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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos, el paro armado del ELN de diciembre de 2025 es una operación de desestabilización que beneficia a la derecha colombiana y al narcotráfico transnacional, no una resistencia antiimperialista. Este texto demuestra que el ELN controla 55 000 hectáreas de coca y unos 5 800 combatientes dedicados al negocio de la cocaína, que sus acciones sistemáticamente perjudican al único gobierno de izquierda de la historia colombiana, y que Trump acaba de indultar a un narcopresidente hondureño mientras amenaza a Colombia. Explica el mecanismo histórico de instrumentalización de grupos armados latinoamericanos y por qué la retórica antiimperialista sirve de cobertura al crimen organizado. Si solo puedes leer esto, quédate con esto; quien ataca a Petro invocando a Camilo Torres mientras trafica 400 toneladas de cocaína anuales no es un guerrillero, es un narco con departamento de prensa.
El ELN declaró un paro armado de 72 horas entre el 14 y el 17 de diciembre, supuestamente contra las amenazas de Trump. Cinco muertos, 51 incidentes, trece departamentos paralizados. La pregunta no es por qué actúa el ELN; es a quién beneficia.
La puesta en escena
El comunicado del ELN invocaba resistencia al “plan neocolonial” estadounidense, defensa de la soberanía, legado bolivariano. Retórica impecable. El problema es que las víctimas fueron campesinos colombianos, conductores, policías de pueblo. El imperialismo de Trump no sufrió ningún rasguño; quien sufrió fue el gobierno de Petro, obligado a responder a una crisis de seguridad a un año de las elecciones presidenciales.
La contradicción es insultante. Un grupo que dice combatir al imperio paraliza la economía del único país latinoamericano gobernado por un presidente que ha denunciado el bloqueo a Cuba, restablecido relaciones con Venezuela, cuestionado la “guerra contra las drogas” como instrumento de dominación. Petro representa exactamente el tipo de gobierno que una guerrilla revolucionaria debería defender. En cambio, el ELN lo ataca sistemáticamente desde agosto de 2022. La explicación requiere abandonar la ficción de que el ELN sigue siendo una guerrilla.
Traquetos disfrazados de guerrilleros
El presidente Petro no usa eufemismos. El 15 de diciembre, durante una ceremonia de la Policía Nacional, declaró que los miembros del ELN son “traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro”. Dos días después amplió en su cuenta de X; “El ELN no es una guerrilla, es un grupo que maximiza ganancias del narcotráfico y del oro ilegal”. No es una acusación ideológica; es una descripción operativa.
Los números lo confirman. Según Insight Crime, el ELN cuenta con aproximadamente 5 800 combatientes distribuidos entre Colombia y Venezuela, controla unos 231 municipios en 19 departamentos, y domina en el solo Catatumbo unas 55 000 hectáreas de coca con capacidad de producir 400 toneladas de cocaína anuales. Petro ha señalado vínculos con el cartel de Sinaloa. La transformación es completa; de la teología de la liberación de Camilo Torres a la logística del narcotráfico mexicano.
“Llegaron a hacer una revolución para cambiar la vida y han terminado en lo contrario. Una fuerza extranjera ocupando el territorio.”
– Gustavo Petro -, enero de 2025
DATO CLAVE
El ELN realizó cuatro paros armados en 2025, todos en momentos políticamente críticos para Petro. El de diciembre es el primero con alcance nacional, a doce meses de las presidenciales.
¿Por qué un cartel mantiene fachada ideológica? Porque la etiqueta de “guerrilla” proporciona cobertura política, dificulta la cooperación militar internacional, permite invocar el “conflicto armado” cuando el Estado intenta combatirlos como criminales. Un narcotraficante puede ser extraditado; un “comandante guerrillero” puede sentarse en La Habana.
Cui bono
Alguien objetará que el ELN tiene autonomía, que sus conflictos con las disidencias de las FARC en el Catatumbo responden a lógicas territoriales propias, que la tensión con el propio gobierno venezolano demuestra independencia. Todo eso puede ser cierto y es irrelevante. La pregunta no es si el ELN actúa por órdenes externas; es quién se beneficia objetivamente de cada una de sus acciones.
En enero, la ofensiva del Catatumbo dejó 50 000 desplazados y 80 muertos. Álvaro Uribe acusó inmediatamente a Petro de “debilidad”. En septiembre, el atentado de Puerto Jordán precipitó la ruptura de las negociaciones; la derecha celebró. En diciembre, el paro armado ofrece material electoral perfecto. El patrón es consistente; cada acción del ELN fortalece la narrativa uribista.
El propio ELN, en sus comunicados, ataca a Petro con argumentos intercambiables con los del Centro Democrático. En diciembre de 2024 lo acusaron de “gestión errática” e “inclinarse a la sombra de los viejos poderes”. En junio de 2025, de “falsas promesas” e “instrumentalizar las luchas sociales”. La coincidencia retórica con la oposición es notable; la coincidencia de intereses, más aún. Tanto el ELN como la derecha necesitan que Petro fracase. El ELN prospera en el conflicto; la paz significaría desmovilización, rendición de cuentas, pérdida de rutas. Petro representa la única salida negociada posible. Por lo tanto, el ELN la sabotea.
El mecanismo conocido
Esto no es nuevo. La utilización de grupos armados como instrumentos de desestabilización es política exterior estadounidense documentada, con un mecanismo recurrente; financiamiento encubierto, cobertura ideológica (anticomunismo ayer, antiterrorismo hoy), vínculos con el narcotráfico que Washington finge ignorar mientras sirvan a sus intereses.
Los Contras nicaragüenses fueron creados por la CIA en 1981. El Global Terrorism Database registra 1 300 ataques terroristas. La Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos en 1986; Washington ignoró el fallo. El Comité Kerry del Senado documentó en 1989 que la operación se financió parcialmente con cocaína. En Colombia, el general Yarborough recomendó en 1962 desarrollar capacidades “paramilitares, de sabotaje y terroristas” con apoyo estadounidense. Las AUC, responsables del 75% de los asesinatos políticos entre 1995 y 2001 según Human Rights Watch, operaron durante años mientras el Plan Colombia enviaba miles de millones.
El patrón no requiere coordinación explícita. Basta con que los intereses converjan y que Washington mire hacia otro lado cuando conviene. La pregunta es si está mirando hacia otro lado ahora.
Honduras, la prueba de coherencia
El 1 de diciembre de 2025, Trump indultó a Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por facilitar más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Los fiscales de Nueva York probaron que recibió sobornos de El Chapo Guzmán. Tres días después, Honduras celebró elecciones.
Los resultados oficiales dieron la victoria a Nasry Asfura del Partido Nacional (el partido de Hernández) con 40,52% contra 39,48% de Salvador Nasralla. Pero el proceso exhibió anomalías técnicas documentadas. Según denuncias de Nasralla, el sistema TREP sufrió un apagón de pantalla a las 3;24 de la madrugada del 4 de diciembre, tras el cual los conteos se invirtieron. Se identificaron 2 773 actas con inconsistencias (aproximadamente 500 000 votos); solo 1 081 fueron aprobadas para escrutinio especial. El Departamento de Estado declaró no encontrar “evidencia creíble de fraude”. Nasralla habló de “fraude monumental”.
La contradicción es insostenible. Trump amenaza a Colombia en nombre de la lucha antinarcóticos mientras libera al arquitecto de un narco-Estado y su partido retiene el poder en circunstancias cuestionadas. La “guerra contra las drogas” se revela como instrumento selectivo; aplicable a gobiernos incómodos, ignorable cuando los narcos son aliados.
El contexto que nadie menciona
El paro armado del ELN ocurrió entre el 14 y el 17 de diciembre. El 19 de diciembre vence el plazo legal para que el Departamento de Justicia publique los archivos Epstein, según la ley aprobada por el Congreso el 18 de noviembre (427 votos a favor, 1 en contra en la Cámara). El 12 de diciembre se publicaron 19 fotografías de Trump con Epstein. La Comisión de Supervisión de la Cámara había divulgado el 12 de noviembre 23 000 páginas del patrimonio de Epstein.
Puede ser coincidencia. Puede no serlo. Lo verificable es que una crisis latinoamericana consume oxígeno mediático precisamente cuando la atención debería estar en otra parte. El mecanismo de distracción no requiere conspiración; requiere oportunidad y actores dispuestos a aprovecharla.
Conclusión
El ELN de 2025 no es una guerrilla; es una organización narcotraficante con fachada ideológica. Sus acciones benefician objetivamente a la derecha colombiana y perpetúan el conflicto que necesita para operar. Trump indulta narcopresidentes mientras amenaza a gobiernos progresistas. El patrón histórico de instrumentalización de grupos armados está documentado. Ninguna de estas afirmaciones requiere teoría conspirativa; solo requiere observar quién gana y quién pierde. Petro lo resumió con precisión; son traquetos disfrazados de guerrilleros. La única pregunta pendiente es si el disfraz engaña a alguien todavía…
G.S.
Fuentes
- Declaraciones presidente Gustavo Petro, cuenta oficial X, 14-17 diciembre 2025
- Insight Crime, “ELN Profile”, actualizado agosto 2024
- El Orden Mundial, “Cómo la última guerrilla de Occidente terminó convertida en un narcoejército”, septiembre 2025
- Comunicados ELN, diciembre 2024 y junio 2025
- US District Court SDNY, sentencia Juan Orlando Hernández, junio 2024
- Congress.gov, Epstein Files Transparency Act, noviembre 2025
- House Oversight Committee, documentos patrimonio Epstein, noviembre 2025
- Global Terrorism Database, Contras nicaragüenses
- Human Rights Watch, “The Ties That Bind”, 2000
- Comité Kerry, “Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy”, US Senate, 1989
- CIJ, Nicaragua vs. Estados Unidos, 1986
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