Sabotaje institucional: cómo el CNE desmanteló la consulta del Pacto Histórico

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SÍNTESIS INICIAL

En 2 minutos: el Consejo Nacional Electoral de Colombia ejecutó entre septiembre y octubre de 2025 un desmantelamiento sistemático de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre. El CNE bloqueó la participación de Colombia Humana (partido del presidente Petro), prohibió el logo identificatorio de la coalición, transformó la consulta partidista en interpartidista para inhabilitar al ganador en procesos posteriores y dejó sin votación a más de un millón de colombianos en el exterior. El magistrado Álvaro Echeverry, designado con apoyo del gobierno, votó sistemáticamente contra el Pacto. La prensa hegemónica presentó a las víctimas como responsables del caos, enfatizando costos de reimpresión (20.000 a 170.000 millones de pesos) sin cuestionar las decisiones del CNE. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: el CNE no impidió la consulta físicamente, pero la destruyó jurídicamente hasta volverla un ejercicio vacío de consecuencias.

La consulta del 26 de octubre debía legitimar democráticamente al Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026. Más de 39 millones de ciudadanos habilitados, 13.405 puestos de votación, tres aspirantes presidenciales medidos en urnas. Lo que obtuvo la coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia fue una demostración quirúrgica de cómo el poder institucional puede desarticular un proyecto político sin cancelarlo formalmente, mediante la acumulación calculada de obstáculos técnicos que transforman el ejercicio democrático en una trampa.

Colombia Humana fuera: exclusión por tecnicismo

El 16 de junio de 2025, el Pacto Histórico presentó ante el CNE la solicitud de fusión como partido único. La coalición buscaba consolidar su identidad jurídica antes de las elecciones de 2026. El CNE respondió el 17 de septiembre con una personería jurídica condicionada que representó el primer acto de sabotaje. El organismo reconoció solo a tres partidos: Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista. Colombia Humana, columna vertebral del proyecto petrista, quedó excluida bajo un argumento implacable: en la consulta interna sobre la fusión participaron 1.280 militantes cuando se necesitaban dos tercios de 76.000 afiliados según sus estatutos. Progresistas fue excluido por carecer de personería jurídica. El magistrado Altus Baquero estableció un plazo imposible: ambos partidos tenían dos días para resolver procesos sancionatorios dado que el 19 de septiembre comenzaba la inscripción de candidatos.

La exclusión dejó sin participación a cuatro de los nueve precandidatos presidenciales: Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Gloria Flórez y María José Pizarro. Daniel Quintero, Carolina Corcho y Alí Bantú quedaron en limbo jurídico. Solo Iván Cepeda, del Polo Democrático, mantenía un aval indiscutible.

DATO CLAVE:
El costo total de la consulta asciende a 123.406 millones de pesos según el contrato firmado con Thomas Greg & Sons. De esa cifra, 74 millones corresponden a la impresión de tarjetones ya realizados con el logo prohibido posteriormente por el CNE. Una reimpresión completa costaría entre 20.000 y 170.000 millones adicionales según las fuentes, incluyendo no solo tarjetas sino numeración, chips de trazabilidad y formularios E-14 asociados. El representante Gabriel Becerra denunció que el CNE había dado 48 horas para resolver procesos complejos en lo que calificó como “un sabotaje a la democracia”. El 25 de septiembre, el Pacto anunció que no realizaría la consulta. Esa tarde, el Tribunal Superior de Bogotá adoptó medidas cautelares ordenando a la Registraduría permitir la inscripción provisional. La coalición reaccionó confirmando que tres candidatos competirían: Cepeda, Corcho y Quintero. La tregua duró once días. El 7 de octubre, el Tribunal revocó sus medidas cautelares declarando improcedente la tutela. Petro fue categórico: “Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe. Esto es un sabotaje a la democracia”.

El voto traidor: Echeverry contra el logo

El 14 de octubre, el CNE prohibió el uso del logo del Pacto Histórico en los tarjetones. La decisión, por siete votos contra dos, argumentó que la coalición no contaba con personería definitiva y no podía usar su símbolo. En el tarjetón aparecerían solo los logos de Polo Democrático, Partido Comunista y Unión Patriótica. El símbolo multicolor que había llevado a Petro a la presidencia en 2022 quedaba proscrito. La composición del bloque mayoritario reveló la traición: Altus Baquero, Benjamín Ortiz, Cristian Quiroz, Maritza Martínez, Alfonso Campo, Álvaro Hernán Prada y Álvaro Echeverry votaron por la prohibición. Solo Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez defendieron el logo.

Álvaro Echeverry había sido elegido magistrado del CNE el 8 de abril de 2025 con el respaldo explícito del Pacto Histórico. Llegaba con credenciales impecables: coordinador de la “Fábrica de Reclamaciones” en la campaña de Petro en 2022, líder de la estrategia de vigilancia de votos que permitió recuperar cinco curules. Dirigía la Autoridad Nacional de Consulta Previa en el Ministerio del Interior, cargo de confianza del gobierno. Su voto contra el logo representaba una traición política o una lectura legalista que anteponía formalismos a la coherencia con el proyecto que lo llevó al CNE. Su justificación ignoraba que esa ausencia de personería era resultado de decisiones previas del mismo CNE. El voto de Echeverry se repitió en todas las decisiones clave.

La Registraduría había impreso ya 39 millones de tarjetones con el logo del Pacto. Corcho, Cepeda y Quintero pidieron el 8 de octubre la reimpresión. El registrador Hernán Penagos fue tajante: no había tiempo ni recursos. El exregistrador Nicolás Farfán advirtió que una reimpresión generaría un detrimento superior a 170.000 millones de pesos al incluir no solo tarjetas sino numeración, chips de trazabilidad y formularios asociados. El Pacto denunció que la decisión buscaba confundir al electorado presentando una consulta fragmentada entre logos que la mayoría no asociaba con el proyecto de Petro. La ausencia del símbolo multicolor reducía la identificación visual en urnas, especialmente en zonas rurales donde la memoria iconográfica pesa más que los nombres partidarios. Daniel Quintero fue explícito: “Mataron la consulta. El CNE cambió las reglas. Convirtieron la consulta en interpartidista, violando el acuerdo que firmamos”. Quintero anunció el 15 de octubre su retiro citando “inseguridad jurídica, falta de garantías y trampas”.

La trampa interpartidista: inhabilitación por victoria

El tercer mecanismo operó mediante la redefinición jurídica combinada con el diseño tramposo del tarjetón. El registrador delegado Jaime Hernando Suárez anunció el 8 de octubre que “la consulta presidencial será interpartidista”, modificando la modalidad original. Corcho, Cepeda y Quintero habían solicitado el mismo día la reimpresión de los 39 millones de tarjetones argumentando que “el diseño induce a error al electorado”. El título del tarjetón presentaba la consulta como elección directa de candidatura presidencial para el 31 de mayo de 2026, cuando en realidad era una preselección para competir posteriormente en la consulta del frente amplio de marzo. La redacción convertía jurídicamente una consulta partidista en interpartidista. La distinción contenía consecuencias devastadoras. Según el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, un candidato que gana una consulta interpartidista no puede participar posteriormente en otra sin incurrir en doble militancia prohibida. La consulta del frente amplio programada para marzo de 2026 también tendría carácter interpartidista. La trampa quedaba cerrada: quien ganara el 26 de octubre quedaría legalmente inhabilitado para competir en marzo.

Iván Cepeda explicó: “Participamos sobre la garantía de que vamos a marzo. Ese asunto debe quedar por escrito. Queremos que el CNE certifique”. Cepeda solicitó formalmente una certificación oficial estableciendo el carácter partidista de la consulta. El CNE no proporcionó esa certificación.

“Cepeda y Corcho están cayendo en una trampa. Si ganan, no podrán participar en la consulta del Frente Amplio, y eso dividirá la izquierda.”
– Gustavo Bolívar –, exdirector de Prosperidad Social y precandidato excluido por la prohibición de Colombia Humana, advirtiendo en video del 16 de octubre que el CNE nunca daría la certificación escrita solicitada por Cepeda “porque el objetivo del CNE es entramparnos”.

Carolina Corcho mantuvo su candidatura pero exigió: “Reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura que participará en otra consulta en marzo”. Quintero interpretó la redefinición como el golpe definitivo y se retiró. Gustavo Bolívar fue crudo: “Cepeda y Corcho están cayendo en una trampa. Si ganan, no podrán participar en la consulta del Frente Amplio, y eso dividirá la izquierda”. La senadora María José Pizarro denunció “un nuevo intento para bloquear la unidad”. Petro acusó: “El CNE no ha dado las garantías” y calificó lo sucedido como “un golpe antidemocrático”.

Exclusión de la diáspora y complicidad mediática

Mientras el CNE cerraba las trampas jurídicas en territorio nacional, más de un millón de colombianos en el exterior quedaban completamente excluidos del proceso.

El 14 de octubre, el representante Alirio Uribe anunció que los colombianos en el extranjero podrían votar virtualmente. La Registraduría respondió el mismo día desmintiéndolo: “La Registraduría no abrirá puestos en el exterior, ni físicos ni virtuales”. El resultado: 1.048.000 colombianos quedaron completamente excluidos. Esta exclusión contrastaba con la infraestructura tecnológica ya existente para votación virtual en consulados, evidenciando que la limitación no era técnica sino de voluntad política. La cobertura mediática completó el sabotaje convirtiendo a las víctimas en culpables. Semana tituló “Otro golpe para el petrismo” presentando las decisiones del CNE como consecuencias naturales. Infobae enfatizó costos de reimpresión sin cuestionar por qué el CNE había prohibido el logo después de que los tarjetones estuvieran impresos. María Fernanda Cabal cuestionó: “¿Acaso salió gratis? La consulta nos costará 200 mil millones en un país sin plata”, culpando al Pacto cuando fue el CNE quien alteró las condiciones.

Conclusión

El sabotaje a la consulta del Pacto Histórico no necesitó tanques en las calles ni suspensión formal del proceso electoral. Bastó con excluir al partido del presidente mediante requisitos de quórum imposibles de verificar retroactivamente, prohibir el logo identificatorio cuando los tarjetones ya estaban impresos, redefinir la consulta como interpartidista mediante un título tramposo en el tarjetón para inhabilitar al ganador en procesos posteriores, dejar sin votación a un millón de colombianos en el exterior y mantener ambigüedad jurídica hasta horas antes de la jornada. El magistrado Echeverry, designado con apoyo del gobierno que luego traicionó sistemáticamente, legitimó cada obstrucción con su voto técnico. La prensa hegemónica completó la operación presentando al saboteado como responsable del caos, enfatizando costos sin cuestionar causas. El 26 de octubre se realizará una consulta formalmente legal pero políticamente vaciada, donde votarán ciudadanos confundidos por tarjetones sin logo reconocible, donde competirán candidatos sin certeza sobre su habilitación futura y donde el partido mayoritario de la coalición estará formalmente ausente. El CNE escribió el manual actualizado del golpe institucional contemporáneo: no hace falta violar la ley cuando se controla a quienes la interpretan. En democracias donde el poder judicial y electoral funciona como brazo político de la oposición, la izquierda no pierde elecciones por falta de votos sino por acumulación de tecnicismos que convierten la victoria en derrota jurídica…

G.S.

Fuentes

FUENTES PRIMARIAS

• Resolución 00701 de 2025 del CNE fijando fecha de consultas
• Resolución del CNE del 17 de septiembre de 2025 sobre personería jurídica condicionada del Pacto Histórico
• Fallo del Tribunal Superior de Bogotá del 25 de septiembre de 2025 ordenando medidas cautelares
• Fallo del Tribunal Superior de Bogotá del 7 de octubre de 2025 revocando medidas cautelares
• Comunicado oficial de la Registraduría Nacional del 15 de octubre de 2025 sobre votación en el exterior
• Declaraciones del registrador Hernán Penagos y del registrador delegado Jaime Hernando Suárez en ruedas de prensa del 8 y 14 de octubre
• Declaraciones públicas de Iván Cepeda, Carolina Corcho, Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Gabriel Becerra en X (Twitter) entre el 7 y 17 de octubre
• Solicitud formal de reimpresión de tarjetones presentada por Corcho, Cepeda y Quintero el 8 de octubre

FUENTES SECUNDARIAS

• Infobae Colombia (15 artículos consultados, octubre 2025)
• Semana (8 artículos, octubre 2025)
• El Tiempo (6 artículos, octubre 2025)
• El Colombiano (5 artículos, octubre 2025)
• La Silla Vacía: perfil biográfico de Álvaro Echeverry (abril 2025) y análisis “CNE deja en vilo la consulta del Pacto” (septiembre 2025)
• Diario del Cauca (3 artículos, octubre 2025)
• Prensa Latina (3 notas, octubre 2025)
• Diálogo Político: “Colombia: el Pacto Histórico contra todo y contra todos” (octubre 2025)
• Panampost: “Consulta del Pacto Histórico expone fracturas, personalismos y despilfarro” (octubre 2025)
• Pares: “Tres escenarios que le quedan a la consulta presidencial del Pacto Histórico” (octubre 2025)
• Misión de Observación Electoral (MOE): concepto jurídico sobre consulta interpartidista citado en medios