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Síntesis inicial
En 2 minutos: un fotomontaje que viste a Iván Cepeda con uniforme militar no es un exceso anecdótico, es un eslabón de una maquinaria de desinformación que Colombia conoce de sobra. Este texto demuestra que la pieza difundida por Pedro Viveros cruza el umbral jurídico de la opinión hacia la injuria y la calumnia, que el patrón replica el libreto que antecedió el exterminio de la Unión Patriótica, y que la mentira repetida funciona como dispositivo de violencia simbólica primero, física después. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: el periodismo que reproduce montajes criminalizantes normaliza el riesgo de homicidio político.
Una imagen manipulada circuló en días recientes por redes y noticieros. Coloca a Iván Cepeda con uniforme de camuflado, junto a un viejo emblema de las FARC y al logo del Pacto Histórico. El panelista Pedro Viveros la difundió desde sus cuentas, agregó su comentario supuestamente ecuánime, y habilitó la asociación perversa que el montaje busca instalar. No estamos ante una opinión áspera, estamos ante la imputación fáctica de una conducta delictiva. En Colombia, el camuflado remite a fuerza estatal o a organización armada ilegal. El efecto buscado resulta claro: criminalizar una trayectoria pública ligada a la defensa de la paz y de los derechos humanos.
El dispositivo de la estigmatización
El propio Cepeda anunció acciones penales. No exige censura ni reclama inmunidad, exige que quien publicó una pieza que lo presenta como integrante de un grupo armado rinda cuentas ante la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo calificó la imagen como violencia política simbólica, advirtió el riesgo de que derive en violencia física, y pidió a autoridades electorales y penales actuar. Colombia llega a 2026 con un sistema nervioso saturado por bodegas digitales, ediciones sintéticas y un ecosistema mediático donde la frontera entre análisis y propaganda se borra cuando conviene a la guerra sucia.
La libertad de expresión protege la opinión impopular y la crítica dura. No protege la imputación falsa de delitos. Difundir un montaje que presenta a un senador con uniforme de guerra y signo de una organización armada no se limita a opinar que simpatiza con tal corriente, implica atribuirle integración o colaboración activa. El Código Penal prevé la injuria y calumnia indirectas para quienes reproducen falsas imputaciones hechas por terceros. No es un tecnicismo, es una muralla republicana, porque el asesinato político casi siempre necesita antes una campaña de deshumanización.
“La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.”
– Eduardo Galeano –
La defensa del periodista apela a una coartada conocida. Se limitó a compartir lo que otros fabricaron, no hay delito de opinión. Esa línea ignora la responsabilidad de publicación y el contexto histórico que vuelve peligrosa la narrativa. En un país con memoria de exterminio partidario, con listas negras y panfletos que precedieron masacres, el gesto de amplificar un fotomontaje produce daño real. La jurisprudencia colombiana reconoce que quien reproduce contenidos difamatorios asume responsabilidad penal, incluso cuando no es autor original del material.
Dato clave: El artículo 220 del Código Penal colombiano establece penas de prisión de 16 a 54 meses para quien impute falsamente conductas constitutivas de delito. La injuria indirecta, por reproducción de imputaciones de terceros, está tipificada con las mismas consecuencias.
El libreto de la Unión Patriótica
Iván Cepeda contó, otra vez, la historia de su padre, asesinado en 1994, precedido por años de estigmatización que lo presentaban como guerrillero. El patrón resulta idéntico: primero se prepara a la opinión, luego se ejecuta la violencia, después se alega que fue inevitable. Seis mil militantes de la Unión Patriótica pasaron por ese túnel. La palabra guerrillero, usada como marca infamante, funcionó como permiso social para matar.
Manuel Cepeda Vargas, senador y periodista, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por sicarios del Cartel de Cali en coordinación con miembros de la Fuerza Pública, según determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010. Antes del crimen, durante años, medios afines al establecimiento lo presentaron como cabeza visible de una supuesta estructura clandestina. El hijo hoy enfrenta el mismo método, treinta años después, con las mismas palabras, las mismas insinuaciones, la misma gramática del exterminio.
La derecha extrema ha invertido años en soldar una equivalencia falsa: negociación de paz como complicidad, defensa de derechos como militancia armada, memoria como subversión. La ecuación sirve. Por un lado silencia a quienes negocian salidas, por otro licúa responsabilidades de los verdaderos clanes mafiosos. Lo que hoy vemos es la versión digital de esa estrategia, ahora con fotomontajes, cuentas recién creadas, inteligencia artificial y granjas de difusión que simulan espontaneidad.
Dato clave: Entre 1984 y 2002, seis mil militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados. La Corte Interamericana y la Jurisdicción Especial para la Paz reconocieron el genocidio político. Cada crimen fue precedido por campañas mediáticas de estigmatización.
Verificación de los hechos trazables
El senador Iván Cepeda publicó el 20 de septiembre de 2025 en su cuenta de X un mensaje formal anunciando denuncia penal contra quienes fabricaron y difundieron el fotomontaje. Exigió a Pedro Viveros, columnista de El Tiempo y panelista de Noticias RCN, entregar toda la información sobre el origen de la imagen a las autoridades o responder ante la justicia por su difusión.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el 21 de septiembre condenando la pieza como violencia política simbólica y pidió investigaciones a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral. El organismo recordó que Colombia tiene obligaciones internacionales de protección para líderes políticos amenazados.
Medios de alcance nacional como El Espectador y Semana registraron el episodio con fechas precisas, ubicándolo en el fin de semana del 20 al 21 de septiembre. El análisis forense de la imagen confirma manipulación digital: inconsistencias de iluminación, bordes mal integrados, superposición de capas detectables con herramientas básicas.
Viveros respondió en redes que la foto no era suya, que se limitó a comentar lo que circulaba. La defensa ignora que la figura penal de injuria y calumnia indirectas alcanza precisamente a quienes publican reproducciones de imputaciones falsas. Su alcance, cerca de doscientos mil seguidores en X y columna semanal en el principal diario del país, agrava la responsabilidad. No existe hoy una sentencia judicial que pruebe vínculo alguno de Cepeda con grupos armados. Por el contrario, es un hecho público su rol en las negociaciones de paz de La Habana y su precandidatura presidencial por el Pacto Histórico para 2026.
Por qué esto daña más allá de Cepeda
La pieza no solo busca erosionar a un precandidato, busca enseñar que cualquiera que sostenga una agenda de paz puede ser tratado como criminal. El miedo disciplinario funciona así: instala el costo de hablar, expone a familias, obliga al cálculo preventivo, vacía de contenido cualquier deliberación. Si normalizamos que un montaje con camuflado sea material de tertulia, aceptamos que el próximo paso sea la bala. Si los medios que se autoproclaman serios dan plataforma a esta basura, la democracia retrocede un tramo medible.
Dato clave: Según la Defensoría del Pueblo, 198 líderes sociales fueron asesinados en Colombia durante 2024. El 73% había sido objeto de campañas previas de estigmatización en redes sociales o medios locales. La correlación entre difamación pública y violencia física está documentada.
Hay además una pedagogía en marcha: la de la inteligencia artificial usada para fabricar espejismos y la de las bodegas que los vuelven tendencia en minutos. El antídoto no es moralista, es institucional y cívico. Responsabilizar a quien difunde, exigir correcciones visibles, cortar la cadena de premios a la infamia. El periodismo que merezca el nombre deberá revisar sus protocolos, verificar antes de publicar, evaluar riesgos de daño.
El daño colateral afecta la posibilidad misma de debate público. Cuando la mentira se vuelve munición aceptable, cuando el montaje circula sin consecuencias, la deliberación democrática se pudre desde adentro. Quedan solo trincheras, consignas, identidades blindadas que no conversan sino que se agreden. Y en ese paisaje, las soluciones negociadas se vuelven imposibles.
Conclusión
Defender a Cepeda no es blindar a un hombre, es sostener la idea de que la paz es un bien público y que la memoria es una política de Estado. El país conoce el costo de llamar guerrillero a quien no lo es. Los datos están en los expedientes judiciales, en las sentencias internacionales, en las tumbas del cementerio central donde reposan miles de militantes de la Unión Patriótica.
La Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral deben cumplir su rol con celeridad. Identificar a los responsables de la fabricación de la pieza y de su cadena de difusión, aplicar las figuras de injuria y calumnia cuando corresponda. Los medios que amplificaron el montaje deben rectificar en el mismo formato y alcance. La ciudadanía debe comprender el método, negarse a compartir contenidos sin verificar.
No hay neutralidad posible ante una operación que usa la mentira para habilitar violencia. Hay sí una responsabilidad pública ineludible: nombrar el método, desmontar su lógica, devolver la discusión a un terreno donde los hechos verificables sean la única moneda válida…
G.S.
Fuentes
- Declaraciones de Iván Cepeda en X (Twitter) · 20 de septiembre de 2025
- Pronunciamiento Defensoría del Pueblo de Colombia · 21 de septiembre de 2025
- Publicaciones de Pedro Viveros en X (Twitter) · 20 de septiembre de 2025
- Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas · 26 de mayo de 2010
- Código Penal colombiano, artículos 220 y siguientes · Vigente 2025
- Centro Nacional de Memoria Histórica · Informe sobre el genocidio de la Unión Patriótica · 2018
- El Espectador, Semana · Cobertura del caso · 20-22 de septiembre de 2025
- Defensoría del Pueblo · Informe sobre líderes sociales asesinados · 2024
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