para destruir una consulta de izquierda cuando ya no había marcha atrás.
El Tribunal Superior de Bogotá ejecutó el 7 de octubre la decapitación judicial del único mecanismo democrático que permitía a los votantes del Pacto Histórico elegir a su candidato presidencial para 2026. La sentencia revocó las medidas cautelares que habían autorizado la inscripción de Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero después de que el Estado instalara veinte mil mesas de votación y comprometiera cerca de doscientos mil millones de pesos en urgencia manifiesta. El fallo llegó cuando los costos ya no son recuperables. El registrador Hernán Penagos afirma que la consulta sigue en firme mientras el tribunal dice que las inscripciones carecen de sustento jurídico. Nadie gobierna el proceso electoral colombiano.
“La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que vivimos es la regla. Debemos llegar a una concepción de la historia que corresponda a este hecho.”
– Walter Benjamin –
La trampa Altus Baquero
El magistrado Altus Baquero del Consejo Nacional Electoral diseñó el 17 de septiembre la operación que el Tribunal Superior cerró veinte días después. Baquero redactó la resolución 09673 que otorgó personería jurídica envenenada al Pacto Histórico: reconoció la fusión de Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista, pero excluyó a Colombia Humana, Progresistas y la Minga bajo el argumento de que enfrentaban procesos sancionatorios pendientes. El tecnicismo utilizado contra Colombia Humana fue devastador: de 114.381 afiliados registrados, solo participaron 1.280 en la asamblea que votó la fusión, cuando se requerían 76.315 para alcanzar el quórum de dos terceras partes. Exigir que 76.315 militantes se reúnan físicamente para votar una fusión es materialmente imposible. Los partidos operan mediante delegados porque convocar a decenas de miles de afiliados dispersos es logísticamente inviable. Pero Baquero utilizó una interpretación maximalista para invalidar esa decisión democrática.
DATO CLAVE
El magistrado Altus Baquero condicionó la personería jurídica a la resolución de procesos sancionatorios antes del 8 de noviembre. Doce días después, el Tribunal revocó las medidas cautelares cuando ya se habían comprometido 193.517 millones de pesos y faltaban diecinueve días para el escrutinio. Nadie asume responsabilidad por ese gasto.
La secuencia revela coordinación institucional. El 25 de septiembre, el Tribunal Superior concedió medidas cautelares que ordenaron a la Registraduría habilitar inmediatamente la inscripción de todos los precandidatos. Esa decisión generó confianza suficiente para que el Estado activara la maquinaria electoral completa. La Dirección General del Presupuesto aprobó el 1 de octubre los recursos. La Registraduría declaró urgencia manifiesta y comenzó contratación directa. Doce días después, el mismo tribunal revocó esas medidas cuando ya no había marcha atrás. Las medidas cautelares funcionaron como señuelo para comprometer recursos masivos que luego se revocaron cuando los costos ya no son recuperables.
El robo de los 193.517 millones
La Registraduría declaró urgencia manifiesta el 30 de septiembre para eludir licitaciones públicas y controlar ordinarios. El presupuesto aprobado fue de 193.517 millones de pesos para contratar solución integral logística, informática y de servicios. El Tribunal Superior tumbó la base jurídica del proceso siete días después. Ese dinero público ya no existe. Se comprometió mediante contratación directa para organizar una consulta que un tribunal revocó cuando los costos ya no son recuperables. La contratación directa significa que proveedores ya firmaron contratos y recibieron anticipos. Los kits electorales ya están producidos. Las soluciones informáticas ya están desarrolladas. Todo eso tiene costos hundidos irrecuperables.
DATO CLAVE
193.517 millones de pesos comprometidos bajo urgencia manifiesta el 1 de octubre. El Tribunal tumbó la base jurídica siete días después. Nadie explica cómo se gastará ese dinero si no hay consulta. La urgencia manifiesta es el mecanismo preferido para robar en contratación pública porque elude todos los controles.
Doscientos mil millones de pesos evaporados y nadie en la Registraduría, el CNE o el Tribunal Superior asume responsabilidad. Nadie garantiza que los contratos firmados no esconden sobrecostos o corrupción directa. La urgencia manifiesta destruyó una elección democrática y nadie responde. El registrador Penagos declaró el 7 de octubre que la consulta sigue en firme. Hasta este momento no nos han notificado una decisión diferente. Los recursos fueron entregados. Mientras no tengamos alguna otra decisión, nosotros venimos avanzando. Ya establecimos veinte mil mesas y tuvimos contacto con Policía y Ejército, afirmó. Pero el Tribunal dejó sin efectos las medidas cautelares que permitían las inscripciones. Sin inscripciones válidas no hay candidatos. Sin candidatos no hay consulta. Las declaraciones de Penagos prueban que ni siquiera el registrador nacional entiende qué está pasando o finge no entender para evadir responsabilidad.
Los tres candidatos sin personería
Iván Cepeda Castro mantiene el único piso jurídico relativamente sólido porque el Polo Democrático sí logró fusionarse en el Pacto Histórico. Cepeda calificó la decisión como intento de obstruir el proceso democrático. La derecha quiere evitar a toda costa la unidad del Pacto Histórico. Le temen a la movilización electoral. El propósito es introducir confusión e intentar dividir al Pacto, declaró. Su discurso es correcto pero insuficiente. El problema no es que la derecha tema la movilización. El problema es que la derecha controla el CNE, infiltró el Tribunal Superior y diseñó una secuencia destinada a destruir cualquier mecanismo democrático de selección de candidatos de izquierda.
Carolina Corcho quedó sin personería tras la exclusión de Colombia Humana. Tras el fallo, anunció que la negación de la tutela no los detendría. Ni un paso atrás, escribió. Pero Corcho no tiene sustento jurídico para inscribirse. Su partido no existe legalmente para efectos electorales. Puede declarar que seguirá adelante pero no puede explicar bajo qué figura legal competirá. Daniel Quintero enfrenta el mismo vacío jurídico con el agravante de que carga investigaciones formales por presuntos actos de corrupción. Quintero anunció que interpondría acción de nulidad. No vamos a dar ni un paso atrás ni a ceder al interés de la derecha, afirmó.
La diáspora expropiada
La Ley 1475 establece que los ciudadanos colombianos residentes en el exterior deben votar durante la semana anterior a la fecha oficial de la elección. Si la consulta era el 26 de octubre, los colombianos en el exterior votarían entre el 20 y el 26 de octubre. A once días del inicio, nadie puede garantizar si habrá consulta ni qué derechos políticos mantienen vigentes los cientos de miles de colombianos de la diáspora. La Registraduría no ha emitido comunicados oficiales sobre suspensión o reprogramación. Las sedes consulares no han recibido instrucciones claras.
DATO CLAVE
Cientos de miles de colombianos residentes en el exterior deberían votar entre el 20 y el 26 de octubre. A once días del inicio, la Registraduría no ha informado si habrá consulta, las sedes consulares no tienen instrucciones y nadie garantiza los derechos políticos de la diáspora.
Los colombianos en el exterior ya habían recibido información sobre la consulta. Muchos se habían inscrito. Algunos habían organizado logística para desplazarse a sedes consulares. Ahora esos planes quedan suspendidos en el vacío jurídico que genera la contradicción entre el fallo y las declaraciones de Penagos. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, intentó calmar afirmando que la decisión del tribunal no implica suspensión automática. Pero fuentes del Consejo Electoral fueron directas: la consulta interpartidista sería un intento fallido porque esa modalidad tiene reglas propias que también incluyen la imposibilidad de participación de partidos con derechos suspendidos por sanciones en curso. La consulta interpartidista no resuelve el problema jurídico. Solo lo disfraza.
Conclusión
Colombia enfrenta en 2026 su primera elección presidencial sin garantías democráticas mínimas para que el oficialismo defina candidatos. El Tribunal Superior ejecutó un golpe judicial después de que el Estado comprometiera 193.517 millones de pesos que ya no son recuperables. Nadie responde por ese despilfarro. Tres candidatos presidenciales quedaron sin personería legal. Cientos de miles de colombianos de la diáspora carecen de información sobre sus derechos políticos once días antes del inicio de la votación exterior. El registrador Penagos afirma que la consulta sigue en firme mientras el tribunal dice que las inscripciones carecen de base jurídica. Nadie gobierna el proceso electoral. El establishment destruyó activamente la capacidad de los votantes del Pacto Histórico de elegir democráticamente a su candidato. Colombia 2026 será una elección sin pueblo…
G.S.
Fuentes
- Tumban medida cautelar que permitía consulta del Pacto Histórico: ¿qué pasará ahora? · Portafolio · 7 de octubre de 2025
- Tribunal Superior de Bogotá tumbó la consulta del Pacto Histórico entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero · Radio Hoy · 7 de octubre de 2025
- Registraduría declara la urgencia manifiesta para poder realizar la consulta del Pacto Histórico: costará más de 193.000 millones de pesos · El Tiempo · 7 de octubre de 2025
- Pacto Histórico no hará consulta interna el 26 de octubre, pese a las medidas cautelares del Tribunal Superior de Bogotá: este es el motivo · Infobae · 25 de septiembre de 2025
- CNE aprobó fusión de partidos del Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana por lío en su asamblea · Infobae · 17 de septiembre de 2025
- Precandidatos presidenciales de izquierda reaccionaron a decisión del CNE de dar personería jurídica al Pacto Histórico: “Es un golpe duro” · Infobae · 17 de septiembre de 2025
- Pacto Histórico alegó “maniobras” para bloquear su consulta interna del 26 de octubre: buscarán “rutas jurídicas para desbloquearla” · Infobae · 7 de octubre de 2025
- La sanción al partido de Petro que terminó hundiendo la consulta del Pacto Histórico · Las 2 Orillas · 7 de octubre de 2025
- Ley 1475 de 2011 (Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos) · Gestor Normativo Función Pública · 14 de julio de 2011
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