tres dispositivos con los que USA borró la guerra de su conciencia

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SÍNTESIS INICIAL
Desde 1973, Estados Unidos no ha conocido la paz. Ha combatido en Granada, Panamá, el Golfo Pérsico, Somalia, los Balcanes, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, y docenas de operaciones clasificadas que nunca han merecido nombre en los noticieros. Durante ese medio siglo de guerra continua, ningún mecanismo social ha obligado a la población estadounidense a sentirla como tal. Tres dispositivos institucionales, articulados con precisión y mantenidos por gobiernos de ambos partidos, han hecho posible lo que ninguna propaganda podría lograr por sí sola, una nación en guerra permanente que no experimenta la guerra. El resultado no es una opinión pública engañada sino algo más duradero y más grave, una anestesia estructural que convierte los muertos ajenos en ruido de fondo y los propios en secreto de Estado.

Tres mecanismos solidarios, ninguno accidental, construyeron esta arquitectura durante medio siglo. Su análisis no revela una conspiración sino algo más perturbador, la lógica fría de un Estado que aprendió, tras Vietnam, que la guerra más barata es la que nadie tiene que justificar en casa.

La abolición del servicio militar obligatorio en enero de 1973, firmada por Nixon cuatro meses antes del fin oficial de la guerra de Vietnam, fue presentada como una victoria de la libertad individual. Era, ante todo, una decisión de ingeniería social. Con la conscripción, la guerra tocaba todos los estratos de la población. Los hijos de los senadores, los universitarios de la Costa Este, los suburbios blancos de clase media que habían protestado en las calles entre 1967 y 1971. Suprimirla trasladaba el riesgo vital hacia quienes tienen menos opciones. Los datos del Pentágono publicados en 2005 confirmaron lo que la evidencia anecdótica sugería. Casi las dos terceras partes de los reclutas del Ejército en 2004 provenían de condados con ingreso medio familiar por debajo de la mediana nacional. El Sur aporta el 40% de los reclutas y las zonas rurales el 44%; ambos concentran el grueso del esfuerzo bélico de una nación que se percibe a sí misma como urbana y cosmopolita.

La geografía del sacrificio

El mecanismo es sencillo, como lo son todos los mecanismos de extracción bien diseñados. El Ejército no recluta por coacción directa sino por estrechez de alternativas. La oferta es siempre la misma, financiación universitaria, estabilidad laboral, pertenencia comunitaria, ciudadanía expedita para inmigrantes sin documentos. Lo que se llama patriotismo es, con frecuencia, la única salida razonablemente digna disponible en un condado donde la fábrica cerró hace quince años y el opiáceo más barato cuesta menos que un litro de gasolina. Así, la fuerza armada más poderosa de la historia humana recluta entre quienes menos tienen que perder en términos relativos y menos capacidad política tienen para objetar.

Esta externalización del sacrificio produce un efecto político de primer orden. La guerra deja de ser un hecho social compartido. Cuando la conscripción existía, cada familia de clase media tenía razones concretas para vigilar la política exterior, para calcular el costo humano de cada intervención, para tolerar o no tolerar el número de muertos. La abolición de 1973 desactivó ese circuito. Las guerras posteriores, por numerosas que fueran, transcurrieron en un espacio sociológico separado del que habitaba la mayoría de los votantes. La guerra se convirtió en una actividad profesional, como la minería o la conducción de camiones de larga distancia, peligrosa, necesaria según quién la defina, e invisiblemente ejercida por otros.

DATO CLAVE
Según datos del Pentágono analizados por el Seattle Times, casi la mitad de los reclutas provenía en 2004 de hogares de clase baja o media-baja. La ley No Child Left Behind de 2002 obligó a todos los colegios públicos del país a conceder a los reclutadores militares el mismo acceso que a las universidades; reclutadores del Ejército visitaban centros de bajos ingresos hasta cuarenta veces por año mientras los colegios de renta alta recibían cuatro visitas.

La operación Dover

El segundo dispositivo entró en funcionamiento el 21 de enero de 1991, en plena Guerra del Golfo. La fecha exacta importa porque revela la lógica que lo generó. En diciembre de 1989, durante la invasión de Panamá, tres cadenas emitieron en pantalla dividida una rueda de prensa de Bush padre, en la que el presidente bromeó, mientras en la mitad opuesta los primeros féretros de soldados caídos llegaban a Dover, Delaware. La Casa Blanca describió la cobertura como “ultrajante e injusta”. En febrero de 1991, al inicio de la operación terrestre en el Golfo, el Pentágono prohibió toda cobertura fotográfica y televisiva de la llegada de ataúdes a Dover.

La prohibición, instaurada por el secretario de Defensa Dick Cheney, se mantuvo durante dieciocho años. La aplicaron republicanos y demócratas con idéntica determinación. En marzo de 2003, semanas antes de la invasión de Irak, el Pentágono amplió la prohibición a todas las bases militares del país y emitió una directiva explícita, sin ceremonias de llegada ni cobertura mediática de los restos de militares fallecidos. El concepto operativo era preciso. Los analistas políticos llamaban al fenómeno el “Test de Dover”, la medida de cuántas bajas podía tolerar la opinión pública antes de que una guerra se volviera insostenible. La prohibición eliminaba el test. Desconectaba el contador de muertos del sistema nervioso político. Robert Gates, al levantar parcialmente la veda en febrero de 2009 bajo la administración Obama, admitió sin ambigüedad que nunca había estado cómodo con la justificación oficial basada en la privacidad de las familias. La justificación real no era un secreto para nadie que hubiera seguido el expediente. Se trataba de que la guerra no tuviera imagen.

“Las imágenes de las víctimas han tenido siempre consecuencias en la política de guerra, más notablemente en Vietnam, apodada ‘la guerra del salón’ por su cobertura televisiva extensiva, que incluía imágenes de féretros saliendo de los aviones como si bajaran de una cinta transportadora.” 
– Washington Post -, 2009

Los muertos que no existen

El tercer dispositivo es el más eficaz porque no requiere ninguna orden ejecutiva ni ninguna directiva clasificada. Funciona por omisión, por la simple ausencia de cualquier mecanismo que confiera existencia pública a las víctimas civiles extranjeras de las guerras estadounidenses. El Proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown estima que entre 2001 y 2023 más de 432.000 civiles murieron como consecuencia directa de la violencia en las guerras post-11 de septiembre en Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán. Si se añaden las muertes indirectas, aquellas producidas por la destrucción de sistemas sanitarios, infraestructuras y economías locales, el total asciende a entre 4,5 y 4,7 millones de personas. Cifras que no tienen nombre. Cifras que no tienen rostro en el espacio mediático estadounidense.

La asimetría es constitutiva. Las cadenas de televisión norteamericanas dedican recursos editoriales considerables a las 7.052 bajas militares propias en Irak y Afganistán; los 210.000 civiles iraquíes documentados por Iraq Body Count no merecen en cambio sino menciones estadísticas ocasionales, casi siempre encuadradas como daño colateral de una violencia que el texto periodístico atribuye de forma difusa a “el conflicto”, como si el conflicto hubiera emergido espontáneamente del suelo mesopotámico. Esta distribución desigual del duelo no es un accidente editorial sino una convención estructural del periodismo de guerra occidental, donde los muertos identificables son los que portan pasaporte del país que financia la redacción.

DATO CLAVE
El estudio del Lancet de 2006 estimó 655.000 muertes en exceso en Irak en los tres primeros años de ocupación, más del 90% violentas. Más de 38 millones de personas fueron desplazadas por las guerras post-11 de septiembre en ocho países. En 2024, un periodista era asesinado en zona de conflicto cada tres días.

El silencio sobre los muertos extranjeros tiene una función política que va más allá de la simple propaganda. Cuando un Estado conduce guerras que producen millones de víctimas sin que esas víctimas adquieran existencia pública para sus ciudadanos, el costo político de la guerra se acerca a cero. No hay imagen que prohibir porque nunca hubo voluntad de producirla. La filósofa Judith Butler describió este mecanismo como la distinción entre vidas “llorables” y vidas que no merecen ese estatuto. En las guerras estadounidenses recientes, la distinción no es filosófica sino operativa, aquella que define qué muertes activan el sistema político y cuáles lo dejan inerte.

El horizonte sin testigos

La trayectoria descrita no concluye en el presente. Tiene una lógica propia que señala con precisión hacia dónde se dirige. Si la abolición de la conscripción eliminó al ciudadano del campo de batalla físico, y si el drone warfare, la guerra por vehículos no tripulados a distancia, eliminó al operador del campo de batalla psicológico, el siguiente paso ya está en marcha. En enero de 2026, el Pentágono lanzó un desafío de cien millones de dólares para desarrollar sistemas de combate autónomos controlados por voz. El Project Maven, iniciado en 2017 como herramienta de análisis de vídeo de drones, tiene un contrato que asciende ahora a 1.300 millones hasta 2029; su directora de inteligencia declaró en 2025 que para junio de 2026 el sistema transmitiría inteligencia “100% generada por máquinas” a los comandantes en combate.

Para el ejercicio fiscal 2026, el Pentágono solicitó 14.200 millones de dólares para investigación en inteligencia artificial y sistemas autónomos. Estados Unidos y Rusia fueron los únicos grandes poderes militares que votaron contra la resolución aprobada en noviembre de 2025 por la Asamblea General de la ONU, que llamaba a negociar un tratado vinculante sobre armas autónomas letales antes de la Conferencia de Revisión de 2026. El mensaje de ese voto es transparente. Washington no tiene intención de que ningún instrumento jurídico limite la integración de la inteligencia artificial en su cadena de decisión letal.

La consecuencia lógica de esta trayectoria es una guerra que ya no requiere de ningún ciudadano en ningún momento del proceso. Ni como combatiente, ni como testigo, ni como elector que calcule el costo. Una guerra que ocurre como ocurren los procesos de servidores, en segundo plano, sin ventana visible, con registros de actividad que nadie consulta. Los muertos seguirán existiendo en algún lugar del mundo, por cientos de miles, quizás por millones. Lo que habrá desaparecido es cualquier obligación institucional de saberlo.

Conclusión

Lo que se describe en este texto no es una conspiración ni una anomalía. Es el funcionamiento normal de un Estado imperial que aprendió, tras Vietnam, que la única guerra sostenible es la que nadie tiene que justificar en casa. Los tres dispositivos, la clase militar profesional reclutada entre los que no tienen alternativa, la prohibición de imágenes de los propios muertos, la invisibilidad estructural de los muertos ajenos, no fueron diseñados en una sala de crisis sino sedimentados durante décadas por decisiones aparentemente rutinarias, una reforma administrativa, una directiva del Pentágono, una convención editorial. Su efecto combinado es una banalización de la guerra que no se parece en nada a la propaganda brutal de los regímenes autoritarios. Es algo más sofisticado y más estable, la ausencia de la guerra en la conciencia de quienes la financian y la votan.

La pregunta que merece seguimiento no es si este sistema sobrevivirá sino en qué forma se consolidará cuando la automatización letal lo haga completamente autónomo. Para entonces, la pregunta sobre el consentimiento democrático habrá dejado de ser incómoda. Habrá dejado simplemente de tener sentido…

G.S.

FUENTES

• Costs of War Project, Brown University, costsofwar.watson.brown.edu, 2023
• Iraq Body Count, iraqbodycount.org, julio 2024
• “Military Recruiters Target Isolated, Depressed Areas”, The Seattle Times, noviembre 2005
• “Photos of the Fallen and the Dover Ban”, Kansas Journal of Law and Public Policy, 2016
• “Ban on Media Coverage of Military Coffins Revisited”, NPR, febrero 2009
• “Pentagon to Lift Press Ban on Coffins at Dover”, The Washington Post, febrero 2009
• Defense Primer: U.S. Policy on Lethal Autonomous Weapon Systems, Congressional Research Service, Congress.gov, 2025
• “Regulating Lethal Autonomous Weapons Systems in a Fractured Multipolar Order”, Usanas Foundation, enero 2026
• “Future Warfare: The Autonomy Spectrum”, RobotToday, marzo 2026
• “The Military Views Poor Kids as Fodder for Its Forever Wars”, The New Republic, noviembre 2023
• Butler, Judith, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Paidós, 2010