Sumario
Desde finales de los años 70, los gobiernos colombianos han utilizado mecanismos legales, militares y administrativos para controlar, restringir o intimidar a la prensa. Decretos de excepción, presiones económicas, espionaje, exclusiones en zonas de conflicto y campañas de estigmatización han configurado un patrón histórico de censura. Este dossier detalla, con casos y fuentes primarias, cómo cada administración ha contribuido a esta herencia autoritaria.
Introducción
En Colombia, la libertad de prensa se ha visto erosionada de forma constante, no solo por la violencia de actores armados ilegales, sino también por decisiones y políticas estatales. A lo largo de cuatro décadas, desde Julio César Turbay hasta Gustavo Petro, el Estado ha recurrido a figuras jurídicas de excepción, operaciones militares encubiertas y estrategias de presión económica para condicionar la información que llega al público.
La censura no siempre adopta la forma burda de cerrar un periódico o encarcelar a un periodista. En muchas ocasiones, se disfraza bajo argumentos de “seguridad nacional”, “orden público” o “protección de la institucionalidad”. Este recorrido histórico evidencia cómo, con matices y contextos distintos, los gobiernos de turno han compartido una tendencia preocupante: intervenir en el flujo informativo cuando este amenaza su control político.
Línea de tiempo y análisis por gobierno
Turbay (1978–1982)
Con el Estatuto de Seguridad, Turbay trasladó competencias de la justicia civil a tribunales militares. Bajo este marco, las redacciones fueron objeto de allanamientos masivos, especialmente en medios críticos con las políticas de seguridad. Aunque no se documentaron condenas judiciales posteriores, el mensaje fue claro: la prensa estaba bajo vigilancia militar.
Betancur (1982–1986)
Durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el gobierno ordenó la suspensión de transmisiones radiales y televisivas, cortando la cobertura en directo del asalto. Este control informativo fue denunciado por medios como El Tiempo, cuyos archivos recogen testimonios de periodistas desplazados de la zona.
Barco (1986–1990)
En su mandato, los estados de excepción prolongados sirvieron para justificar restricciones al cubrimiento de temas de narcotráfico y conflicto armado. El Espectador, que investigaba a los carteles, sufrió presiones económicas y amenazas indirectas que coincidieron con el asesinato de su director Guillermo Cano.
Gaviria (1990–1994)
Tras la Constitución de 1991, Gaviria recurrió nuevamente a figuras de excepción en contextos de violencia. Estaciones de radio regionales fueron cerradas temporalmente bajo el argumento de “seguridad”, según registros de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Samper (1994–1998)
El escándalo del Proceso 8.000 llevó al gobierno a aplicar la figura de “conmoción interior”, reduciendo espacios de información y retirando contratos publicitarios oficiales a medios críticos como El Espectador. Semana y FLIP documentaron la disminución abrupta de anuncios estatales como forma de presión.
Pastrana (1998–2002)
En el contexto de los diálogos de paz del Caguán, el gobierno negó acreditaciones a corresponsales para cubrir zonas de negociación, alegando razones de seguridad. El CPJ (Committee to Protect Journalists) registró al menos un caso de exclusión directa de un periodista de la zona.
Uribe (2002–2010)
Bajo su administración, el DAS desarrolló un programa de espionaje a periodistas, magistrados y opositores(“chuzadas”). En 2015, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de prisión, y el exsecretario de Presidencia, Bernardo Moreno, a 8 años. Organizaciones como RSF documentaron además la estigmatización pública de comunicadores críticos.
Santos (2010–2018)
La Operación Andrómeda en 2014 reveló interceptaciones ilegales a negociadores de paz y periodistas. Semanapublicó los hallazgos, que derivaron en sanciones disciplinarias y el retiro de varios oficiales del Ejército. Aunque el gobierno negó responsabilidad directa, el caso expuso redes de inteligencia paralela.
Duque (2018–2022)
Durante el Paro Nacional de 2021, periodistas fueron víctimas de agresiones físicas, detenciones arbitrarias y fichajes por parte de fuerzas de seguridad. RSF reportó 40 agresiones documentadas y Fundamedios registró 19 detenciones; algunos agentes fueron sancionados.
Petro (2022–2025)
En mayo de 2025, estalló la controversia por las “Carpetas Secretas”, un archivo de inteligencia militar con datos de 130 periodistas. Estas operaciones provenían de estructuras y prácticas heredadas de gobiernos anteriores, que operaban de forma autónoma y al margen del control presidencial. El escándalo llevó a sanciones disciplinarias contra oficiales implicados. El debate se centró en el papel de los medios públicos y la necesidad de blindar la prensa frente a este legado de espionaje político.
Consecuencias y patrones
El repaso evidencia que la censura en Colombia es estructural y transversal a gobiernos de distinto signo político. Cambian las justificaciones, pero no la lógica: restringir el acceso a la información cuando esta incomoda al poder.
Los mecanismos van desde la represión directa (allanamientos, cierres) hasta la presión indirecta (retiro de pauta, estigmatización). En todos los casos, la ausencia de justicia efectiva perpetúa la impunidad y normaliza la intervención estatal en la labor periodística…
G.S.
Tabla de casos documentados
| Gobierno | Medidas estatales directas | Caso destacado (fecha + resultado judicial) | Fuente primaria |
|---|---|---|---|
| Turbay (78–82) | Estatuto de Seguridad, justicia militar, decomisos | Allanamientos masivos en redacciones, sin condenas posteriores | — (a precisar) |
| Betancur (82–86) | Corte de transmisiones durante toma del Palacio de Justicia | Suspensión de Radio/TV (1985) | Archivos El Tiempo |
| Barco (86–90) | Estados de excepción prolongados | Presiones económicas a El Espectador tras investigaciones de narcotráfico | — (a precisar) |
| Gaviria (90–94) | Estados de excepción post-1991, coberturas restringidas | Cierre temporal de emisoras regionales por “seguridad” | FLIP |
| Samper (94–98) | “Conmoción interior”, retiro de publicidad oficial | Reducción abrupta de pauta estatal a El Espectadorpor críticas del Proceso 8.000 | Semana, FLIP |
| Pastrana (98–02) | Negativa de acreditaciones en zonas sensibles | Exclusión de corresponsal de área de negociación de paz | CPJ |
| Uribe (02–10) | Espionaje DAS, estigmatización | 2015: Hurtado condenada a 14 años, Moreno a 8 años por “chuzadas” | RSF, Wikipedia DAS |
| Santos (10–18) | Interceptaciones Andrómeda | Publicación en 2014 por Semana; sanciones disciplinarias y retiro de generales | Wikipedia Alejandro Santos |
| Duque (18–22) | Obstáculos a cobertura de protestas, fichajes militares | Paro 2021: 40 agresiones (RSF), 19 detenciones (Fundamedios); sanción a policías | RSF, Fundamedios |
| Petro (22–25) | Debate sobre medios públicos, sanciones 2025 | Mayo 2025: sanciones disciplinarias por “Carpetas Secretas” contra 130 periodistas | — (a precisar) |
Fuentes
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Reporteros Sin Fronteras (RSF)
- El Tiempo (archivo histórico)
- El Espectador
- Semana
- Committee to Protect Journalists (CPJ)
- Fundamedios
- Wikipedia (DAS, Operación Andrómeda, Alejandro Santos)
