Colombia: cuando las cámaras del poder se convierten en cajas negras
La detención de Iván Leónidas Name, expresidente del Senado colombiano, abre una grieta en el edificio carcomido de la democracia parlamentaria. No se trata de un simple escándalo político: es un sismo. Tres mil millones de pesos entregados en efectivo, en un apartamento de Bogotá, a cambio de apoyo legislativo. Todo financiado con fondos desviados que estaban destinados a las víctimas de desastres naturales. El dinero del desastre, reciclado en corrupción institucional.
Un senador de la República, capturado como un delincuente
El 7 de mayo de 2025, Iván Name fue detenido por la policía judicial por orden directa de la Corte Suprema de Justicia. El senador, elegido por el partido Alianza Verde, está acusado de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Los hechos se remontan a octubre de 2023. Según los testimonios cruzados de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de alto nivel de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), Name habría recibido 3 mil millones de pesos en efectivo, entregados directamente en su residencia. El objetivo: comprar su apoyo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. La intermediaria: Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones.
El dinero del desastre transformado en soborno parlamentario
Este escándalo va mucho más allá de la figura de Iván Name. Revela la existencia de un sistema organizado de redistribución de fondos públicos a favor de figuras clave del Congreso. Dinero destinado a la gestión de desastres, a la reconstrucción, a la ayuda humanitaria, fue desviado para engrasar los engranajes políticos. La UNGRD, llamada a socorrer a las poblaciones en emergencia, fue utilizada como una alcancía clandestina.
Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, también habría recibido 1 mil millones de pesos en Montería. Las instrucciones habrían sido dadas por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia). Todo esto mientras el país atraviesa una profunda crisis social y las promesas de reforma se estrellan contra una obstrucción sistemática en el Congreso.
El verde que vota con la derecha: el verdadero rostro de Iván Name
Una fachada centrista, un corazón conservador
Detrás de la fachada centrista y ecologista de Iván Leónidas Name se esconde en realidad una figura clásica de la derecha tradicional colombiana, arraigada en las élites locales, en los pactos transpartidarios y en la perpetuación de los privilegios. Su partido, Alianza Verde, aunque se presenta como modernizador y generacionalmente renovado, encubre en su perfil personal todo lo más arcaico de la política colombiana: herencia familiar, clientelismo regional, doble discurso y sometimiento al poder económico.
Heredero de un sistema feudal regional
Nacido en Barranquilla en 1957, Iván Name pertenece a una dinastía política influyente de la costa Caribe. Su padre, Iván Name Vásquez, fue senador liberal en los años 70 y 80, y su ascenso no se debe al mérito individual sino a la reproducción de un poder familiar. En las regiones de la costa, el apellido “Name” es un sello de continuidad feudal, más que un proyecto político. Nada nuevo bajo el sol tropical: se hace campaña con promesas, se gobierna con favores y se legisla según los intereses de los clanes locales.
Un saboteador de las reformas sociales
A pesar de una retórica de consenso y apertura, Iván Name lideró una presidencia del Senado claramente hostil a las reformas del Pacto Histórico. Sistemáticamente frenó, modificó o enterró los proyectos clave del gobierno Petro: reforma de la salud, reforma laboral, reforma del sistema de pensiones. Bajo el disfraz de la moderación institucional, defendió las posiciones de la derecha económica, protegió a las EPS (empresas privadas de salud) y dio constantes señales de respaldo a los sectores financieros y a los barones regionales. En público llamaba al diálogo. En privado, obstruía.
Mercadeo, influencia y cálculos ocultos
Su estilo político es el de un “intermediario de poder”: no produce ideas, orquesta relaciones de fuerza. Su oficina no es un espacio de deliberación, sino una sala de negocios donde se intercambian votos por cargos, comisiones por presupuestos, apoyos por sobres. El episodio de los 3 mil millones de pesos en efectivo es su versión más obscena. No traiciona sus convicciones: vende lo que nunca tuvo.
El camuflaje político como estrategia
La ambigüedad de su posicionamiento — verde en la superficie, marrón en los hechos — forma parte de un fenómeno más amplio en la política colombiana: el de los partidos camaleónicos, que sirven de puente ideológico entre las viejas familias políticas y las nuevas formas de gobernanza. La Alianza Verde, a pesar de contar con algunas figuras progresistas auténticas, ha funcionado a menudo como correa de transmisión de intereses conservadores, bajo una máscara tecnocrática. Iván Name es su máxima expresión.
La institucionalidad como herramienta de bloqueo
Su postura “institucional” también es un arma. Ante cada intento de reforma, invoca la estabilidad, la legalidad, el respeto por las formas republicanas. Pero es precisamente esa “institucionalidad” la que corrompe desde dentro: manipula los tiempos parlamentarios, sabotea las comisiones, instrumentaliza los procedimientos para frenar o bloquear las leyes sociales. Mientras tanto, cultiva la imagen de un hombre sabio, moderado. Una imagen que protege. Una imagen que engaña.
El producto puro de un sistema que se recicla
En definitiva, Name no es una anomalía. Es un producto puro de la casta política colombiana, esa casta que sabe sobrevivir a todos los regímenes, todas las alternancias, todos los escándalos. Representa una derecha post-ideológica, funcional, líquida, que se acomoda donde sea para mantener el acceso al poder, incluso bajo banderas verdes o centristas. No es un traidor a su bando: es la cara oculta de un sistema que sólo conoce la renta, el encubrimiento y el cinismo.
Un aparato estatal corrupto hasta la médula
No se trata de actos aislados, sino de un modus operandi. Las cámaras legislativas, lejos de ser un contrapeso democrático, se han convertido en instrumentos de chantaje. El intercambio de dinero por votos se ha vuelto práctica común, encubierta por discursos de consenso nacional. Lo que revela el caso Name es la evidencia de un sistema de complicidad estatal: Ejecutivo, Legislativo y estructuras de emergencia, todos envueltos en la misma red de influencias.
Aunque Gustavo Petro no esté directamente implicado, la responsabilidad política es inmensa. El presidente mismo denunció los hechos con firmeza, afirmando que se trató de una traición interna y de un sabotaje orquestado por funcionarios nombrados bajo presión política. Este caso, lejos de desacreditar el proyecto de transformación del Pacto Histórico, confirma la profundidad de la limpieza institucional necesaria y la violencia de las resistencias que genera. ¿Cómo pudo desarrollarse una operación así a este nivel, sin validación o al menos complacencia desde la Presidencia? El gobierno habla de una “traición” de sus antiguos colaboradores. Pero ¿quién nombró a Sandra Ortiz? ¿Quién dirigía la UNGRD? ¿Quién se benefició del apoyo parlamentario así comprado?
Reformas sociales contra corrupción estructural: el dilema colombiano
Lo más cínico de este caso es el argumento de fondo. Se habría comprado al Congreso para aprobar reformas sociales. Justicia, salud, trabajo. Es decir, dignidad. ¿Hay que corromper a los corruptos para mejorar los derechos del pueblo? La lógica es perversa. Si el fin justifica los medios, la izquierda acaba pareciéndose a la derecha que combate.
Para la derecha, este escándalo es un regalo. Les permite deslegitimar todo el proyecto transformador de Petro. Les da munición a quienes no tenían más discurso que el del “castrochavismo”. Pero que no se entusiasmen demasiado: es todo el sistema político colombiano el que está podrido hasta el fondo. Su hora también llegará.
Un punto de no retorno para la democracia representativa
Es un hecho histórico: la detención simultánea de dos expresidentes de las cámaras legislativas. Un gesto fuerte, saludado por algunos como un giro anticorrupción. Pero no nos engañemos. Este tipo de caso nunca es aislado. No es un accidente judicial: es el síntoma de un cáncer generalizado. Y ya es tarde para curar sin amputar.
La Corte Suprema debe ahora formalizar el pliego de cargos. Se avecina un juicio. Pero ¿qué quedará por juzgar cuando la opinión pública ya ha sentenciado? Este país no puede seguir gobernado por quienes lo compran. Ni por la derecha, ni por la izquierda.
Conclusión
El caso Iván Name no es un escándalo más. Es el espejo de un sistema en ruinas. El dinero del pueblo, repartido en maletines, para mantener una fachada democrática. La reforma ya no es sólo social o fiscal. Debe ser moral e institucional. De lo contrario, todo el Estado se hundirá en el cinismo y la pérdida de legitimidad. Pero entonces, ¿hasta cuándo podrá este país soportar la ilusión de representatividad, si cada voto se compra y cada reforma se negocia en la sombra? ¿Y quién tendrá el coraje de acabar con la impunidad de las élites..?
G.S.
