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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos, la mecánica del miedo. Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026; la prensa tradicional activó inmediatamente su protocolo habitual. Este texto demuestra que un estudio de la OIT documentó una brecha del 48% entre el salario mínimo legal y el ingreso necesario para cubrir necesidades básicas, que la evidencia empírica desmiente las espirales inflacionarias predichas, y que los gremios empresariales omiten sistemáticamente estos datos en su cobertura mediática. No se trata de defender una política gubernamental sino de exponer cómo opera la manufactura del consentimiento económico. Si solo puedes leer esto, quédate con esto; cuando los dueños de los medios son los mismos que pagan los salarios mínimos, el encuadre noticioso no es neutral.
El anuncio presidencial del 29 de diciembre no surgió del vacío. La Organización Internacional del Trabajo presentó ante la Comisión de Concertación un estudio técnico que estableció, con datos del DANE, que un hogar colombiano promedio de cuatro personas requiere aproximadamente $3 millones mensuales para cubrir la canasta básica vital. Considerando que en promedio 1,5 personas aportan ingresos por familia, el salario mínimo vital debería situarse en $2.104.000 para 2025. Frente al mínimo vigente de $1.423.500, la brecha asciende a $680.500; un rezago cercano al 48% que evidencia décadas de política salarial diseñada para mantener la mano de obra barata. Ninguno de los titulares alarmistas de la prensa tradicional mencionó este estudio. Ninguno explicó de dónde provenía la brecha ni quiénes la habían acumulado durante gobiernos anteriores.
LA BRECHA QUE DESAPARECE DEL ENCUADRE
La metodología de la OIT identificó cuatro componentes esenciales para estimar el costo de vida; alimentación suficiente para cumplir con 2.950 calorías diarias por adulto equivalente, vivienda con materiales durables y acceso a servicios básicos, salud y educación, y gastos esenciales adicionales. El Convenio 131, ratificado por Colombia, establece que el salario mínimo debe considerar las necesidades de los trabajadores y sus familias. El dato fue presentado en la primera reunión de la Comisión de Concertación. Los empresarios lo escucharon, lo ignoraron públicamente y propusieron un aumento del 7,21%, inferior incluso a la inflación observada. Los medios de comunicación reprodujeron fielmente la posición empresarial sin contextualizar la magnitud de la brecha documentada por el organismo internacional.
“El estudio demuestra que el salario mínimo en Colombia no es un salario vital. La diferencia entre el ingreso mínimo legal y el costo de vida es el resultado de un rezago acumulado durante años de incrementos que no tuvieron como referencia las necesidades reales de los hogares.”
– Estudio OIT- , Comisión de Concertación, noviembre 2025
La reacción empresarial siguió el guion habitual. Bruce Mac Master (ANDI) calificó la medida de “populista” y advirtió sobre “grandes riesgos para la economía”. Jaime Cabal (Fenalco) declaró que la mesa de concertación fue “una farsa”. Katherine Miranda escribió en redes sociales la fórmula mágica; “Bienvenidos al chavismo colombiano”. El denominador común fue la omisión sistemática del estudio OIT, la ausencia de cualquier referencia a la brecha del 48%, y la presentación de los voceros patronales como analistas desinteresados cuando representan precisamente los intereses afectados por los aumentos salariales.
DATO CLAVE: Según la OIT, para un hogar de 4 personas el costo mensual de la canasta básica vital fue de $2,98 millones en 2024. Con 1,5 perceptores promedio por familia, el salario vital debería ser de $1.988.640 netos. El salario mínimo actual representa apenas el 71,6% de ese umbral.
El mito inflacionario frente a la evidencia
La amenaza inflacionaria constituye el argumento central del arsenal retórico patronal. México aumentó su salario mínimo en 81,2% en términos reales entre 2016 y 2022. Los estudios académicos publicados en revistas indexadas demuestran que los costos laborales no fueron causantes de espirales inflacionarias. El caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario se duplicó en 2019, registró un efecto inflacionario de apenas 2,9% y ningún impacto significativo sobre el empleo. La investigación de Campos-Vázquez y Esquivel documentó que el ingreso laboral aumentó 9% sin los efectos catastróficos predichos. La explicación reside en que el valor producido por el factor trabajo era muy superior a los nuevos niveles salariales; los aumentos pudieron absorberse sin afectar significativamente costos de producción ni márgenes empresariales.
La comparación México-Colombia tiene límites que conviene explicitar. Las estructuras productivas difieren, la informalidad mexicana era menor, y la zona fronteriza tiene características particulares vinculadas a la industria maquiladora. Sin embargo, el principio subyacente permanece válido; cuando los salarios parten de bases muy deprimidas respecto a la productividad real, existe margen considerable para incrementos sin efectos inflacionarios proporcionales. Colombia arrastra precisamente esa brecha documentada por la OIT.
“Los estudios que se han hecho demuestran que no se generaron ningún empleo adicional con la flexibilización laboral y que, por el contrario, lo que hubo fue mayor desigualdad entre empresarios y trabajadores.”
– Análisis académico- sobre la Ley 789 de 2002
Los indicadores colombianos permiten una evaluación matizada. Según el DANE, el desempleo pasó de 10,6% en agosto de 2022 a 7,0% en noviembre de 2025, el nivel más bajo desde 2001. La informalidad se redujo levemente de 57,5% a 55,4%, aunque este último dato muestra un estancamiento preocupante. No hubo apocalipsis, pero tampoco transformación estructural del mercado laboral. La evidencia desmiente las profecías catastrofistas sin validar automáticamente cualquier política gubernamental. Lo que sí demuestra es que las predicciones patronales de desastre han fallado sistemáticamente durante tres años consecutivos.
DATO CLAVE: El DANE registró en noviembre 2025 la tasa de desempleo más baja del siglo (7,0%). Sin embargo, la informalidad permanece en 55,4%, afectando a 13,6 millones de trabajadores. Los aumentos salariales benefician principalmente al sector formal.
Quién paga la publicidad define el encuadre
La mecánica de la desinformación opera mediante protocolos establecidos. Primero, la invocación del fantasma venezolano; cualquier política redistributiva se equipara con el “chavismo”. Segundo, la presentación de voceros empresariales como expertos neutrales; los presidentes de ANDI y Fenalco aparecen como analistas desinteresados sin que nadie señale el conflicto de intereses evidente. Tercero, la omisión de datos incómodos; el estudio OIT, la brecha del 48%, la evidencia comparada, todo desaparece del encuadre.
La estructura de propiedad de los medios colombianos explica parcialmente este sesgo. Los grupos económicos que controlan las principales cadenas tienen intereses directos en los costos laborales. No se trata de conspiración sino de convergencia de intereses. El resultado es una cámara de eco donde las voces sindicales aparecen como radicales mientras las patronales encarnan la sensatez técnica. Conviene también señalar un matiz que la narrativa gubernamental omite; el impacto diferenciado sobre las empresas. Para los grandes grupos económicos representados por ANDI, un aumento salarial es absorbible. Para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, el ajuste presenta desafíos reales que merecen políticas complementarias de alivio fiscal o crediticio.
Conclusión
El aumento del 23,7% no es ni el regalo navideño que celebra el gobierno ni la catástrofe que anuncian los gremios. Es un pago parcial de una deuda histórica documentada por la OIT, cuya magnitud la prensa tradicional prefirió no mencionar. La verdadera noticia no es que un presidente decida aumentar salarios; es que durante décadas nadie consideró noticia que el salario mínimo cubriera menos de la mitad de las necesidades básicas familiares. El periodismo que omite el contexto mientras amplifica la alarma no informa; manufactura consentimiento. Y en Colombia, quienes pagan la publicidad suelen ser los mismos que pagan los salarios mínimos…
G.S.
Fuentes
- Estudio sobre salario mínimo vital, Organización Internacional del Trabajo, noviembre 2025
- Decreto de aumento salarial, Presidencia de la República de Colombia, 29 de diciembre de 2025
- Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE, noviembre 2025
- “Salario mínimo e inflación en México. Un análisis desde la inflación de costos”, Scielo México, 2024
- Campos-Vázquez, R. y Esquivel, G., “Efectos del salario mínimo en la ZLFN”, 2020
- Comunicado ANDI, Bruce Mac Master, 29 de diciembre de 2025
- Convenio 131 sobre fijación de salarios mínimos, OIT
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