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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos, la reforma laboral de Milei atomiza estructuralmente el poder de negociación colectiva trasladando convenios sectoriales hacia acuerdos por empresa. Este texto demuestra cómo el voto senatorial de madrugada (42-30) fragmenta jurídicamente el sindicalismo, cómo la extensión de “servicios esenciales” neutraliza la huelga y cómo la represión contra 15.000 manifestantes inauguró el nuevo régimen con gases lacrimógenos. Explica por qué el 43% de informalidad récord no se resolverá con jornadas de 12 horas. Si solo puedes leer esto, quédate con esto, la reforma no crea empleo formal, elimina el sindicalismo como contrapoder mediante fragmentación del conflicto laboral.
A las 2 de la madrugada del jueves 12 de febrero, después de 14 horas de debate parlamentario y varias cargas policiales contra manifestantes en las inmediaciones del Congreso, el Senado argentino aprobó la reforma laboral que Javier Milei considera el pilar de su modelo económico ultraliberal.
La votación no dejó margen para interpretaciones ambiguas, fueron 42 senadores a favor, 30 en contra, ninguna abstención. Karina Milei, secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, presenció el resultado desde uno de los palcos junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. La reforma, presentada bajo el eufemismo de “modernización laboral”, desmanteló en una sesión nocturna conquistas obreras que databan de la primera presidencia de Juan Domingo Perón en la década de 1940. No se trató de ajustes técnicos ni de actualización normativa, fue la liquidación administrativa de un sistema de relaciones laborales construido durante ocho décadas por el movimiento sindical argentino.
Atomización jurídica del poder obrero
El mecanismo central que explica por qué esta reforma no es una simple flexibilización laboral sino una operación de ingeniería social para desarmar el sindicalismo reside en el artículo que subordina los convenios colectivos sectoriales a los acuerdos establecidos dentro de cada empresa. Argentina es uno de los países más sindicalizados de América Latina, con una larga historia de organización obrera por rama de actividad, metalúrgicos, bancarios, transportistas, docentes, todos negociaban condiciones laborales a nivel nacional mediante convenios colectivos que establecían pisos mínimos para millones de trabajadores.
La reforma de Milei invierte esa lógica, traslada la negociación al interior de cada empresa donde el trabajador individual enfrenta solo a su empleador sin el respaldo de un sindicato con poder de movilización sectorial. La fragmentación es deliberada, un obrero de una fábrica automotriz en Córdoba ya no negocia bajo las mismas condiciones que otro de una planta en Buenos Aires aunque trabajen para el mismo sector industrial. Cada empleador puede pactar salarios, jornadas y condiciones específicas, lo que multiplica exponencialmente los escenarios de negociación y pulveriza la capacidad de presión sindical. Cuando la negociación se fragmenta, el capital recupera la iniciativa que había perdido frente a la organización obrera colectiva, principio documentado en cada desmantelamiento de legislaciones laborales protectoras desde la década de 1980.
DATO CLAVE
La informalidad laboral en Argentina alcanzó un récord histórico del 43% en 2025, lo que significa que casi la mitad de los trabajadores operan sin protecciones legales, sin aportes jubilatorios, sin cobertura médica. La pobreza afecta al 38% de la población según datos oficiales del último trimestre. Estos indicadores evidencian que el problema del mercado laboral argentino no es el exceso de regulación sino la ausencia de desarrollo industrial capaz de generar empleos formales.
La reforma introdujo además el concepto de “salario dinámico”, una fórmula que permite al empleador determinar pagos según el “mérito personal” del trabajador o su productividad individual. No se trata de bonificaciones por objetivos pactadas colectivamente, es la discrecionalidad patronal elevada a norma jurídica. El texto autoriza que los salarios sean pagados en dinero (moneda nacional o extranjera), en especie, en habitación o en alimentos, una regresión histórica que devuelve a Argentina al siglo XIX cuando los peones rurales recibían parte de su remuneración en mercancías del almacén de ramos generales del patrón.
La jornada laboral puede extenderse hasta 12 horas diarias mediante acuerdo entre empleador y trabajador, formulación engañosa porque asume simetría de poder entre quien necesita el empleo para sobrevivir y quien controla ese recurso escaso. Las vacaciones podrán fraccionarse a lo largo del año, las horas extra se eliminan mediante el sistema de “banco de horas” que compensa trabajo extraordinario con días libres futuros. En caso de enfermedad o accidente ajenos al trabajo, el empleado recibirá apenas el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo, seis meses si las tiene.
Restricción del derecho de huelga mediante extensión de servicios esenciales
La limitación del derecho de huelga no llegó mediante prohibición explícita, mecanismo que habría generado resistencias jurídicas inmediatas, sino a través de la ampliación del listado de sectores considerados “servicios esenciales” que deben mantener al menos el 75% de su funcionamiento normal durante conflictos laborales.
La legislación vigente solo contemplaba como esenciales la salud, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y el control del tráfico aéreo. El proyecto de Milei incorporó telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control de tráfico portuario, servicios aduaneros y migratorios, y educación en todos sus niveles excepto el universitario. La operación es matemática, si la mayoría de los sectores económicos quedan catalogados como esenciales, la huelga deja de ser herramienta de presión efectiva. Un paro de trabajadores portuarios que debe garantizar el 75% del funcionamiento normal apenas molesta a los importadores y exportadores, una huelga docente que obliga a mantener tres cuartas partes de las clases operativas pierde su capacidad de visibilizar el conflicto ante la sociedad.
“El poder disciplinario del capital sobre el trabajo no reside únicamente en la capacidad de despedir, sino en la posibilidad de fragmentar la resistencia colectiva mediante marcos jurídicos que impidan la acción sindical coordinada.”
– David Harvey –, geógrafo marxista británico, Breve historia del neoliberalismo (2007)
El mecanismo de indemnizaciones por despido también sufrió modificaciones sustanciales que abaratan el costo de prescindir de trabajadores. El nuevo cálculo excluye las vacaciones no gozadas, el aguinaldo (decimotercero salario obligatorio en Argentina) y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce la cifra total que un empleador debe abonar al finalizar una relación laboral.
Las grandes empresas podrán pagar las sentencias condenatorias por juicios laborales en hasta 6 cuotas, las pequeñas y medianas en 12 cuotas mensuales, dilución del costo que incentiva estrategias de litigio prolongado donde el trabajador necesita el dinero de forma urgente mientras la empresa puede esperar. El proyecto creó además el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo mediante el cual las propias empresas financian las indemnizaciones por despido que eventualmente deberán pagar, las grandes aportarán el 1% del salario de sus trabajadores a este fondo, las pequeñas y medianas el 2,5%. Se trata de un sistema de autofinanciamiento corporativo que privatiza el costo social del desempleo.
Gobierno minoritario, mayorías legislativas
Javier Milei asumió la presidencia argentina sin mayoría parlamentaria propia, La Libertad Avanza obtuvo apenas 38 diputados sobre 257 en la Cámara baja y 7 senadores sobre 72 en la Cámara alta tras las elecciones de 2025. La aprobación de esta reforma con 42 votos senatoriales evidencia que construyó alianzas legislativas con sectores del radicalismo, el PRO y bloques provinciales mediante negociaciones que probablemente incluyeron concesiones presupuestarias, nombramientos en organismos estatales y compromisos políticos de los que la ciudadanía no tiene registro público.
Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, defendió la reforma preguntando retóricamente si Argentina puede permitirse “15 años sin crear nuevos puestos de trabajo”, argumento que omite que el estancamiento del empleo privado registrado tiene causas estructurales vinculadas a la desindustrialización, la apertura comercial indiscriminada y la fuga de capitales, no a la rigidez de contratos laborales. El kirchnerismo, principal fuerza opositora, ya anunció que impugnará la ley ante la Corte Suprema por considerarla inconstitucional, estrategia jurídica que retrasará su implementación pero difícilmente la derogue dado que el máximo tribunal argentino tiene mayoría conservadora desde 2023.
DATO CLAVE
El Senado votó a las 2 de la madrugada después de 14 horas de debate. La votación general arrojó 42 votos a favor, 30 en contra, cero abstenciones. Luego se votaron por separado los 26 capítulos de la reforma, algunos con modificaciones respecto al texto original. Ahora la iniciativa pasa a Diputados donde el oficialismo proyecta tratarla en comisión la semana próxima y llevarla al recinto el 25 de febrero para sanción definitiva antes del 1 de marzo.
Mientras el Senado debatía artículo por artículo durante la noche del 11 al 12 de febrero, aproximadamente 15.000 manifestantes convocados por la CGT y otros sindicatos se concentraron en las inmediaciones del Congreso para rechazar la reforma. El operativo policial desplegado incluyó cientos de efectivos apostados detrás de vallas metálicas que bloqueaban el acceso al edificio legislativo. Hacia las 17 horas, cuando un grupo minoritario de manifestantes comenzó a arrojar piedras y proyectiles improvisados hacia las líneas policiales, las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones lanza-agua para dispersar la protesta.
La Policía Federal irrumpió directamente en la plaza y se llevó a manifestantes, algunos arrastrados por el suelo ante las cámaras de televisión que transmitían en directo. El saldo oficial reportó 15 heridos atendidos por equipos de primeros auxilios, 4 policías lesionados según el Ministerio de Seguridad y una treintena de detenidos. Marisa Bolaña, profesora de la Universidad Nacional de San Martín que participó en la movilización, calificó la reforma de “nefasta y esclavista” en declaraciones posteriores, argumentando que “esta reforma se asienta en una ideología fascista, deroga el estatuto del periodista y destruye el desarrollo industrial mientras promete generar empleo que no llegará”.
Precedente regional y exportación del modelo
La aprobación de esta reforma laboral en Argentina no ocurre en vacío geopolítico, se inscribe en una tendencia regional de desmantelamiento de legislaciones laborales protectoras que tiene en Chile su caso más avanzado tras la elección de José Antonio Kast en noviembre de 2025.
Kast, cuya asunción está programada para el 11 de marzo, ya anunció reformas similares que priorizan acuerdos de empresa sobre negociación colectiva sectorial y amplían la lista de servicios esenciales donde la huelga queda restringida. El modelo se replica con variaciones locales pero mantiene constantes estructurales, fragmentación jurídica de la negociación colectiva, precarización de indemnizaciones, extensión de jornadas laborales, restricción del derecho de huelga mediante catalogación de sectores esenciales.
Brasil, donde las elecciones presidenciales de octubre 2026 muestran un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro según encuestas recientes, podría ser el próximo campo de batalla si la derecha recupera el Palacio de Planalto. La Argentina de Milei funciona como laboratorio de ingeniería social neoliberal que empresarios y políticos conservadores del continente observan con atención para evaluar viabilidad política de reformas que hace una década habrían generado insurrecciones urbanas.
La reforma aprobada en el Senado argentino no resolverá el 43% de informalidad laboral ni creará los empleos formales que el discurso oficial promete, porque el problema del mercado de trabajo argentino no es regulatorio sino productivo. Sin reindustrialización, sin inversión en sectores que generen valor agregado, sin protección a la producción nacional frente a importaciones subsidiadas, no hay reforma laboral que revierta la precarización estructural.
Lo que sí hará esta ley es desactivar la capacidad del movimiento obrero para resistir el deterioro de sus condiciones de vida mediante la pulverización de su poder de negociación colectiva. El sindicalismo argentino, que durante décadas funcionó como amortiguador social de las crisis cíclicas del capitalismo periférico, queda ahora fragmentado en miles de negociaciones aisladas donde cada trabajador enfrenta solo a su empleador. La madrugada del 12 de febrero de 2026 no marcó una modernización laboral, certificó la liquidación administrativa de ochenta años de conquistas obreras mediante un voto senatorial obtenido con represión preventiva en las calles y acuerdos políticos opacos en los despachos…
G.S:
Fuentes
- Ley de Modernización Laboral, media sanción Senado argentino, 12 febrero 2026
- Informe votación nominal Senado, acta sesión extraordinaria, Honorable Congreso de la Nación
- “Reforma laboral completa, artículo por artículo”, La Nación, 12 febrero 2026
- “¿Qué cambia con la reforma laboral?”, Chequeado, 12 febrero 2026
- “El Senado argentino aprueba la polémica reforma laboral de Milei entre protestas violentas”, Euronews, 12 febrero 2026
- “Senado argentino avala la reforma laboral”, France 24, 12 febrero 2026
- Datos informalidad laboral e índice de pobreza, INDEC, cuarto trimestre 2025
- Declaraciones Marisa Bolaña (Universidad Nacional de San Martín), elDiario.es, 12 febrero 2026
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