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Síntesis inicial
En dos minutos: Este es el nudo del conflicto peruano. Desde el 13 de septiembre de 2025, la Generación Z ocupa las calles de Lima contra una reforma previsional que obliga a afiliarse a fondos privados sin protección laboral real, mientras la inseguridad criminal arrasa el transporte público y el Gobierno de Dina Boluarte consolida un blindaje de impunidad. Este texto demuestra cómo la amnistía para crímenes de Estado, el plan de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos y la represión policial con perdigones convergen en una arquitectura autoritaria con tasas de aprobación del 2%. Explica por qué estudiantes, transportistas y organizaciones sindicales confluyen en la avenida Abancay bajo gases lacrimógenos, y qué implica para una democracia degradada que el Ejecutivo endurezca la porra mientras debilita los contrapesos. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: Perú vive una crisis de representación terminal, donde la calle decide entre salidas autoritarias o reformas profundas, y el reloj corre contra todos.
La protesta volvió al centro de Lima con una energía que no venía de los aparatos tradicionales sino de estudiantes, trabajadores precarios y repartidores conectados por redes sociales. La chispa fue la reforma de pensiones, el combustible la corrupción estructural, la inseguridad letal y una democracia sitiada por sus propias instituciones. Lo escribo para ordenar los hechos y para señalar una deriva que pretende blindar la impunidad mientras la Policía Nacional reprime manifestaciones pacíficas y el Gobierno amenaza con romper amarras con el sistema interamericano de justicia.
Las calles como termómetro de la rabia acumulada
Desde el 13 de septiembre, cuando estallaron las primeras marchas contra los cambios al sistema previsional, la Plaza San Martín volvió a ser el punto de reunión. El 20 y el 21, columnas de jóvenes que se identifican como Generación Z descendieron por el centro histórico hacia la avenida Abancay, donde se encuentra el Congreso, con alumnos de San Marcos, colectivos feministas y gremios estudiantiles. Las autoridades y organizaciones independientes reportaron al menos 18 heridos, incluidos oficiales de policía y periodistas, mientras cámaras ciudadanas documentaban el uso de gases lacrimógenos y perdigones a corta distancia.
Una semana después, el 27 y 28 de septiembre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró al menos 19 manifestantes heridos en nuevas jornadas de protesta. El 4 de octubre, la quinta movilización volvió a concentrar miles de personas en las calles con consignas que iban más allá de las pensiones. La Confederación General de Trabajadores del Perú y los transportistas urbanos añadieron músculo y objetivos distintos pero compatibles, porque la extorsión criminal y el sicariato tocan a todos los sectores laborales.
Dato clave: Según una encuesta de Datum publicada en septiembre de 2025, el 79% de los peruanos desaprueba al Ejecutivo y el 85% manifiesta rechazo al Congreso, cifras que atraviesan todas las regiones y estratos socioeconómicos del país.
La reforma previsional como detonante generacional
La ley promulgada el 5 de septiembre de 2025 obliga a todos los peruanos mayores de 18 años a afiliarse a un administrador de pensiones, público o privado, en un contexto donde más del 70% del empleo es informal. No se trata de tecnicismos invisibles. Es una imposición que exige aportes regulares a quienes trabajan por proyectos, por encargo, con contratos temporales o sin contrato alguno. En un país donde los salarios son bajos, las cotizaciones intermitentes y las redes de protección inexistentes, exigir disciplina contributiva sin garantías equivale a una condena silenciosa.
La generación que hoy protesta creció con trabajos esporádicos, servicios por aplicación y emprendimientos frágiles. Observa una vejez hipotecada sin certezas. La reforma inicial permitía a las personas mayores de 40 años retirar apenas el 4,5% de sus fondos acumulados al jubilarse, una restricción que fue parcialmente modificada tras las protestas, pero la señal política fue de cálculo electoral, no de escucha genuina. Cuando el Congreso habilitó un nuevo retiro parcial, la rabia no se apagó porque el problema de fondo persiste: un Estado que reclama aportes pero no ofrece protección efectiva contra la informalidad ni contra los shocks de ingresos.
La inseguridad criminal como grito transversal
En paralelo, el transporte urbano vive bajo amenaza letal. El 2 de octubre de 2025, los gremios de transporte convocaron a un paro en Lima y Callao para protestar contra la extorsión y la violencia que enfrentan los conductores de transporte público. Más de 20 conductores han sido asesinados en los últimos meses, muchos de ellos en represalia por negarse a pagar cuotas a grupos criminales organizados. Los relatos son uniformes: cobros semanales a punta de arma, atentados contra unidades con pasajeros a bordo, asesinatos en pleno día.
Ese dolor cotidiano se mezcló con el repudio político y produjo un frente social extraño pero eficaz. Estudiantes y choferes coreaban las mismas consignas, cada cual desde su urgencia. La ciudad se partió entre corredores vacíos y marchas hacia el Parlamento. Según reportes del sector transporte, aproximadamente el 40% del sistema de transporte urbano en Lima y Callao está sujeto a extorsión por parte de grupos criminales organizados, incluyendo bandas transnacionales como el Tren de Aragua de origen venezolano.
“Si la justicia clásica llevaba en los ojos una venda, la justicia criolla posee manos libres para coger lo que venga y ojos abiertos para divisar de qué lado alumbran los soles.”
– Manuel González Prada –
Derechos humanos en retroceso calculado
Mientras las calles se activaban, el Ejecutivo y sus aliados en el Congreso consolidaron un andamiaje de impunidad sin precedentes en décadas. En agosto de 2025, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de grupos de autodefensa acusados de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de 1980 a 2000. La ley favorece a personal en proceso judicial pero aún no condenado, y ordena la liberación de quienes fueron sentenciados si superan los 70 años de edad.
Días después de promulgar la amnistía, Boluarte anunció que el Gobierno analizará el retiro de Perú del sistema interamericano de derechos humanos tras la sentencia de la Corte Interamericana que exige anular la ley de amnistía. No es un gesto simbólico. Es una fuga hacia adelante frente a procesos pendientes por las muertes de manifestantes desde diciembre de 2022. Al menos 49 civiles murieron y más de 1.400 resultaron heridos durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, con dos masacres documentadas en Ayacucho y Juliaca.
Ese clima explica parte de la furia juvenil y el rechazo ciudadano masivo a un Estado que endurece la represión policial y debilita los mecanismos de control. La cadena de mando insiste en protocolos que ya costaron vidas sin reformas ni sanciones ejemplares.
Símbolos de una generación que no negocia su futuro
Hay una estética propia en estas marchas. Banderas peruanas reversionadas conviven con calaveras del manga “One Piece” y consignas contra un Congreso que nadie siente propio. Manifestantes como Leonardo Muñoz han adoptado el símbolo de la calavera con sombrero de paja, explicando que el personaje principal, Luffy, viaja de pueblo en pueblo liberando a la gente de gobernantes tiránicos y corruptos, lo que representa lo que ocurre en varios países.
El mapa es el mismo de cada ciclo de protesta reciente, pero con una novedad demográfica que descoloca a los operadores políticos tradicionales. El 27% de la población peruana tiene entre 18 y 29 años. Esta Generación Z no pide permiso a los partidos, organiza sus columnas por redes sociales, ocupa la avenida Abancay y se repliega con rapidez para evitar encapsulamientos policiales. Lo que antes se interpretaba como espontaneidad inofensiva hoy es táctica de supervivencia bajo gases y perdigones.
El escándalo detrás del uniforme
En julio de 2025, mientras los peruanos enfrentaban una inflación cercana al 8% y el transporte público vivía bajo extorsión criminal, Dina Boluarte duplicó su propio salario presidencial. El gesto no podía ser más transparente ni más obsceno. Una mandataria con 2% de aprobación aumentando sus ingresos mientras predica orden y sacrificio. Esa decisión desencadenó una ola adicional de indignación pública y se convirtió en combustible simbólico para las movilizaciones de septiembre.
El doblez no termina ahí. Boluarte enfrenta investigaciones por contribuciones ilícitas a su campaña política y por una colección de relojes de lujo que no corresponden con su modesto salario como empleada pública de toda la vida. El escándalo, bautizado inevitablemente como “Rolexgate”, suma a una larga lista de presidentes peruanos investigados por corrupción. Cinco expresidentes enfrentan cargos, otro se suicidó para evitar el arresto.
Dato clave: En mayo de 2024, 67 de los 130 congresistas peruanos enfrentaban investigaciones penales por corrupción y otros delitos, según reportes basados en información de la Fiscalía de la Nación. La crisis no es solo ejecutiva, es sistémica.
Responsabilidades políticas y cadena de mando
La Policía Nacional vuelve a estar en el centro de las denuncias. En las jornadas de septiembre, nueve periodistas fueron impactados por perdigones disparados por la policía mientras cubrían las protestas, según reportó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Al menos 30 personas resultaron heridas en total, con seis arrestos documentados. No basta con decir que hubo también policías heridos. Lo que importa es que la cadena de mando insiste en protocolos que ya costaron vidas en 2022 y 2023.
Amnistía Internacional documentó que 49 civiles murieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, con más de 1.400 heridos, señalando decisiones clave de la presidenta como comandante en jefe de las fuerzas armadas y policiales que merecen evaluación de responsabilidad penal individual. El Ministerio del Interior responde con más efectivos, más drones y más retórica del orden, mientras la legitimidad del Gobierno permanece en números ínfimos. Una encuesta de julio de 2025 del Centro de Investigación Territorial Perú registró una aprobación presidencial del 1,3%, con 95,7% de desaprobación.
Por qué esto importa más allá de Lima
No es solo Lima, aunque la capital concentre cámaras y poder. Cuando el centro político pierde toda credibilidad, las provincias aprenden a leerse a sí mismas y a actuar con autonomía. El deterioro institucional, la economía anémica para las mayorías y la violencia criminal empujan a que reclamos diversos se sincronicen. Lo que hoy estalla por pensiones puede mañana reorganizarse por minería extractiva, tarifas de servicios básicos, agua o educación.
Esto se llama crisis de representación terminal. Es la antesala de salidas autoritarias o de reformas profundas, según quién lea primero el mensaje de las calles. El péndulo peruano oscila entre el garrote y las promesas vacías, pero ambos caminos desgastan. Si el Congreso quiere sobrevivir a su desprestigio histórico, deberá legislar con transparencia, abrir procesos reales de diálogo y revisar una amnistía que lo hunde más en el rechazo ciudadano.
Conclusión
El Gobierno puede intentar dividir la movilización ofreciendo parches a la reforma previsional y mesas de trabajo con transportistas para ganar tiempo. También puede endurecer la represión y acelerar el retiro del sistema interamericano para blindarse de futuras condenas internacionales. Ambos caminos son riesgosos. La política del péndulo desgasta, la del garrote incendia.
Perú ya vivió el costo mortal de la represión desde diciembre de 2022. Si el Estado no corrige protocolos, si la fiscalía no avanza sin selectividad y si el Ejecutivo insiste en blindajes, la repetición es un riesgo real. Las universidades públicas y los barrios populares serán nuevamente el teatro del conflicto, y la prensa independiente la primera línea de documentación.
La democracia se sostiene cuando los jóvenes creen que votar sirve. No cuando se les obliga a cotizar en un sistema que no confían, se les recibe con gas en la cara y se les promete impunidad para quienes portaron el uniforme para matar. La arquitectura de impunidad que se construye hoy tendrá consecuencias que ningún sondeo puede medir todavía. Y la calle lo sabe…
G.S.
Fuentes
Fuentes primarias consultadas:
- Demonstration Alert: Protests on Pension Law Reforms – Embajada de Estados Unidos en Lima, 13 de septiembre de 2025
- Demonstration Alert: October 2nd Transportation Strike – Embajada de Estados Unidos en Lima, 2 de octubre de 2025
- 2025 Peruvian protests – Wikipedia, actualizado octubre de 2025
- IACHR Releases Report on the Situation of Human Rights in Peru – Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2 de mayo de 2023
- Boluarte promulgates the Amnesty Law, pitching Peru against the IACHR – Peru Support Group, agosto de 2025
Fuentes secundarias consultadas:
- Peru enters second day of violent anti-government protests – TRT World, 22 de septiembre de 2025
- Peru’s Gen Z Rallies Against President Boluarte – Reuters/US News, 27 de septiembre de 2025
- Anti-government protests continue in Peru despite heavy repression – Peoples Dispatch, 24 de septiembre de 2025
- Gen Z protesters clash with police in Peru – CNN, 29 de septiembre de 2025
- Peru’s Gen Z rallies over pensions and corruption – Free Malaysia Today, 27 de septiembre de 2025
- Transport Strike Cripples Peruvian Cities as Crime Rates Soar – Reuters/US News, 10 de octubre de 2024
- Peruvian transport workers strike to demand an end to extortion and crime – Peoples Dispatch, 15 de octubre de 2024
- Peru’s bus drivers strike over rising crime concerns – NPR, 25 de octubre de 2024
- Peru looking at withdrawing from inter-American human rights system – TASS, 11 de septiembre de 2025
- Peru’s president signs military crimes amnesty bill into law – Lebanon Democrat, 13 de agosto de 2025
- World Leader’s Approval Rating Hits Level So Horrific It Almost Seems Fake – The Daily Caller, 28 de julio de 2025
- The world’s most unpopular president? Peru’s leader clings to power – France24, 30 de mayo de 2025
- Meet the World’s Least Popular President: Dina Boluarte – The Intercept, 23 de octubre de 2024
- Deadly Decline: Security Force Abuses and Democratic Crisis in Peru – Human Rights Watch, abril de 2023
- Peru: Killings and injuries in protests could implicate president – Amnistía Internacional, 12 de agosto de 2024
- Juliaca massacre – Wikipedia, actualizado julio de 2025
- Ayacucho massacre – Wikipedia, actualizado mayo de 2025
- Peruvian protests (2022–2023) – Wikipedia, actualizado septiembre de 2025
- At least 30 injured, six detained during protests against Peru government – Buenos Aires Times, 22 de septiembre de 2025
- Gen-Z protests rock Peru as president Boluarte’s approval hits rock-bottom – The Canary, 2 de octubre de 2025
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