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La consulta abierta del Pacto Histórico y el riesgo de la infiltración estratégica

AcidReport – ELECCIONES 2026 – La consulta abierta del Pacto Histórico y el riesgo de la infiltración estratégica

POR

Gabriel Schwarb

29 septiembre 2025
La consulta abierta del Pacto Histórico y el riesgo de la infiltración estratégica

Ilustración: ©2025 Gabriel Schwarb

Lectura estimada: 7 minutos

Tabla de Contenido

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    • Síntesis inicial
  • La mecánica de la infiltración
  • Las grietas que invitan al sabotaje
  • Quintero como vector de infiltración
  • La paradoja democrática
  • Precedentes internacionales del voto cruzado
  • La zona gris legal colombiana
  • Responsabilidad política del diseño
  • Conclusión
        • Fuentes

Síntesis inicial

El Pacto Histórico celebrará el 26 de octubre una consulta abierta donde cualquier ciudadano vota sin afiliación partidaria. Este texto demuestra que el mecanismo representa vulnerabilidad estructural, que la oposición puede infiltrar favoreciendo candidatos incómodos, y que el diseño contradice la selección democrática interna. Explica cómo sectores conservadores podrían votar por Daniel Quintero para debilitar al Pacto desde dentro. Quédate con esto: las consultas abiertas permiten manipulación externa y convierten la democracia interna en campo de batalla electoral anticipado.

El Pacto Histórico celebrará el 26 de octubre una votación donde Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho competirán por representar a la izquierda en 2026. Pero existe un problema que nadie nombra. La consulta es abierta. Cualquier colombiano puede participar sin carné ni militancia. El sistema permite que votantes conservadores soliciten el tarjetón y favorezcan al candidato más débil.

La vulnerabilidad no es teórica. Republicanos estadounidenses han votado en primarias demócratas por candidatos menos competitivos. Ahora la oposición colombiana tiene esa oportunidad servida en bandeja.

La mecánica de la infiltración

El CNE establece que cualquier ciudadano puede solicitar el tarjetón. Sin preguntas, sin verificación de militancia. Ninguno contempló que la oposición podría convertir este ejercicio democrático en operación quirúrgica de debilitamiento.

Un elector conservador informado llega el 26 de octubre. Conoce las divisiones internas. Sabe que Quintero enfrenta imputaciones por corrupción, que Bolívar lo rechaza públicamente, que su victoria desataría crisis de legitimidad interna. Solicita el tarjetón del Pacto Histórico. Marca a Daniel Quintero. Regresa a casa. Ha ejercido un derecho constitucional. Nadie puede acusarlo de fraude.

Multipliquemos ese comportamiento por miles de electores. Si Centro Democrático o Cambio Radical identifican esta oportunidad y la comunican discretamente a sus bases, pueden coordinar participación cruzada masiva sin violar ninguna ley. No necesitan ganar abrumadoramente. Basta alterar márgenes en departamentos clave. En consulta fragmentada entre tres candidatos, cinco por ciento de votos estratégicos resulta determinante para inclinar la balanza.

Las grietas que invitan al sabotaje

La consulta surgió de imposición presidencial. Petro exigió que se realizara tras intentos de la dirigencia por cancelarla. Escribió públicamente que “el Pacto debe ir a consulta popular”. Esa orden destapó fisuras que la oposición puede explotar.

Inicialmente había nueve precandidatos. Cuando Cepeda anunció su aspiración, seis declinaron coordinadamente para respaldarlo frente a Quintero. Bolívar declaró sin eufemismos que existía “posibilidad de que Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar con candidatura en la que no creo”.

Esta declaración revela la dimensión del problema. Sectores mayoritarios del Pacto consideran a Quintero amenaza para el proyecto progresista. Y temen que gane precisamente porque la consulta es abierta. Si la izquierda tradicional controlara el resultado mediante militancia orgánica verificada, no habrían necesitado la maniobra desesperada de renuncias coordinadas.

Quintero demostró capacidad de movilización en Antioquia, una de las regiones más pobladas de Colombia. Tejió redes con sectores que el establishment del Pacto califica como “política tradicional”. Bolívar lo acusó explícitamente de hacer alianzas con grupos externos al movimiento “para que impulsaran su candidatura”. Si esto ocurre con actores dentro de la izquierda ampliada, qué impide que sectores conservadores aprovechen la misma apertura estructural para sus propios fines.

Quintero como vector de infiltración

Quintero representa el perfil operativamente perfecto para una infiltración estratégica. No se trata de sus cualidades o defectos personales, sino de su funcionalidad táctica. Genera rechazo visceral en la izquierda tradicional del Polo y la UP, lo que garantiza fracturas internas duraderas. Simultáneamente atrae votantes que priorizan gestión municipal sobre coherencia ideológica, votantes que la derecha puede movilizar más fácilmente que la militancia orgánica del Pacto.

Sus vínculos documentados con redes de política tradicional antioqueña lo hacen menos amenazante para élites regionales que un candidato como Cepeda, identificado con defensa de derechos humanos, procesos de paz y memoria histórica. Un triunfo de Quintero no atemoriza al establecimiento conservador. Un triunfo de Cepeda sí.

Favorecer a Quintero cumple múltiples objetivos estratégicos simultáneos. Profundiza divisiones internas irreparables dentro del Pacto. Garantiza que el candidato llegue debilitado y cuestionado a la consulta ampliada de marzo. Facilita campañas posteriores centradas en señalamientos de corrupción, terreno donde la derecha colombiana ha demostrado eficacia comunicativa sistemática.

Quintero enfrenta imputación formal por corrupción relacionada con su gestión en Medellín. Bolívar lo comparó explícitamente con Rodolfo Hernández, candidato presidencial de 2022 que también enfrentaba investigaciones. La comparación es devastadora. Si el Pacto Histórico, que se proclamó abanderado de la lucha anticorrupción en 2022, termina representado por un candidato formalmente investigado por corrupción, la credibilidad del proyecto progresista se desintegra ante el electorado.

La operación no requiere coordinación centralizada visible. Basta que militantes y simpatizantes conservadores identifiquen individualmente la oportunidad. Un tuit estratégico que se viraliza. Cadenas de WhatsApp en grupos empresariales. Mención casual en programas de radio conservadores. “Si quieres debilitar estructuralmente al petrismo, vota por Quintero el 26 de octubre”. El mensaje se replica orgánicamente sin necesidad de comando central. La inteligencia política contemporánea funciona por difusión viral, no por órdenes verticales.

La paradoja democrática

El Pacto enfrenta contradicción irresoluble. Se proclama movimiento horizontal, popular, participativo. Pero necesita simultáneamente cohesión ideológica y disciplina estratégica para enfrentar adversarios que controlan recursos, medios y maquinarias electorales. Las consultas abiertas sin filtros resuelven la primera aspiración a costa de sacrificar completamente la segunda.

Los partidos tradicionales utilizan mecanismos de selección interna precisamente para garantizar que sus candidatos representen genuinamente los valores y los intereses estratégicos de su base electoral verificada. El Pacto renunció voluntariamente a ese control elemental.

La derecha maneja maquinarias electorales eficientes construidas durante décadas. Uribe edificó el Centro Democrático como aparato de movilización territorial con redes clientelares heredadas de generaciones de política tradicional. El Partido Conservador mantiene estructuras locales enraizadas en municipios donde el Pacto apenas existe como proyecto político. Cambio Radical articula sistemáticamente con élites regionales y sectores empresariales. Estas fuerzas pueden movilizar electores disciplinadamente con eficiencia muy superior a la de una izquierda fragmentada y en permanente debate interno.

El 26 de octubre ningún otro sector político realizará consultas simultáneas. Millones de electores conservadores no tendrán incentivo natural para acudir a las urnas ese día, salvo que se les convoque específicamente a participar en la consulta del Pacto Histórico. La oportunidad táctica es evidente para cualquier estratega medianamente competente.

Precedentes internacionales del voto cruzado

Esta vulnerabilidad no es inédita en democracias latinoamericanas. Otros contextos han experimentado dinámicas similares que confirman la viabilidad operativa de la infiltración estratégica.

Durante las elecciones mexicanas de 2018, el escritor Enrique Krauze instó públicamente a ejercer voto diferenciado por un candidato presidencial pero otro partido distinto para el Congreso. Su argumento era explícito sobre concentración de poder. López Obrador respondió convocando masivamente al “voto parejo” por Morena en todas las casillas. El debate instaló públicamente la legitimidad retórica y la viabilidad técnica del voto estratégico cruzado.

En Uruguay, el voto cruzado entre niveles de gobierno ha generado controversias jurídicas recurrentes. El Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron recursos formales ante la Corte Electoral exigiendo habilitación para que ciudadanos pudieran votar intendentes de un partido y alcaldes de otro simultáneamente. Aunque la Corte uruguaya rechazó estas solicitudes para las elecciones de 2025, el debate evidencia que las fuerzas políticas profesionales comprenden perfectamente el potencial disruptivo del voto diferenciado cuando las reglas electorales no establecen barreras institucionales.

La zona gris legal colombiana

Colombia tiene historia documentada de manipulación electoral. La Misión de Observación Electoral ha registrado sistemáticamente prácticas como trashumancia electoral, donde votantes son movilizados masivamente a inscribir cédulas en municipios distintos a su residencia real para alterar resultados locales. El Código Penal colombiano tipifica como delitos electorales el fraude en inscripción de cédulas, la corrupción del sufragante mediante pago, la perturbación violenta del certamen democrático.

Pero existe una categoría de interferencia electoral que permanece en zona gris legal y éticamente ambigua. La participación cruzada voluntaria en mecanismos de democracia interna abierta no constituye delito según el marco jurídico vigente. Un ciudadano que vota en consulta de partido político ajeno sin recibir dinero, sin ser amenazado, ejerciendo voluntariamente su derecho al sufragio en proceso legalmente abierto a todos, no viola ninguna norma penal. Puede ser cuestionado moralmente, tachado de desleal o estratégicamente oportunista, pero no enfrenta consecuencias legales concretas.

Esta laguna normativa expone la fragilidad estructural de consultas abiertas en contextos de alta polarización ideológica. Cuando la confrontación política alcanza niveles donde sectores consideran al adversario como amenaza existencial para el modelo de país, las reglas formales del juego democrático se convierten inevitablemente en herramientas disponibles para la guerra política.

Las consultas populares en Colombia han demostrado consistentemente que estos mecanismos enfrentan desafíos severos de participación ciudadana. La abstención en plebiscitos y consultas suele ser significativamente mayor que en elecciones regulares con competencia partidaria visible. En la consulta anticorrupción de agosto de 2018, apenas 11.6 millones de colombianos votaron, muy por debajo del umbral necesario para validez jurídica. El cansancio electoral acumulado y la lógica diferente de estos mecanismos generan desmovilización estructural del electorado masivo.

Esta dinámica favorece sistemáticamente a quien pueda movilizar votantes de manera estratégica y focalizada. Si la oposición conservadora organiza participación coordinada mientras la militancia progresista del Pacto se abstiene por desencanto interno o se fragmenta entre tres candidatos sin directriz clara, el resultado final puede no reflejar las preferencias genuinas de la base del movimiento sino el producto exitoso de una infiltración externa perfectamente legal.

Responsabilidad política del diseño

El Pacto Histórico no puede alegar sorpresa legítima si la oposición explota sistemáticamente las vulnerabilidades estructurales de su consulta abierta. Las reglas fueron establecidas voluntariamente por la propia coalición. La decisión explícita de no exigir militancia verificada, de no establecer registro previo de votantes, de no implementar ningún filtro mínimo de identificación partidaria, fue una decisión política consciente. Respondió a una concepción determinada de democracia participativa radical donde cualquier ciudadano puede incidir en cualquier proceso. Esa concepción es legítima desde perspectiva de teoría política, pero tiene consecuencias operativas inevitables en contextos de competencia electoral real.

Cuando un partido político abre completamente sus mecanismos internos de selección a toda la ciudadanía sin distinción, transforma estructuralmente esos procesos en competencias electorales anticipadas abiertas. La lógica cambia radicalmente. Ya no se trata de que militantes orgánicamente comprometidos con un proyecto político elijan a sus representantes legítimos, sino de que cualquier actor político externo, con cualquier motivación estratégica, pueda participar activamente en definir quién encabezará un movimiento que no es el suyo, que incluso puede ser su adversario declarado.

Otros partidos colombianos han evitado consistentemente este riesgo mediante diseños institucionales elementales. El Centro Democrático ha exigido históricamente militancia verificada para participar en sus consultas internas. Los partidos tradicionales han utilizado convenciones con delegados seleccionados mediante procesos previos. Incluso la Coalición Centro Esperanza en 2022 estableció filtros de registro previo para sus primarias. El Pacto Histórico optó deliberadamente por el modelo más abierto y poroso posible disponible en el sistema electoral colombiano.

La dirigencia conocía estos riesgos estructurales desde el diseño inicial. Las tensiones internas visibles, las renuncias coordinadas de último momento, las declaraciones públicas alarmadas de Bolívar sobre alianzas externas de Quintero, todo indica que sectores importantes del Pacto comprenden perfectamente la vulnerabilidad que construyeron. Pero el presidente Petro impuso la consulta abierta como condición política no negociable, probablemente calculando que su capacidad de movilización popular superaría cualquier infiltración conservadora organizada.

Conclusión

La consulta abierta del Pacto Histórico del 26 de octubre representa una anomalía en ingeniería electoral contemporánea. Los partidos políticos existen institucional y funcionalmente para agregar preferencias dispersas, construir identidades colectivas duraderas y proyectar programas políticos coherentes en el tiempo. Cuando un movimiento renuncia voluntariamente a filtros mínimos de membresía verificada, transforma su democracia interna en democracia externa ilimitada, estructuralmente vulnerable a infiltración sistemática de adversarios políticos que buscan debilitarlo desde dentro.

La derecha colombiana tiene ante sí una oportunidad histórica sin precedentes. Puede participar legalmente, sin violar ninguna norma, en la selección del candidato presidencial de su principal adversario ideológico. Puede favorecer deliberadamente al aspirante que genera más divisiones internas destructivas. Puede hacerlo sin cometer fraude electoral, sin recurrir a compra de votos, sin violencia, simplemente ejerciendo masivamente un derecho al sufragio que el propio Pacto Histórico le otorgó voluntariamente mediante su diseño institucional defectuoso.

Si esto ocurre el 26 de octubre, si Daniel Quintero resulta ganador mediante votación masiva de conservadores infiltrados, si el Pacto Histórico termina representado por el candidato que su propia militancia orgánica rechaza visceralmente, la responsabilidad histórica recaerá exclusivamente sobre quienes diseñaron reglas estructuralmente porosas. La democracia participativa no puede confundirse con ingenuidad estratégica suicida. Un movimiento político que institucionalmente no distingue entre militantes comprometidos y adversarios infiltrados termina siendo definido, conducido y destruido por estos últimos.

El 26 de octubre sabremos definitivamente si el Pacto Histórico construyó autónomamente su candidatura presidencial mediante expresión legítima de su base electoral, o si permitió pasivamente que sus enemigos políticos lo hicieran por él, explotando racionalmente una vulnerabilidad que ellos mismos construyeron e instalaron voluntariamente en el corazón de su proceso de selección democrática..

G.S.

Fuentes
  • El Pacto Histórico confirmó a los siete precandidatos que participarán en la consulta presidencial – Infobae – 4 de agosto de 2025
  • Pacto Histórico definirá sus candidatos presidenciales a través de consulta abierta, anunció Susana Muhamad – Infobae – 4 de julio de 2025
  • Definida la consulta presidencial del Pacto Histórico: será entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho – El Tiempo – 27 de septiembre de 2025
  • Democracia electoral fraudulenta. La trashumancia electoral como estrategia para ganar elecciones locales en Colombia – Scielo
  • Delitos electorales – Consejo Nacional Electoral de Colombia
  • 166 municipios presentan algún nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia para las elecciones de autoridades locales 2023 – MOE
  • El fraude electoral en Colombia: una práctica que se renueva – Razón Pública
  • El miedo a Quintero frena la consulta presidencial del Pacto Histórico – La Silla Vacía
  • Las tensiones en el Pacto Histórico: ¿cómo llegan los candidatos para la consulta de octubre? – Cambio
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Escritor suizo-colombiano, estratega en comunicación y narrativa, y Fundador y Editor en Jefe del medio independiente AcidReport. Escribe desde la frontera entre la memoria y el cansancio, sin pertenecer a ningún aparato, sin pedir permiso. No busca fama ni redención: busca precisión, contexto, verdad.

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