Crímenes pederastas, represión policial, manipulación mediática: el poder colombiano en su forma más infame
El 6 de mayo de 2025, Bogotá descubre lo indecible. Al menos doce niños de entre dos y tres años fueron víctimas de abusos sexuales reiterados en el Jardín Infantil Canadá, una institución supuestamente destinada a garantizar la seguridad, el desarrollo y el bienestar de la primera infancia. El presunto agresor, Freddy Arley Castellanos, educador de 52 años, está hoy bajo detención preventiva. Las acusaciones son gravísimas: actos sexuales abusivos y acceso carnal con menor de 14 años.
Los hechos habrían ocurrido dentro de las instalaciones, en horario escolar, contra niños demasiado pequeños para comprender o verbalizar lo que estaban sufriendo. Sólo después de observar comportamientos alterados y signos clínicos graves algunos padres empezaron a sospechar lo impensable. Entonces, con demasiado retraso, se activó el aparato judicial.
Pero esta tragedia no es un caso aislado. Revela un sistema fallido, una cadena de negligencias, silencios, omisiones y una complicidad institucional evidente.
El modelo criminal de la tercerización infantil
El Jardín Infantil Canadá, contrariamente a lo que afirmó de forma mentirosa el alcalde de Bogotá, no era administrado por el Estado. Formaba parte de una red de instituciones gestionadas por operadores privados contratados por el ICBF, dentro de una lógica de tercerización masiva adoptada desde los años 2000 por las élites neoliberales. Esta estrategia, supuestamente diseñada para “optimizar recursos”, transformó la atención infantil en un mercado de lucro, donde la seguridad, la formación del personal, el control de calidad y la transparencia quedaron relegadas por completo.
El ICBF, institución estatal que debería proteger la infancia, cumple en la práctica un rol administrativo debilitado, sin herramientas de vigilancia reales. Cientos de jardines infantiles en Colombia están hoy en manos de fundaciones, ONG o empresas privadas que operan sin inspección rigurosa. En ese marco, Freddy Arley Castellanos pudo ser contratado, actuar, abusar, en un silencio cómplice.
La indignidad absoluta: el Estado contra las víctimas
El 7 de mayo, tras la revelación del escándalo, familias devastadas —en su mayoría madres, muchas con sus hijos en brazos— se reunieron frente a las puertas del jardín infantil cerrado. No exigían otra cosa que verdad, explicaciones, respuestas. Su dolor era digno. Su pedido, legítimo.
La respuesta de la alcaldía de Bogotá fue brutal, inhumana, totalitaria.
Por orden de Carlos Fernando Galán, alcalde de la capital, fue desplegada la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UDMO, ex-ESMAD) para dispersar la manifestación pacífica. Lanzaron granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y golpearon a la multitud, en la que había niños pequeños. Hay testimonios de menores asfixiados, madres quemadas por los gases, gritos de pánico.
Galán gaseó a madres de niños violados. No es una exageración. Es un hecho. Es un crimen moral.
Y lo hizo conscientemente. No pidió disculpas. No suspendió a los responsables. Por el contrario, defendió la operación y legitimó el uso de la fuerza.
Mentira de Estado: estrategia de encubrimiento
Galán, lejos de asumir responsabilidades, compareció ante la prensa con una estrategia clara: desviar la atención.Afirmó que el jardín era administrado por el gobierno nacional, sugiriendo que la culpa recaía sobre el presidente Gustavo Petro. Una maniobra fría y calculada. Un intento de convertir la tragedia de niños abusados en munición para una guerra política.
Pero los hechos lo desmienten. Desde hace años, los jardines comunitarios se entregan en concesión a entidades privadas, en un modelo heredado del neoliberalismo. El ICBF no administra directamente: firma contratos, transfiere recursos, delega. Es la alcaldía la que coordina, supervisa y elige los operadores. Galán lo sabía. Y mintió descaradamente.
Galán: rostro de una oligarquía cínica y violenta
Carlos Fernando Galán, hijo del líder asesinado Luis Carlos Galán, ha traicionado el legado de su padre. Hoy, es el rostro de una clase política que desprecia al pueblo, protege a los suyos y reprime a quienes exigen justicia.
Pudo escuchar. Prefirió reprimir. Pudo decir la verdad. Eligó mentir. Pudo proteger a la infancia. Optó por defender contratos. Es moralmente cómplice de un sistema que permite que violadores accedan impunemente a los niños.
Una sociedad civil en lágrimas y bajo gases
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones de derechos de la infancia, parlamentarios, periodistas y activistas denunciaron el atropello. La senadora Esmeralda Hernández declaró:
« Es el colmo de la hipocresía: reprimir a madres en duelo y luego culpar al gobierno nacional. Galán ha perdido toda legitimidad. »
Pero los grandes medios callaron. La narrativa oficial se impuso. La rabia fue silenciada.
Exigencias inmediatas: justicia, verdad, reparación
Este no es un caso aislado. Es un crimen institucional, una traición al pueblo, una muestra obscena de lo que es capaz el poder cuando se ve amenazado.
Exigimos:
- La renuncia inmediata de Carlos Fernando Galán.
- El fin de la tercerización en la atención infantil.
- Una comisión independiente con facultades de investigación sobre todos los contratos del ICBF.
- La suspensión de todos los operadores privados hasta una auditoría completa.
- Un plan nacional de reparación y atención integral a las víctimas y sus familias.
No olvidamos. No perdonamos. No callamos.
Lo que ocurrió en Bogotá es una infamia. Un niño violado ya es una tragedia irreparable. Pero una madre gaseada por defenderlo es el colapso moral de un país.
Si dejamos pasar esto, ¿qué nos queda como sociedad?
G.S.
