Estados Unidos «descertificó» a Colombia por primera vez en tres décadas, pero mantuvo intacta la cooperación mediante una exención de interés nacional. El gesto revela la mecánica imperial, castigar simbólicamente al productor mientras se preserva el negocio con el socio indispensable. La gran potencia exhibe músculo ante su electorado y conserva las herramientas que necesita para contener el flujo de cocaína hacia su mercado saturado.
Certificación y espectáculo
Cada septiembre, Washington publica un memorando presidencial que enumera países «principales» en producción o tránsito de drogas ilícitas. Esta vez, Colombia ingresó a la lista de naciones que «incumplen manifiestamente» sus obligaciones antidrogas. El mismo documento, sin embargo, concede de inmediato una exención que garantiza la continuidad de los programas de cooperación. No hay contradicción, hay cálculo. La descertificación funciona como ruido mediático y presión diplomática, no como política pública coherente. La coreografía es tan predecible como útil para el ciclo noticioso, titulares breves, entrevistas listas, paneles dóciles.
La decisión llega en plena precampaña presidencial estadounidense, con la migración y la «crisis de drogas» dominando el discurso partidista. Exhibir dureza contra Colombia rinde políticamente sin asumir los costos de una ruptura real. La Casa Blanca obtiene frases ásperas para consumo interno y mantiene intactos los flujos de cooperación que necesita para evitar que el fentanilo y la cocaína agraven su sistema de salud pública. Es pragmatismo imperial disfrazado de rectitud moral, una pedagogía del castigo simbólico que no toca lo esencial, la demanda.
Cifras y silencios
El argumento central de la descertificación se apoya en el crecimiento de los cultivos de coca a doscientas cincuenta y tres mil hectáreas en dos mil veintitrés según el informe de la UNODC. La cifra se presenta como prueba de «fracaso» del gobierno colombiano, pero omite contexto esencial. Esa expansión responde a una tendencia iniciada en dos mil veinte y consolidada antes del giro estratégico hacia la sustitución voluntaria. La ruptura de los acuerdos de paz, el reacomodo de grupos armados y la ausencia de alternativas económicas explican mejor el fenómeno que la supuesta negligencia gubernamental. El número, aislado de su historia, sirve como arma retórica, no como diagnóstico.
Al mismo tiempo se silencia el récord de incautaciones alcanzado en dos mil veinticuatro y sostenido en dos mil veinticinco. Laboratorios destruidos, embarcaciones interceptadas en altamar, golpes a cadenas logísticas que no aparecen en los noticieros pero sí en informes técnicos. La paradoja es evidente, cuanto más cocaína se intercepta, más fácil resulta afirmar que se produce más. La ecuación es infalible para concluir siempre culpa, independientemente de los resultados. Así, el indicador preferido cambia según convenga, unas veces hectáreas, otras veces decomisos, nunca contexto.
Lobby y narrativa
La descertificación no cayó del cielo. Durante meses, políticos opositores colombianos viajaron a Washington para reunirse con congresistas, funcionarios del Departamento de Estado y centros de pensamiento conservadores. El objetivo era nítido, presionar por un castigo simbólico que se pudiera capitalizar electoralmente en Colombia. Alcaldes, gobernadores y senadores regresaron con la medalla de haber «logrado» que Estados Unidos «pusiera en evidencia» al gobierno nacional. Lo que celebran es un papel sin sanciones automáticas, una herramienta de chantaje blando destinada a fabricar titulares y marcar agenda. Se invoca el fantasma de aranceles, restricciones de visado y bloqueo de créditos multilaterales, se filtra pánico mediático. Después, la exención borra con pragmatismo la bravata y todo continúa.
Estados Unidos se erige en juez moral de una guerra que alimenta con su propia demanda. Mientras dicta sentencia sobre cultivos en el sur, lidia con una epidemia de sobredosis que mata a más de cien mil personas cada año. El fentanilo se convirtió en tótem electoral, sin que la cocaína deje de fluir hacia el mercado más voraz del planeta. ¿Quién certifica al certificador, quién califica moralmente a la sociedad que más consume aquello que dice combatir? La pregunta expone la mecánica profunda del sistema, la adicción convertida en doctrina y la doctrina en instrumento de poder.
Dependencia y rumbo
«Las leyes son como las serpientes, solo muerden a los descalzos», escribió Eduardo Galeano. La sentencia resume el mapa moral de la guerra contra las drogas, muerde al campesino que siembra porque no tiene otra cosa, al joven que ingresa a la cadena criminal por falta de opciones y al policía que se juega la vida por un salario que no lo protege. No muerde al consumidor rico ni al banco que lava, no muerde al político que hace lobby, no muerde al país que dicta certificados mientras exporta hipocresía.
La descertificación con exención delata pánico estratégico. Washington sabe que sin la Policía, sin la Armada, sin los pilotos y fiscales colombianos, su mercado se inundaría todavía más. Por eso aprietan sin ahorcar, castigan sin romper. Colombia es prescindible cuando conviene exhibir autoridad, imprescindible cuando toca asumir los muertos, los desplazados y el campesinado criminalizado por una economía que le fue impuesta desde afuera. El memorando describe la cooperación como «vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos». Si es vital para ellos, debería ser motivo de respeto, no de chantaje. Pero la lógica imperial opera al revés, cuanto más necesario es el socio, más se le disciplina para evitar que tome conciencia de su poder de negociación.
Estado y territorio
La descertificación pretende cerrar un debate que Colombia abrió por necesidad, pasar de una guerra fallida de cinco décadas a una política de salud pública y desarrollo territorial. Sustitución con presupuesto real, presencia institucional que no se mida por operativos puntuales sino por carreteras, escuelas y créditos, mercados legales que remuneren el trabajo agrícola en vez de criminalizarlo. Se trata de arrebatarle territorio a la economía ilegal con Estado y con derechos, no con aspersión aérea ni cárceles para la pobreza. Washington no quiere ese debate porque lo perdería, su modelo punitivo es indefendible desde métricas sanitarias, económicas, sociales y humanitarias. Prefiere mantener el statu quo de una guerra que genera dependencia, contratos y mecanismos de control geopolítico.
Cuando se contrasta el pico de cultivos de dos mil veintitrés con el comportamiento entre dos mil veinte y dos mil veintidós, la explicación coyuntural se desmorona. La ruptura del proceso de paz, la recomposición de economías armadas y la mutación de rutas empujaron la frontera agrícola del arbusto. Muchos corredores quedaron liberados a la disputa, la presencia del Estado se sustituyó por la operación militar sin salida social y se midió éxito por hectáreas arrancadas en vez de por economías legales instaladas. Esa herencia pesa sobre cualquier gobierno que intente cambiar la estrategia, porque el suelo institucional está erosionado y la desconfianza comunitaria es alta. Por eso la sustitución voluntaria exige tiempos más largos, presupuestos sostenidos y seguridad jurídica para el campesinado.
Operación y datos
La política de interdicción, por su parte, escaló de forma tangible. Hubo barcos detenidos, laboratorios destruidos, rutas desarticuladas y extradiciones sostenidas, acciones que no suelen ocupar las portadas porque carecen de épica audiovisual. Los balances técnicos, sin embargo, están ahí y muestran un esfuerzo operacional constante. Si fuera cierto que Colombia «falló» de manera demostrable, la cooperación se habría suspendido sin contemplaciones, algo que no ocurrió. El contraste entre relato y hechos materiales es demasiado visible como para ignorarlo.
Los sistemas de medición importan. La categoría «producción potencial» no equivale a producción efectiva, su estimación depende de supuestos sobre rendimiento y procesamiento que cambian con rapidez en el terreno. Las series de incautaciones difieren por corte temporal y metodología de conteo, las bases de datos policiales no siempre dialogan con las judiciales y los registros internacionales agregan rezagos. Esa complejidad se borra en el debate público, donde el número se usa como sentencia. La prensa dominante suele reducirlo todo a una curva que sube o baja, sin historia, sin actores, sin incentivos. Esa simplificación alimenta políticas ineficaces y castigos que solo producen más desigualdad.
Soberanía funcional
Reducir la dependencia de la asistencia condicionada no es un eslogan, es una hoja de ruta. Implica inversión en capacidades logísticas propias, vigilancia aérea y marítima con tecnología nacional, inteligencia financiera con independencia técnica y una justicia que priorice la persecución de grandes estructuras y del lavado.
Implica también reformar los incentivos de la sustitución para que el ingreso lícito compita de verdad con el ilegal, con compras públicas, crédito blando y encadenamientos productivos. Se necesita un pacto social con las regiones que hoy sostienen la economía de la hoja, de lo contrario el péndulo entre erradicación y resiembra seguirá girando. Solo así los memorandos perderán eficacia simbólica y dejarán de dictar agenda…
G.S.
Metodología y verificación
He confrontado el memorando presidencial estadounidense para el año fiscal 2026, que incluye a Colombia en la lista de países que «incumplen manifiestamente» y, de forma simultánea, concede una exención de interés nacional que mantiene la cooperación. He cruzado los datos de cultivos de coca con el monitoreo de la UNODC para dos mil veintitrés, que reporta doscientas cincuenta y tres mil hectáreas y un incremento del cincuenta y tres por ciento en producción potencial.
He verificado reportes de incautaciones y destrucción de laboratorios divulgados por autoridades colombianas durante dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco. He revisado coberturas de agencias internacionales que confirman la descertificación acompañada de exención, sin activación de sanciones automáticas. Señalo incertidumbres, las cifras de incautaciones difieren entre reportes oficiales y balances trimestrales, la categoría «producción potencial» no equivale a producción efectiva y ciertos datos de interdicción varían por corte temporal y metodología.
Fuentes
- Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas, año fiscal 2026, Departamento de Estado de EE. UU., 15 de septiembre de 2025.
- Colombia: Potential cocaine production increased by 53 per cent in 2023, UNODC, 18 de octubre de 2024.
- Monitoring of territories with presence of coca crops 2023, UNODC, 26 de febrero de 2025.
- U.S. says Colombia, Venezuela failed to fight drug trafficking, Reuters, 16 de septiembre de 2025.
- Estados Unidos “descertifica” lucha antidrogas de Colombia y otros países, Reuters, 16 de septiembre de 2025.
- Colombia’s president lashes out at Trump administration over drug war designation, Associated Press, 17 de septiembre de 2025.
- For the first time in decades, U.S. says Colombia is falling short in the drug war, GPB/NPR, 16 de septiembre de 2025.
- Mindefensa anuncia récord histórico en incautación de cocaína, El Tiempo, 10 de agosto de 2025.
- Colombia registra récord en incautaciones de cocaína, RTVC Noticias, 14 de septiembre de 2025.
- Récord de incautaciones de cocaína por la Armada Nacional en 2025, Radio Nacional de Colombia, 11 de agosto de 2025.
- Dispatch from Bogotá, this September is a pivotal moment for US–Colombia relations, Atlantic Council, 2 de septiembre de 2025.
- Booming Coca and Bilateral Chill Drive U.S. Move to Decertify Colombia, International Crisis Group, 17 de septiembre de 2025.
Totales por gobierno de cocaína incautada (toneladas)
- César Gaviria (1990–1994) ≈ 202,3 t (1993 sin dato)
- Ernesto Samper (1995–1998) 178,6 t
- Andrés Pastrana (1999–2002) 283,4 t
- Álvaro Uribe (2003–2010) 1251,4 t
- Juan Manuel Santos (2011–2018) ≥ 1705,0 t (2018 sin dato)
- Iván Duque (2019–2021) ≈ 616,9 t (2019–2020 consolidados, 2021 sin dato)
- Gustavo Petro (2022–2025) ≈ 2999,5 t (2025 acumulado a la fecha)
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