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El Parque Nacional Natural Tayrona permanece cerrado por tiempo indefinido desde el 17 de febrero de 2026, tras una secuencia de eventos que revelan el colapso En 2 minutos
El Parque Nacional Natural Tayrona permanece cerrado por tiempo indefinido desde el 17 de febrero de 2026, tras una secuencia de eventos que revelan el colapso de la autoridad estatal sobre un territorio de alto valor turístico y simbólico. Este texto demuestra que la crisis no fue detonada por una emergencia climática ni por un ritual ancestral, sino por un operativo en Cañaveral que desmanteló infraestructuras ilegales y activó represalias contra los funcionarios del parque; que la presencia simultánea de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo configura un escenario de guerra territorial que las resoluciones oficiales eluden nombrar; y que las comunidades Kogui, históricamente excluidas del modelo concesionario y recién despojadas de su protección jurídica ancestral, aprovecharon el vacío para exigir coadministración y cobrar entrada por su cuenta. Explica cómo el centralismo en la gestión de parques naturales genera las condiciones para que actores locales, armados o no, llenen los espacios que el Estado no sostiene. Si solo puedes leer esto, quédate con esto; el Tayrona está cerrado porque nadie controla el territorio, y cada actor tiene razones estructurales para desafiar al que pretende hacerlo.
El cierre fue formalizado mediante la Resolución 091, firmada el 17 de febrero por Luis Olmedo Martínez Zamora, Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. La medida no tiene fecha de reapertura; depende de un concepto técnico favorable de la Oficina de Gestión del Riesgo, cuya jefa, Gipsy Vivian Arenas Hernández, fue precisamente la funcionaria que recibió amenazas directas tras el operativo del 11 de febrero. Que el instrumento legal para habilitar la reapertura esté a cargo de la misma persona amenazada no es un detalle administrativo menor.
El detonante, Cañaveral, 11 de febrero
La secuencia comenzó durante lo que la institución describió como una intervención rutinaria. El 11 de febrero, mientras el parque estaba en su periodo de descanso ambiental programado, funcionarios ingresaron al sector de Cañaveral para inhabilitar infraestructuras construidas sin autorización y apoyar actuaciones judiciales orientadas a documentar el uso indebido de zonas de importancia ecológica. El operativo implicó el levantamiento de elementos materiales probatorios, lo que indica investigaciones en curso sobre los intereses instalados dentro del parque. La respuesta no tardó; en horas circularon por redes sociales videos con amenazas directas contra la jefa del área protegida, y en los días siguientes se registraron actos intimidatorios en los accesos, con funcionarios obligados a despojarse del uniforme para circular por las vías internas.
DATO CLAVE.
La Resolución 091 del 17 de febrero fue revisada por Gipsy Vivian Arenas Hernández, Jefe de Gestión del Riesgo, directamente amenazada. El Artículo 7 ordena notificar el cierre a los cabildos gobernadores de cuatro pueblos; Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. La Sociedad Hotelera Tequendama, concesionaria de infraestructuras dentro del parque, también figura como destinataria obligatoria del acto administrativo.
La notificación a la Sociedad Hotelera Tequendama, junto a los ministerios y las comunidades indígenas, revela la naturaleza económica del espacio en disputa. El Tayrona no es solo un área de conservación; es una franquicia turística cuya explotación formal opera bajo concesión privada que concentra los ingresos sin redistribuirlos significativamente en el territorio.
El colapso institucional, 16 de febrero
El 16 de febrero, cuando el parque debía retomar operaciones normales, se produjo el colapso. Desde las primeras horas, comunidades locales e indígenas bloquearon el ingreso en El Zaino; al mediodía los bloqueos se habían extendido a Calabazo y Neguanje. En los tres puntos se registraron cobros no autorizados e ingreso de visitantes sin protocolos institucionales. El personal de Parques Nacionales, civil y desarmado, no tuvo más opción que retirarse. La Resolución 090 ordenó el cierre del sector Cañaveral; la 091, al día siguiente, extendió la medida a la totalidad del parque. La Capitanía de Puerto de Santa Marta suspendió todas las autorizaciones de zarpe, cerrando también el acceso marítimo a Cabo San Juan y Arrecifes.
Lo que el lenguaje administrativo describe como “pérdida de control institucional” es, en términos más precisos, la confirmación de que el Estado nunca ejerció soberanía real sobre ese territorio, sino una gestión de fachada viable solo mientras los actores con poder real sobre el terreno la toleraban.
La guerra que nadie nombra directamente
Las resoluciones 090 y 091 no atribuyen los hechos a ningún grupo armado, aunque recuerdan la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo y mencionan alertas recientes de la Defensoría del Pueblo. La omisión es calculada. La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar fue más directa; el parque vive simultáneamente el fuego cruzado entre las ACSN y el Clan del Golfo, mientras el Estado opera bombardeos propios contra las primeras en la zona aledaña. Tres lógicas de violencia superpuestas, sin que ninguna tenga interés en que la autoridad ambiental civil recupere el control.
Las ACSN, herederas del Bloque Tayrona de las AUC, cuentan según cifras de inteligencia con alrededor de 1.000 integrantes. Hace exactamente un año el Gobierno anunció negociaciones con ellas en el marco de la “paz total”; doce meses después, el proceso no registra avances y se maneja con hermetismo, según reportes de El Tiempo. El defensor Lerber Dimas lo formuló con precisión; en Santa Marta pagar extorsión se ha convertido en un servicio público más. Un parque que genera decenas de miles de visitantes al año es, en ese contexto, ante todo una infraestructura de recaudo.
La Línea Negra cae mientras el Tayrona arde
El 12 de febrero de 2026, un día después del operativo en Cañaveral, la Sección Primera del Consejo de Estado emitió un fallo que anuló el Decreto 1500 de 2018, la norma que protegía jurídicamente el territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. El fallo se conoció públicamente el 19 de febrero, cuando la crisis del Tayrona ya estaba en pleno desarrollo. La norma anulada definía la “Línea Negra”, un polígono con 348 sitios sagrados distribuidos en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, bajo cuya vigencia cualquier proyecto de infraestructura, hidrocarburos o construcción en esos territorios estaba obligado a realizar consulta previa con las autoridades tradicionales. La coincidencia temporal entre la demolición de infraestructuras comunitarias en Cañaveral y la eliminación del principal instrumento de protección territorial de los cuatro pueblos afectados no es un accidente del calendario; es el mapa de una desprotección sistemática ejecutada en dos frentes simultáneos, uno administrativo y otro judicial.
Los Kogui y la deuda histórica del modelo concesionario
Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui del Magdalena, lo formuló sin ambigüedad desde El Zaino mientras sus comunidades mantenían el control del acceso; desde que el Tayrona empezó a funcionar, los Kogui nunca recibieron apoyo económico ni fueron tenidos en cuenta en ninguna decisión. La exigencia es de coadministración total, con participación directa en los ingresos derivados del turismo. Moscote precisó que la movilización no concluirá mientras no exista un espacio formal de concertación con el Gobierno Nacional.
DATO CLAVE.
Según la defensora Norma Vera Salazar, el mecanismo de concesión privada del Tayrona ha “quitado responsabilidades al Estado y generado ganancias” para operadores privados mientras las comunidades históricas no reciben beneficios proporcionales. Las comunidades Kogui fijaron cobros propios durante el cierre; 50.000 pesos para extranjeros y 30.000 para nacionales. El Estado los notifica del cierre en el Artículo 7 de la resolución que tomó sin consultarlos.
Los cuatro pueblos notificados por la Resolución 091, Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, son exactamente los mismos cuyos territorios sagrados quedaron sin protección legal cinco días antes. La demolición de infraestructuras en Cañaveral y la anulación de la Línea Negra configuran, vistas en conjunto, la condición estructural que hace inevitable el conflicto; comunidades que pierden simultáneamente su sustento material y su amparo jurídico no tienen más recurso que ocupar físicamente lo que el Estado les niega por vía administrativa y judicial.
Conclusión
El cierre del Tayrona sin fecha de reapertura es el resultado predecible de un modelo que sistematizó la exclusión de sus habitantes históricos, tercerizó la operación a concesionarios privados y dejó la seguridad a cargo de funcionarios civiles desarmados en una zona de conflicto armado activo. La anulación de la Línea Negra, decidida en Bogotá el mismo día en que comenzaban las represalias contra los funcionarios del parque, añade una dimensión que transforma el análisis; lo que parecía una crisis de gobernanza local es también la expresión de una política sistemática de desprotección territorial que opera desde los tribunales y los decretos. Mientras el Estado convoca mesas de diálogo con los mismos actores a los que no ha escuchado en sesenta años, las ACSN y el Clan del Golfo consolidan el control que hace posible, o imposible, cualquier acuerdo alcanzado en Bogotá.
Lo que queda sin resolver es la pregunta de fondo; quién administra y quién se beneficia del territorio. La respuesta determinará si el Tayrona reabre como parque nacional o continúa funcionando como lo que ya es, un espacio donde distintas formas de autoridad compiten por los ingresos que genera sin que ninguna pueda garantizar la seguridad de quienes lo transitan…
G.S.
Fuentes
- Parques Nacionales Naturales de Colombia. Resolución 091 de 2026, “Por medio de la cual se ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona por condiciones de riesgo público”. Firmada por Luis Olmedo Martínez Zamora. 17 de febrero de 2026.
- Parques Nacionales Naturales de Colombia. Comunicado oficial. parquesnacionales.gov.co. 17 de febrero de 2026.
- Consejo de Estado, Sección Primera. Fallo de nulidad del Decreto 1500 de 2018 (Línea Negra). 12 de febrero de 2026.
- El Tiempo. “Las implicaciones detrás del cierre indefinido del Tayrona”. 17 de febrero de 2026.
- El Tiempo. “Tayrona: control total a indígenas Kogui, que ahora fijan tarifas y manejan el acceso”. 19 de febrero de 2026.
- El Tiempo. “¿Autodefensas ‘gobiernan’ El Rodadero, la Sierra Nevada y las zonas turísticas de Santa Marta?” Roger Urieles. 19 de febrero de 2026.
- El Espectador. “Koguis y campesinos reabrieron el paso al Tayrona pese a restricciones de Parques Nacionales”. 18 de febrero de 2026.
- Semana. “Cierre indefinido del parque Tayrona; Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta”. 18 de febrero de 2026.
- Infobae Colombia. “Comunidades indígenas del Tayrona rechazaron intervención estatal en el parque”. 19 de febrero de 2026.
- Zona Cero. “Violencia, inequidad en recursos y reclamación de indígenas, razones del cierre del Parque Tayrona”. Declaraciones de Norma Vera Salazar. 20 de febrero de 2026.
- Noticias RCN. “Anuncian el cierre indefinido del Parque Tayrona”. 17 de febrero de 2026.
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