Mientras Portugal avala su extradición, Diego Marín Buitrago amenaza con exponer los nexos entre mafia, política y corrupción institucional. Lo que está en juego no es solo su silencio: es la arquitectura del poder mafioso en Colombia.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Lisboa de autorizar la extradición de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, marca un punto de inflexión en una historia de poder oculto, redes criminales y pactos de silencio. Mientras la solicitud de asilo presentada por el capo en diciembre de 2024 frena su entrega efectiva, Colombia espera, con más temor que esperanza, la llegada de uno de los hombres que más sabe sobre los engranajes ocultos del Estado.
El zar del contrabando en el Caribe
Conocido en los puertos del Caribe colombiano como el “amo y señor” del contrabando, Papá Pitufo construyó un imperio financiero sobre la importación ilegal de mercancías, el lavado de activos y la corrupción de funcionarios aduaneros. Su principal base de operaciones era el puerto de Barranquilla, convertido desde hace años en una zona gris donde la vigilancia aduanera, los militares y los clanes políticos operan en simbiosis con redes criminales. Se estima que sus operaciones generaban entre 300 y 500 millones de dólares al año, utilizando empresas de papel, rutas protegidas y sobornos sistemáticos.
Pero Marín Buitrago no era simplemente un delincuente económico: era el rostro moderno del viejo modelo de poder mafioso criollo. Su figura encarna la consolidación de un “Estado paralelo” que se enriquece del desangre fiscal, del contrabando estructural y del saqueo sistemático de las aduanas. Su presencia nunca fue discreta. En Barranquilla, su nombre circulaba con familiaridad entre comerciantes, políticos, mandos policiales y periodistas locales. No era temido: era respetado.
Un donante indeseado y una estrategia de infiltración
El escándalo estalló cuando, en 2022, se reveló que Marín había intentado hacer una donación a la campaña presidencial de Gustavo Petro. La respuesta del entonces candidato fue inmediata: ordenó la devolución de los fondos y exigió que todo el procedimiento fuera grabado en video como acto de transparencia. Pero el daño ya estaba hecho: sectores políticos y mediáticos utilizaron el incidente para sembrar dudas sobre los nexos entre el petrismo y el crimen organizado. La maniobra tenía un objetivo claro: desacreditar la campaña reformista a través del miedo al narcocapitalismo.
Benedetti, Barranquilla y los clanes del Atlántico
Las sospechas se agudizaron cuando salieron a la luz reuniones informales entre Marín Buitrago y Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y figura clave del petrismo. Aunque hasta ahora no se han comprobado delitos, la sola existencia de esos encuentros revela la peligrosa cercanía entre operadores del poder político y los amos de la economía ilegal. En el Atlántico, donde dominan los clanes Char, Gerlein y Name, el contrabando no es un delito: es una economía paralela institucionalizada. Las campañas políticas locales, desde hace décadas, se financian en parte con dinero del contrabando, y muchos funcionarios electos deben su ascenso al “apoyo logístico” de estos capos discretos.
La DIAN, la POLFA y la corrupción estructural
Papá Pitufo no operaba solo. Informes reservados apuntan a funcionarios de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) que facilitaron el paso de cargamentos ilegales a cambio de comisiones. La conexión entre estas entidades y redes de blanqueo en Medellín, Cali y Miami evidencia un sistema de corrupción estructural que compromete al aparato estatal. También se investiga si agentes del CTI y fiscales regionales habrían retrasado procesos deliberadamente, archivando pruebas o “perdiendo” expedientes clave.
El perfil oculto del depredador institucional
Detrás de su apodo casi caricaturesco, Diego Marín Buitrago representa una figura mucho más siniestra: la del criminal sistémico que sabe cómo jugar con las reglas del poder. No necesitaba violencia visible: utilizaba el soborno, la intimidación selectiva, la cooptación de jueces, el patrocinio político. Se comportaba como un “empresario del Estado fallido”, moldeando a su favor normas, controles y autoridades. Su verdadera fuerza radica en el conocimiento profundo de las zonas grises del derecho colombiano. No manda matar: manda callar. No compra votos: financia campañas enteras.
Asilo en Europa: el nuevo blindaje de los capos
La estrategia de Marín al pedir asilo en Portugal refleja una tendencia creciente entre criminales de alto perfil: presentarse como perseguidos políticos para demorar o evitar la extradición. El recurso puede tardar entre 80 y 100 días en resolverse. Durante ese tiempo, el zar del contrabando permanece bajo custodia, mientras sus abogados agotan todos los recursos legales para evitar su regreso a Colombia. El antecedente de Alex Saab, detenido en Cabo Verde y extraditado tras meses de presión diplomática, es revelador: los capos del blanqueo se refugian en el lenguaje de los derechos humanos cuando les conviene. Se disfrazan de víctimas para proteger los secretos de sus patrones.
Silencios mediáticos y complicidades cínicas
Curiosamente, los grandes medios colombianos han tratado el caso con pinzas. Semana se limita a reproducir boletines judiciales. El Tiempo evita mencionar los nombres de funcionarios involucrados. RCN omite el impacto estructural de la red. El silencio no es ingenuo: muchos de estos conglomerados informativos tienen vínculos económicos con grupos financieros que se han beneficiado del lavado de activos disfrazado de inversión. Los medios independientes que han intentado seguir la pista de Marín han recibido amenazas o han visto retirada su pauta publicitaria. En Colombia, el periodismo económico que toca las raíces del poder no dura mucho.
Lo que puede destapar
Lo que más preocupa a las élites políticas y económicas no es la captura de Papá Pitufo, sino lo que podría contar si decide colaborar con la justicia. Se rumorea que maneja información sensible sobre estructuras de corrupción en la DIAN, sobre operaciones de blanqueo a través de constructoras, cooperativas falsas, fundaciones “sin ánimo de lucro”, y sobre empresas pantalla que financiaron campañas políticas entre 2010 y 2022. Su extradición podría también reabrir procesos dormidos contra figuras como Germán Vargas Lleras, Álex Char o Álvaro Hernán Prada. Tiene nombres, fechas, cuentas. Y sabe perfectamente cuándo y cómo usarlos.
Una justicia atrapada en su propia trampa
El caso revela, una vez más, la dificultad del Estado colombiano para luchar contra las estructuras criminales que operan en simbiosis con él. Si Marín llega a Colombia y habla, podría desencadenar una tormenta institucional. Si no llega, o si es silenciado, será una prueba más del fracaso del sistema judicial y del control mafioso sobre los mecanismos del Estado. Como sucedió con la fuga de Aida Merlano, como sucedió con las confesiones mutiladas de Salvatore Mancuso, el Estado colombiano se enfrenta otra vez a un dilema: proteger la verdad, o proteger a los suyos.
La banalización del crimen económico
Durante décadas, el contrabando ha sido tratado como un mal menor frente al narcotráfico. Pero en realidad, representa una forma de saqueo equivalente. No solo drena recursos públicos; destruye la industria nacional, precariza el empleo legal, y consolida redes de poder paralelas que debilitan la soberanía fiscal y territorial del Estado. El crimen económico no mata con balas, pero sí con hambre, desempleo, evasión y dependencia. Y es precisamente esa “invisibilidad violenta” lo que lo hace tan peligroso.
La pregunta central
¿Está Colombia preparada para escuchar lo que Papá Pitufo tiene para decir? ¿O hará todo lo posible para que su voz nunca llegue a oídos del pueblo? Porque si habla, no caerá un hombre: caerá una red entera que lleva décadas dirigiendo el país desde las sombras. Y si no cae, será una señal definitiva de que ya no hay justicia posible: solo simulacro…
G.S.
