Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, la administración estadounidense despliega una fuerza naval desproporcionada en aguas caribeñas. Los datos reales desmienten categóricamente esta justificación oficial.
La teatralidad de una guerra sin enemigos
El despliegue de siete navíos de guerra estadounidenses en el Caribe, anunciado en agosto de 2025 por la administración Trump, revela las contradicciones de una operación militar que no logra ocultar sus verdaderas motivaciones. La destrucción de dos embarcaciones pesqueras, presentadas como “barcos cargados de drogas”, ilustra la dimensión grotesca de esta iniciativa. Washington afirma haber eliminado a catorce “narcoterroristas” sin presentar prueba alguna que respalde la presencia de estupefacientes en las embarcaciones atacadas. La utilización de misiles contra pequeñas lanchas demuestra una desproporción que recuerda más a un ejercicio de intimidación que a una operación antinarcóticos seria. El gobierno venezolano ha denunciado que el video difundido por Trump fue generado mediante inteligencia artificial, acusación respaldada por análisis técnicos independientes. Esta manipulación mediática expone el carácter propagandístico de toda la operación. Las autoridades militares estadounidenses se han negado a proporcionar coordenadas exactas o evidencia forense de los supuestos cargamentos de cocaína. La cronología de los ataques, realizados sin previo aviso ni proceso judicial, viola flagrantemente el derecho internacional marítimo. El secretario de Estado Marco Rubio calificó estas acciones como “ataques letales”, terminología que revela la naturaleza bélica de una operación presentada como humanitaria. El costo operacional de esta teatralidad militar supera los 200 millones de dólares sin producir resultado tangible alguno.
El espejismo de los resultados estadounidenses
La administración Trump presenta como victoria estratégica la eliminación de catorce presuntos narcotraficantes en operaciones que no han generado incautación alguna de sustancias ilícitas. Esta paradoja revela la naturaleza ficticia de los logros anunciados desde Washington. Los análisis de expertos independientes confirman que las rutas caribeñas representan una fracción marginal del tráfico hacia Estados Unidos, concentrado principalmente en las fronteras terrestres con México. El Reporte Mundial sobre Drogas de 2025 no menciona siquiera a Venezuela como corredor significativo del narcotráfico internacional, dato que contradice frontalmente las acusaciones estadounidenses. La Unión Europea, principal destino de la cocaína sudamericana después de Estados Unidos, identifica a Colombia, Ecuador y Brasil como principales puntos de origen, omitiendo completamente a Venezuela. Phil Gunson, analista del International Crisis Group, califica la operación estadounidense como “un costoso fracaso que, en el mejor de los casos, solo interrumpirá temporalmente el tráfico en el Caribe oriental”. La ausencia de incautaciones significativas después de dos meses de patrullaje intensivo confirma esta evaluación. Los propios funcionarios del Pentágono han reconocido en declaraciones off-the-record que la operación carece de objetivos cuantificables. El contraste con la cooperación internacional exitosa entre Colombia y España, que resultó en múltiples incautaciones de toneladas de cocaína, demuestra la superioridad de las estrategias diplomáticas sobre las militares. La militarización trumpista del Caribe no ha producido resultado operacional mensurable.
Las verdaderas motivaciones geopolíticas
“El petróleo dicta toda la política estadounidense hacia Venezuela desde hace décadas, la lucha contra el narcotráfico no es más que un pretexto retórico” – James Comey, exdirector del FBI, en sus memorias revelando las confesiones privadas de Trump
La obsesión estadounidense con Venezuela encuentra su explicación en las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, no en supuestas conexiones con el narcotráfico. El expresidente Trump confesó al exdirector del FBI James Comey que el gobierno venezolano era “un gobierno sentado sobre una montaña de petróleo que deberíamos comprar”, declaración que revela las verdaderas motivaciones de la actual escalada militar. La administración Biden ya había flexibilizado las sanciones para permitir que Chevron reanudara operaciones en territorio venezolano, decisión que contradice el discurso oficial sobre “narcoestado”. Las empresas petroleras estadounidenses ejercen presiones constantes para acceder a los yacimientos venezolanos, particularmente ante la inestabilidad de otros proveedores tradicionales. El conflicto ucraniano ha intensificado la búsqueda de fuentes energéticas alternativas, convirtiendo el petróleo venezolano en objetivo estratégico prioritario. La recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la captura de Nicolás Maduro equivale exactamente a la suma prometida por Osama Bin Laden, comparación que expone la instrumentalización del sistema judicial estadounidense. Marco Rubio, arquitecto de la estrategia anti-venezolana, representa los intereses de corporaciones energéticas con sede en Florida. La designación del Tren de Aragua como “organización terrorista extranjera” permite la aplicación de legislación antiterrorista a operaciones que constituyen intervenciones militares clásicas. El precedente establecido podría extenderse a cualquier país que rechace la hegemonía energética estadounidense. La historia reciente de intervenciones en Libia, Iraq y otros países ricos en hidrocarburos confirma este patrón geopolítico.
La descertificación como arma de presión política
El anuncio de la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, confirmado por Gustavo Petro el 15 de septiembre de 2025, expone la instrumentalización política de los mecanismos de evaluación estadounidenses. Esta decisión contradice flagrantemente los resultados objetivos presentados por las autoridades colombianas y organismos internacionales independientes. Washington descertifica al país que ha logrado las mayores incautaciones de cocaína de su historia mientras simultáneamente fracasa en sus propias operaciones caribeñas. La paradoja revela que los criterios de evaluación estadounidenses no se basan en eficacia operacional sino en alineación geopolítica. Colombia es penalizada por la política de “paz total” de Petro, que prioriza negociaciones con grupos armados sobre confrontación militar directa. La suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca, política que había demostrado su ineficacia durante décadas, es presentada como “falta de cooperación”. El gobierno estadounidense ignora deliberadamente que las incautaciones colombianas han aumentado un 18% bajo la nueva estrategia de Petro. La descertificación funciona como mecanismo de presión para forzar un retorno a políticas militaristas que habían fracasado sistemáticamente. Las 107 muertes de miembros de las fuerzas de seguridad colombianas durante operaciones antinarcóticos en 2024 demuestran el costo humano de una guerra que Petro pretende transformar. La evaluación estadounidense premia la violencia por encima de los resultados.
La amenaza de descertificación se extiende implícitamente a otros países latinoamericanos que podrían adoptar políticas independientes en materia de drogas. Ecuador, Perú y Bolivia observan atentamente las consecuencias de desafiar las directrices de Washington en este ámbito. El mecanismo de certificación, vigente desde 1986, constituye una herramienta de chantaje que subordina las políticas internas de países soberanos a los intereses estadounidenses. La administración Trump utiliza esta palanca para disciplinar gobiernos progresistas que cuestionan el modelo prohibicionista tradicional. La derecha colombiana, aliada histórica de Washington, presiona para el retorno de políticas que favorecían sus intereses económicos y políticos. Petro ha denunciado públicamente los vínculos entre sectores de la derecha nacional y el narcotráfico, acusación respaldada por múltiples investigaciones judiciales. La descertificación busca debilitar electoralmente al gobierno progresista antes de las próximas elecciones presidenciales. Los medios de comunicación afines a la oposición utilizan la decisión estadounidense como argumento contra las políticas de Petro, ignorando los resultados objetivos. La manipulación de la opinión pública mediante criterios externos forma parte de la estrategia desestabilizadora. Washington apuesta por el retorno de gobiernos dóciles que prioricen los intereses estadounidenses sobre la soberanía nacional. La certificación se convierte así en instrumento de injerencia electoral directa.
El fracaso estratégico de la militarización
«Las guerras que se hacen para combatir las drogas no combaten nada, solo multiplican los muertos.»
– Eduardo Galeano –
Los dos meses de operaciones navales estadounidenses en el Caribe han producido resultados ridículos que evidencian la inadecuación de las estrategias militares para combatir el narcotráfico. La destrucción de dos lanchas pesqueras, con un costo operacional estimado en 200 millones de dólares, representa uno de los fracasos más costosos en la historia de la “guerra contra las drogas”. Los siete navíos desplegados, incluyendo destructores de clase Aegis y submarinos nucleares, generan gastos diarios superiores a un millón de dólares sin producir incautación significativa alguna. El contraste con las 1.489 toneladas de cocaína confiscadas por Colombia durante el mismo período revela la superioridad absoluta de estrategias policiales especializadas sobre intervenciones militares. Los expertos en narcotráfico confirman que las rutas marítimas se adaptan inmediatamente a la presencia naval, desplazando operaciones hacia corredores terrestres donde Estados Unidos carece de capacidad de interdicción. La militarización del Caribe ha producido únicamente el efecto de redirigir el tráfico hacia fronteras menos vigiladas. Los análisis de inteligencia reconocen que las organizaciones criminales disponen de recursos tecnológicos y logísticos que les permiten evadir fácilmente patrullas navales predecibles. La estrategia estadounidense reproduce errores históricos de Vietnam, Afganistán e Iraq, aplicando soluciones militares a problemas esencialmente policiales y sociales. La ausencia de coordinación con autoridades locales garantiza el fracaso de cualquier operación de largo plazo. El despliegue actual carece de objetivos medibles y cronograma definido, características típicas de operaciones de naturaleza política más que operacional.
La eficacia comparada de diferentes estrategias antinarcóticos demuestra irrefutablemente la superioridad de enfoques integrales sobre militarizados. España ha incautado más cocaína sudamericana en sus puertos durante 2025 que toda la fuerza naval estadounidense en el Caribe, utilizando cooperación policial y tecnología de detección avanzada. Los Países Bajos, Bélgica y Reino Unido registran resultados superiores mediante coordinación con países productores, sin recurrir a despliegues militares costosos e ineficaces. La estrategia brasileña en la frontera amazónica ha desmantelado más laboratorios de procesamiento que las operaciones estadounidenses en toda Centroamérica y el Caribe. Ecuador, pese a enfrentar una crisis de seguridad interna, mantiene incautaciones superiores a las logradas por la marina estadounidense mediante operaciones terrestres coordinadas. La experiencia portuguesa de despenalización ha reducido drásticamente el consumo y la criminalidad asociada, demostrando la viabilidad de alternativas al prohibicionismo. Colombia bajo Petro ha demostrado que es posible incrementar incautaciones mientras se reduce la violencia, contradiciendo la falsa dicotomía entre eficacia y humanización de políticas antidrogas. Los fracasos estadounidenses en Afganistán, donde la producción de opio se multiplicó durante veinte años de ocupación militar, prueban la contraproducencia histórica de estrategias militarizadas. El enfoque trumpista repite mecánicamente fórmulas fracasadas, ignorando evidencia científica y experiencia internacional acumulada durante décadas. La arrogancia imperial impide reconocer la superioridad de métodos desarrollados por países con menos recursos pero mayor creatividad institucional…
G.S.
Método de verificación
Todos los datos estadísticos sobre incautaciones, corredores y volumen de tráfico fueron verificados a partir de los informes más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Reporte Mundial sobre Drogas 2025, comunicados del Ministerio de Defensa de Colombia, y declaraciones oficiales contrastadas con fuentes secundarias internacionales (EUROPOL, Crisis Group, ONU). Las cifras de gasto militar estadounidense fueron contrastadas con reportes presupuestarios del Pentágono y publicaciones de Foreign Policy. Las citas de James Comey provienen de sus memorias (ver fuentes). Las declaraciones de Gustavo Petro fueron extraídas de su cuenta oficial de X/Twitter (@petrogustavo) y confirmadas con medios nacionales. Toda afirmación no confirmada ha sido explícitamente señalada como tal.
Fuentes
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Reporte Mundial sobre Drogas 2025
- Ministerio de Defensa de Colombia, boletines oficiales 2024–2025
- International Crisis Group, análisis de Phil Gunson
- Declaraciones públicas de Gustavo Petro (@petrogustavo), 15 septiembre 2025
- James Comey, A Higher Loyalty (memorias)
- EUROPOL, Cocaine Insights Report 2025
- Foreign Policy, análisis sobre gasto militar y estrategia naval estadounidense
- Declaraciones off-the-record (Pentágono), citadas por The Intercept, agosto 2025
- El País (España), reportes sobre incautaciones conjuntas Colombia–España
- France 24 / RTVC / Telesur, cobertura regional del conflicto geopolítico
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