Lectura estimada: 8 minutos · Por Gabriel Schwarb · 28 enero 2026
SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos: el Gobierno colombiano acaba de concretar una promesa histórica que ningún ejecutivo anterior se atrevió siquiera a formular. Desde enero de 2026, los soldados regulares perciben un salario mínimo completo por primera vez desde que existe la figura del servicio militar obligatorio. Este texto demuestra que la bonificación militar pasó de 47.668 pesos en 2002 a 1.750.905 pesos en 2026 (un incremento del 3.575%), documenta cómo la precarización sistemática convirtió a Colombia en exportador global de mercenarios, y explica por qué el Estado abandonó deliberadamente a quienes le entregan su juventud. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: la dignificación del soldado no es un gesto humanitario sino una corrección estructural de una injusticia que llevaba décadas alimentando la economía criminal transnacional.
Colombia lleva siete décadas exigiendo a sus jóvenes más pobres que entreguen su cuerpo al Estado a cambio de una cifra que, hasta hace semanas, no alcanzaba ni para enviar algo digno a sus familias. El video que circuló el 27 de enero de 2026, con soldados mostrando sus cuentas bancarias y uno de ellos gritando frente a la cámara un insólito “te amo, Petro”, es el documento visual de una deuda saldada. O al menos, el primer pago de una factura que los gobiernos anteriores prefirieron ignorar sistemáticamente mientras llenaban de retórica patriótica los discursos del 7 de agosto.
De la miseria institucionalizada al salario mínimo
La evolución de la bonificación para soldados regulares constituye un ejercicio de arqueología de la vergüenza. En 2002, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, un soldado que arriesgaba su vida en medio del conflicto armado más intenso de la historia reciente recibía 47.668 pesos mensuales. Ocho años después, al finalizar su segundo mandato, esa cifra apenas alcanzaba los 78.186 pesos. Juan Manuel Santos continuó la tradición del abandono calculado; en 2015, la bonificación rondaba los 94.392 pesos y solo con la Ley 1861 de 2017 se estableció un tope del 30% del salario mínimo, lo que en la práctica significó mantener a los uniformados en una zona de miseria formalizada.
El gobierno de Iván Duque heredó el esquema sin modificarlo sustancialmente. En 2020, un soldado regular percibía aproximadamente 263.341 pesos; en 2023, tras presiones sociales, la cifra subió a 348.000 pesos. Estas cantidades, que en cualquier análisis serio constituirían indicadores de explotación laboral estatal, se mantuvieron durante décadas bajo la coartada del “deber patriótico”. El Estado colombiano, que administra uno de los ejércitos más numerosos de América Latina con más de 225.000 efectivos, decidió que los 82.799 soldados regulares que conforman el grueso de su capacidad operativa merecían vivir en condiciones que ningún empleador privado podría sostener legalmente.
DATO CLAVE: El 97% de los soldados regulares colombianos no han terminado el bachillerato y provienen de las regiones más excluidas del país. Según el propio presidente Petro, la mayoría envía su bonificación “a la mamá, seguramente en algún barrio o en algún pueblo pobre de Colombia”.
La fábrica de mercenarios
La consecuencia más documentada de esta precarización estructural fue la conversión de Colombia en potencia exportadora de mano de obra militar. El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021 expuso ante el mundo un fenómeno que los sucesivos gobiernos colombianos habían decidido ignorar; 26 ex militares colombianos participaron en la operación, atraídos por ofertas de 2.500 a 3.500 dólares mensuales que multiplicaban por siete sus pensiones de retiro de apenas 400 dólares. La lógica era brutal en su simplicidad; el Estado invertía años en formar comandos especializados, muchos con entrenamiento estadounidense, para luego abandonarlos con pensiones miserables que los empujaban directamente hacia el mercado global de la violencia privatizada.
La Silla Vacía documentó en 2025 que entre 2.000 y 3.000 ex militares colombianos trabajan actualmente para cárteles mexicanos, principalmente el Cartel Jalisco Nueva Generación. Otros 300 combaten en el conflicto sudanés, reclutados por empresas vinculadas a Emiratos Árabes Unidos. Algunos llegaron a Ucrania antes de terminar en el “triángulo de la muerte” mexicano. Fuentes militares consultadas por agencias internacionales tras el magnicidio haitiano admitieron que el reclutamiento de colombianos como mercenarios venía de tiempo atrás, pero que ninguna norma lo prohibía ni lo impedía. Colombia asumía el costo de formación, los contratistas extraían el valor agregado, y las consecuencias geopolíticas se distribuían por todo el planeta mientras Bogotá fingía sorpresa cada vez que un escándalo internacional los exponía.
DATO CLAVE: Cada año salen entre 4.000 y 6.000 soldados profesionales e infantes de marina de las Fuerzas Militares colombianas. Todos altamente entrenados, curtidos por un conflicto activo, y con pensiones que no superan el equivalente a 400 dólares mensuales.
La ruptura del ciclo
El fenómeno de los mercenarios colombianos no surgió por accidente ni por vocación criminal de los veteranos; fue el resultado predecible de una política de abandono que ningún gobierno quiso corregir. La administración de Gustavo Petro decidió atacar el problema desde la raíz, implementando un incremento gradual que comenzó con el Decreto 1557 de 2023, elevando la bonificación del 30% al 50% del salario mínimo. La Ley 2384 de 2024 la llevó al 70%, situando a los soldados regulares en 996.450 pesos para 2025. Finalmente, desde enero de 2026, la bonificación equivale al 100% del salario mínimo legal vigente; con el auxilio de transporte incluido, los uniformados perciben ahora 1.750.905 pesos mensuales. El incremento acumulado desde 2022 representa una multiplicación por cinco del ingreso.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez calificó la medida como un “acto de justicia histórica” y vinculó explícitamente la dignificación salarial con la prevención del fenómeno mercenario. Adicionalmente, el Decreto 466 de 2025 estableció un incentivo del 15% adicional para el personal desplegado en zonas de alta peligrosidad como el Catatumbo, reconociendo que el riesgo diferenciado merece compensación diferenciada. La lógica gubernamental articula tres elementos; evitar que los uniformados recurran a la ilegalidad para complementar sus ingresos, garantizar que las familias de origen popular reciban un sustento digno, y reducir el atractivo del reclutamiento por parte de estructuras criminales transnacionales.
Las implicaciones del reconocimiento
La celebración espontánea de los soldados, documentada en videos que circularon masivamente el 27 de enero, revela algo más profundo que un simple ajuste económico. El grito “te amo, Petro” de un uniformado visiblemente emocionado, mientras el ministro de Defensa bailaba mapalé con la tropa, constituye una ruptura simbólica con décadas de relación instrumental entre el Estado y sus soldados. Colombia nunca había presenciado una expresión pública de gratitud de sus fuerzas armadas hacia un gobierno civil, menos aún hacia uno identificado con la izquierda histórica.
La medida también reformula la narrativa sobre el servicio militar obligatorio. Históricamente, prestar servicio constituía una carga que las clases medias y altas evitaban mediante cuotas compensatorias o exenciones universitarias, mientras los jóvenes de sectores populares, campesinos e indígenas asumían desproporcionadamente el peso de la obligación constitucional. El nuevo esquema no elimina esa desigualdad estructural, pero al menos garantiza que quienes no tienen alternativa reciban algo más que una cifra simbólica. El Estado colombiano, por primera vez, reconoce implícitamente que quien entrega 18 meses de su vida merece al menos lo mínimo que la ley establece para cualquier trabajador.
Conclusión
La dignificación salarial de los soldados regulares cierra un capítulo de explotación normalizada que ningún gobierno anterior quiso abordar. Los argumentos presupuestarios que justificaron décadas de bonificaciones miserables resultaron, retrospectivamente, decisiones políticas antes que restricciones fiscales; el mismo Estado que financiaba compras de armamento sofisticado decidió mantener a su tropa en condiciones de precariedad que alimentaron directamente el mercado global de mercenarios. La corrección actual no borra esa historia, pero establece un piso mínimo de dignidad que, incomprensiblemente, había resultado demasiado costoso para Uribe, Santos y Duque. Queda por verse si el próximo gobierno mantendrá esta política o si volverá a la tradición nacional de exigir patriotismo a cambio de migajas. Lo que no podrá negar nadie es que fue necesario un presidente de izquierda para que el soldado colombiano dejara de ser, en términos económicos, un voluntario forzado…
G.S.
Fuentes
- Presidencia de la República de Colombia, comunicado oficial convocatoria servicio militar, 5 febrero 2025
- ColombiaCheck, verificación comparativa salarios soldados 2002-2025, agosto 2025
- Función Pública, Decreto 615 de 2025 régimen salarial Fuerza Pública
- Función Pública, Decreto 466 de 2025 incentivo Catatumbo
- La Silla Vacía, investigación mercenarios colombianos en el exterior, agosto 2025
- Ley 2384 de 2024, modificación Ley 1861 de 2017 sobre bonificación militar
- Reuters, declaraciones fuentes militares post-Haití, julio 2021
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