En un país corroído por la desigualdad y la impunidad de los poderosos, las revelaciones del Ministerio de Trabajo de Colombia sobre las condiciones impuestas a los empleados de los supermercados Olímpica destapan una realidad abyecta. Detrás de las fachadas rojas y blancas de las tiendas se esconde un modelo de explotación brutal, orquestado por una de las familias más influyentes del país: el clan Char.
Las tiendas Olímpica no son un negocio popular. Encarnan una economía colonial, feudal, disfrazada con los rasgos modernos del comercio masivo. No es una empresa. Es una dinastía económica al servicio del poder político, un laboratorio de regresión social normalizada.
JORNADAS DE 10 HORAS, CONTRATOS FANTASMA, SILENCIO GENERALIZADO
Las inspecciones realizadas en más de sesenta establecimientos revelaron jornadas laborales de hasta diez horas, sin pago de horas extras. Todo esto sin contratos directos ni derechos sindicales. La gran mayoría de los trabajadores no son empleados por Olímpica directamente, sino por empresas subcontratadas como Incopac, Ihungo, Inverosur o Géstica. Una maniobra ilegal de tercerización para eludir la legislación laboral.
La ley colombiana es clara: la jornada máxima diaria es de ocho horas, y la semana laboral no debe exceder las cuarenta y cuatro. Cualquier exceso debe pagarse como horas extras. Olímpica, bajo el mando de la familia Char, pisotea esta norma con la complicidad del silencio institucional. En Barranquilla, nadie se atreve a tocar a la dinastía. Ni jueces, ni alcaldes, ni fiscales.
EL CLAN CHAR: PODER ABSOLUTO EN LA COSTA CARIBE
Fuad Char Abdala, fundador del grupo, exministro, senador, magnate comercial, dueño de equipo de fútbol. Todo comienza con él. Transmite su imperio a sus hijos: Arturo, presidente del Senado en plena pandemia, implicado en el escándalo de corrupción de la Ñeñepolítica. Alejandro, varias veces alcalde de Barranquilla, acusado de compra de votos, favoritismo y desvío de fondos. Cada mandato, cada elección, cada contrato público fortalece el imperio familiar.
Olímpica es su caja fuerte. Su máquina de dinero. Cada peso robado a los trabajadores mediante la explotación ilegal de su fuerza laboral se reinvierte en la conquista del poder. Fútbol, publicidad, mecenazgo cultural, clientelismo barrial. Controlan la región por el estómago, por la imagen y por el miedo.
UN SISTEMA INDUSTRIAL DE VIOLACIÓN LABORAL
Los agentes del Ministerio del Trabajo también constataron la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en los locales. Sin pausas dignas, sin ergonomía, sin señalización de seguridad, sin equipos de protección individual. Sin espacios para almorzar ni salas de lactancia. Decenas de vigilantes contratados por día, sin contratos escritos. Mujeres embarazadas obligadas a renunciar. Empleados despedidos verbalmente, reemplazados el mismo día.
Este sistema de explotación es tanto más cínico cuanto que está perfectamente calculado. No se trata de errores, sino de una estrategia deliberada. Al tercerizar los contratos, Olímpica elude sus obligaciones sociales, neutraliza cualquier forma de resistencia y elimina por completo la posibilidad de sindicalización. Una red opaca de contratistas, todos vinculados política o económicamente al clan Char, permite blanquear responsabilidades. Nadie sabe quién emplea a quién. Y ese es precisamente el objetivo.
UN MODELO GENERALIZADO EN TODA COLOMBIA
Lo que ocurre en Olímpica no es una anomalía. Es la norma. Según cifras del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, más del 58 % de los colombianos trabajan en la informalidad. En los grandes supermercados, cerca del 80 % del personal está tercerizado, a veces con contratos por obra como si fueran trabajadores independientes.
Se les paga menos. No se les reconocen horas extra. No tienen vacaciones. Y son despedidos sin proceso alguno. Este modelo es promovido por las cámaras de comercio, los medios regionales y la burguesía que considera el derecho laboral un obstáculo para las ganancias.
UNA PRÁCTICA CRIMINAL
¿Aún se puede hablar de irregularidades? Lo que revela la investigación del Ministerio del Trabajo es una infracción estructural a los derechos fundamentales. Una empresa que, para crecer, decide triturar a sus empleados, mentir sobre sus responsabilidades y construir su imperio sobre la miseria. No es una excepción. Es un proyecto político.
La Constitución colombiana protege el trabajo digno. El Código Laboral impone reglas claras. Las convenciones internacionales garantizan un piso mínimo de derechos. Sin embargo, el clan Char actúa como si nada de eso existiera.
EL DEBER DE RESISTIR
¿Cuánto tiempo más podrá el clan Char mezclar política, negocios y explotación sin responder por sus actos? ¿Cuántas empresas como Olímpica seguirán funcionando como máquinas de lucro sin respetar los derechos humanos más básicos? ¿Cuántos sindicalistas tendrán que ser despedidos, amenazados o asesinados para que la justicia social asome en el debate público?
“La historia de América Latina es una historia de manos vacías, de brazos cansados, de salarios invisibles”, escribió Eduardo Galeano. Hoy sigue siendo cierto.
Es hora de romper esta inmunidad de clase. Recordar que un producto barato esconde una realidad de sufrimiento, jornadas extenuantes y humillaciones cotidianas. Olímpica no es un supermercado. Es una máquina de triturar seres humanos. Un imperio de la vergüenza sostenido por la arrogancia de una casta que se cree intocable.
Char, la ley también es para los ricos. Y ha llegado el momento de que lo entiendan.
G.S.
