Lectura estimada: 9 minutos · Por Gabriel Schwarb ·
SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos: quince kilómetros de documentos sobre cincuenta y ocho años de inteligencia política del Estado colombiano. Petro firmó hoy el decreto de desclasificación de los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad, creado como Servicio de Inteligencia Colombiana en 1953 por Rojas Pinilla, rebautizado DAS en 1960 por Lleras Camargo y disuelto en 2011 por Santos tras el escándalo de las chuzadas. Este texto demuestra que Colombia abre el mayor fondo de inteligencia política jamás desclasificado en América Latina, que la Jurisdicción Especial para la Paz trabaja sobre los documentos originales desde 2018 sin restricciones, y que el desafío central no es la anonimización sino la sistematización archivística que requiere presupuesto sustancial. Explica que los quince kilómetros documentan persecución contra Unión Patriótica, defensores de derechos humanos, víctimas de falsos positivos y profesores señalados como enemigos internos. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: la desclasificación es un hito histórico en transparencia estatal, pero su efectividad depende de recursos técnicos para sistematizar el material y facilitar búsquedas que hoy son rudimentarias.
Petro firmó el decreto durante acto de reconocimiento al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, perseguido cuarenta y cinco años según la Corte Interamericana. “La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora. No es hasta junio”, afirmó, adelantando un proceso que inicialmente debía esperar hasta mediados de 2025. Amenazó con extender la desclasificación a la DIPOL: “La más poderosa, es una caja oscura para mí y va a ser una caja transparente”.
Del Servicio de Inteligencia Colombiana al colapso del DAS
El aparato de inteligencia política del Estado colombiano nació en 1953 como Servicio de Inteligencia Colombiana durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En 1960, el presidente Alberto Lleras Camargo reorganizó la entidad y le dio el nombre de Departamento Administrativo de Seguridad. Durante cincuenta y un años el DAS operó como organismo de inteligencia adscrito directamente a la Presidencia de la República, acumulando expedientes sobre opositores, infiltrando organizaciones sociales, construyendo listas negras y facilitando operaciones contra personas señaladas como enemigas internas. El gobierno de Álvaro Uribe profundizó ese deterioro, convirtiendo al DAS en una máquina de delitos políticos según documentación judicial posterior.
Los quince kilómetros de documentos conservados bajo custodia del Archivo General de la Nación representan el mayor fondo de inteligencia política jamás desclasificado en América Latina. Ese volumen contiene todo lo que durante décadas permaneció clasificado. La persecución sistemática contra la Unión Patriótica desde su fundación en 1985 hasta su exterminio como fuerza política mediante asesinatos selectivos coordinados entre agentes estatales y estructuras paramilitares. Los seguimientos contra defensores de derechos humanos que terminaron asesinados tras años de fichaje institucional. Los expedientes de inteligencia que facilitaron ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. La documentación sobre despojos de tierras coordinados entre funcionarios públicos y grupos armados ilegales. Los registros de masacres en las que información de inteligencia estatal fue transferida a paramilitares. Los perfiles de profesores universitarios señalados como subversivos. Los archivos sobre periodistas, magistrados, sindicalistas, líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes y cualquier ciudadano que ejerció disenso político entre 1953 y 2011.
DATO CLAVE:
El fondo documental incluye todos los casos de seguridad nacional procesados entre 1953 y 2011. Los quince kilómetros bajo custodia del Archivo General de la Nación abarcan cincuenta y ocho años de operaciones de inteligencia política. La Jurisdicción Especial para la Paz accede a los documentos originales desde 2018 mediante medidas cautelares que garantizan consulta directa sin anonimización previa.
El fondo no se reduce a las chuzadas reveladas en 2008. Esas interceptaciones ilegales masivas contra magistrados, políticos de oposición y periodistas durante el gobierno de Uribe constituyen el último episodio de una práctica sistemática que atravesó once presidencias. El escándalo revelado por la revista Semana en febrero de 2008 desencadenó investigaciones que culminaron en 2015 con condenas a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia bajo Uribe. Para entonces el DAS estaba en total deterioro después del escándalo y la cooptación paramilitar documentada judicialmente. El decreto ley 4057 de 2011 lo suprimió formalmente, pero sus archivos permanecieron clasificados durante catorce años.
La JEP trabaja sobre originales desde 2018
La desclasificación ordenada hoy no inicia el acceso al fondo. La Jurisdicción Especial para la Paz dictó medidas cautelares desde 2018 sobre el archivo estableciendo procedimientos que por indicación judicial permiten a víctimas, operadores judiciales y administrativos acceder al fondo. Casos como el de la Unión Patriótica, el del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la búsqueda de desaparecidos avanzan sobre los documentos al interior del Archivo General de la Nación. El auto 01 de marzo de 2018 ordenó al gobierno poner a disposición los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, estableciendo medida cautelar para garantizar conservación integral.
El auto OPV 182 de abril de 2023 modificó medidas cautelares y ordenó al Archivo General realizar diagnóstico integral, clasificación y organización de todos los archivos bajo custodia. Ese auto liberó acceso sin requerir autorización judicial previa de la JEP para continuar trámites de consulta. La resolución 562 de 2023 del Archivo General declaró el fondo como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico, blindándolo jurídicamente contra destrucción o manipulación. El auto OPV 778 de julio de 2025 ordenó adelantar foliación, restauración, descripción y digitalización, proceso archivístico que debe preceder consulta pública masiva.
Cronología clave:
- 2018: Auto 01 JEP ordena acceso directo, medidas cautelares sobre conservación
- 2023 abril: Auto OPV 182 libera acceso sin autorización judicial previa
- 2023 noviembre: Resolución 562 AGN declara fondo como Bien de Interés Cultural
- 2024 marzo: Corte IDH condena a Colombia por persecución al CAJAR
- 2025 julio: Auto OPV 778 ordena digitalización y sistematización
- 2025 octubre: Petro firma decreto de desclasificación pública
La anonimización prevista en el decreto se aplica sobre copias, nunca sobre originales. En archivística los originales no se tocan jamás y sobre ellos los procesos de esclarecimiento y justicia pueden seguir trabajando sin restricciones. La anonimización está pensada para proteger víctimas y terceros sin responsabilidades, no para ocultar funcionarios responsables. Las directrices archivísticas evitan negacionismo porque están los registros de quién ocupaba qué rol en qué fecha y la cadena de órdenes está definida documentalmente. El proceso de anonimización es complejo y genera discusiones técnicas inevitables, como ha ocurrido con el fondo de la Comisión de la Verdad durante años, pero en esencia no es sustancial y no evita que las verdades emerjan ni que la justicia acceda a documentación original sin restricciones.
Cuarenta y cinco años de persecución documentada
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el 18 de marzo de 2024 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por perseguir, hostigar y vigilar sistemáticamente a integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y sus familias durante más de cuarenta y cinco años consecutivos. “Han sido más de cuarenta y cinco años consecutivos de persecución contra nuestra organización defensora de derechos humanos. El Estado colombiano ha tenido la intención de evitar que nuestras abogadas y abogados desarrollen su labor de representación de víctimas y lucha contra la impunidad porque les interesaba acabar con el Cajar. Todo esto pagado con impuestos de los colombianos, eso es inadmisible”, afirmó Yessika Hoyos Morales, presidenta del CAJAR, según consta en la sentencia de la Corte IDH.
La Corte estableció que Colombia violó catorce derechos fundamentales, comprobó que información del DAS fue entregada a organizaciones paramilitares que posteriormente atacaron a defensores de derechos humanos, y ordenó dieciséis medidas de reparación integral. El tribunal documentó que desde la década de 1990, diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia contra miembros del CAJAR, incluyendo interceptaciones de comunicaciones, seguimientos, vigilancia de familias e infiltración de esquemas de seguridad. El DAS creó el Grupo Especial de Inteligencia 3, conocido como G3, que ejecutó operaciones sistemáticas contra la organización durante años.
“Pido disculpas por lo que un Estado genocida hizo en Colombia, pero ese Estado aún no ha pedido perdón y sigue intentando ocultar la verdad”, afirmó Petro durante el acto de reconocimiento. El mandatario cuestionó decisiones judiciales que limitan acceso a confesiones de paramilitares ante la JEP. “No se acaba mi Gobierno sin que haya una política de desclasificación de archivos”, advirtió, señalando que la apertura del fondo del DAS es el primer paso de una política más amplia de transparencia sobre aparatos de inteligencia. La mención específica a la DIPOL sugiere que la desclasificación podría extenderse hacia organismos activos, enfrentando resistencias institucionales exponencialmente mayores.
El desafío técnico: sistematizar quince kilómetros
El decreto firmado hoy cumple leyes e indicaciones judiciales que ya están avanzando sobre el fondo. Desclasificar desde un gobierno progresista esta clase de archivos constituye una acción contundente que moderniza al Estado, pero su efectividad depende de resolver desafíos técnicos que requieren presupuesto sustancial. Las víctimas, sus apoderados, las autoridades judiciales y administrativas acceden hoy al fondo mediante búsquedas rudimentarias que dificultan consultas masivas. El reto central no es la anonimización sino la sistematización archivística que permita búsquedas eficientes.
El decreto sirve para organizar bajo indicaciones archivísticas el material y hacer posibles búsquedas sistematizadas. Sirve para que Planeación Nacional entienda que hay órdenes que cumplir y destine fondos coherentes para la tarea. El Archivo General de la Nación tiene estimaciones en diferentes panoramas de lo que se requiere en términos archivísticos para desclasificar efectivamente, donde mayor presupuesto significa menos tiempo. Entre mayor inversión, mayor capacidad de digitalización, catalogación y creación de bases de datos consultables que faciliten acceso público sin restricciones burocráticas.
El auto OPV 778 ordenó convocar mesas técnicas con Fiscalía General, Policía Nacional, Migración Colombia y Unidad Nacional de Protección para conocer procesos archivísticos que adelantan respecto de documentos transferidos por el DAS tras su disolución. Esa orden confirma que porciones del archivo permanecen dispersas en entidades que heredaron funciones específicas. El diagnóstico de esas porciones dispersas no ha sido completado según información disponible, y el problema trasciende lo político para convertirse en desafío técnico que se resuelve con presupuesto, no con voluntad política exclusivamente.
Petro víctima y presidente desclasificador
La posición presidencial no es neutral. En agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indemnizó a Gustavo Petro y siete miembros de su familia por chuzadas entre 2002 y 2010 cuando era senador de oposición a Uribe. Petro fue víctima directa del aparato que hoy ordena desclasificar. La desclasificación responde formalmente a cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de la condena de la Corte IDH y a presión judicial nacional sostenida durante siete años mediante autos sucesivos de la JEP. El decreto institucionaliza jurídicamente un proceso que ya avanzaba mediante mecanismos de justicia transicional, pero lo amplía hacia consulta pública masiva una vez completada la sistematización archivística.
Conclusión
Los quince kilómetros de archivos desclasificados constituyen el mayor fondo de inteligencia política jamás abierto al público en América Latina. La medida responde a presión judicial internacional y nacional sostenida durante años, cumpliendo obligaciones derivadas de la condena de la Corte IDH y de cinco autos sucesivos de la JEP. La efectividad de la desclasificación no depende de conspiraciones sobre anonimización, proceso que se aplica sobre copias mientras originales permanecen intactos para justicia e investigación, sino de capacidad técnica y presupuestal para sistematizar quince kilómetros de documentos producidos durante cincuenta y ocho años.
Miles de víctimas podrán conocer quién las espió, quién ordenó perseguirlas, cómo se construyeron expedientes que facilitaron su estigmatización. La sociedad colombiana podrá verificar documentalmente cómo un aparato estatal operó durante décadas como brazo del paramilitarismo y la contrainsurgencia. El acceso masivo depende de que Planeación Nacional destine recursos coherentes para digitalización, catalogación y creación de bases de datos consultables. Sin inversión técnica suficiente, la desclasificación formal quedará como gesto político sin traducción efectiva en transparencia real. La verdad documental resulta indispensable para cualquier proyecto de no repetición, pero requiere infraestructura archivística que la haga accesible…
G.S.
Fuentes
FUENTES PRIMARIAS:
- Decreto presidencial de desclasificación de archivos del DAS (número oficial pendiente de publicación), Casa de Nariño, 17 de octubre de 2025
- Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia, 18 de marzo de 2024
- Auto 01 de 2018, Jurisdicción Especial para la Paz
- Auto OPV 182 de 2023, Jurisdicción Especial para la Paz
- Auto OPV 778 de julio de 2025, Jurisdicción Especial para la Paz
- Resolución 562 de 2023, Archivo General de la Nación
- Declaraciones presidenciales Gustavo Petro, acto de reconocimiento CAJAR, Casa de Nariño, 17 de octubre de 2025
FUENTES SECUNDARIAS:
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), comunicados y documentación institucional
- Noticaribe, cobertura acto desclasificación, 17 de octubre de 2025
- Diario La Libertad, cobertura acto desclasificación, 17 de octubre de 2025
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), análisis sentencia Corte IDH
- Revista Semana, archivo investigaciones chuzadas del DAS 2008-2015
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