La consulta popular que sacude los cimientos del poder en Colombia
El anuncio de las 12 preguntas que estructuran la consulta popular laboral ha puesto al descubierto la verdadera cara de las élites políticas y empresariales colombianas, representadas por figuras como Efraín Cepeda o Mario Hernández. Mientras el pueblo se organiza para garantizar sus derechos, los poderosos despliegan su arsenal mediático, jurídico y económico para desinformar, bloquear y sabotear. Pero el miedo ha cambiado de bando.
Una propuesta democrática con apoyo masivo
El martes 22 de abril, el gobierno de Gustavo Petro presentó oficialmente el pliego de 12 preguntas que se someterían a consulta popular, buscando respaldar las bases de la reforma laboral hundida en el Congreso. A las pocas horas, empresarios, senadores y medios tradicionales activaron su contraofensiva.
Sin embargo, según encuestas internas filtradas por sectores de la derecha, el apoyo popular supera el 60 %, lo que permitiría alcanzar el umbral necesario de más de 13,6 millones de votos. Por primera vez en mucho tiempo, las mayorías pueden imponerse sin intermediarios.
¿Qué se pregunta y por qué molesta tanto?
Lo que sigue no es un simple cuestionario técnico: es un manifiesto democrático en doce puntos. Estas son las 12 preguntas que desataron la tormenta:
- ¿Está de acuerdo con que la jornada laboral diurna dure máximo 8 horas entre 6 a. m. y 6 p. m.?
Colombia es uno de los países con más horas trabajadas por semana en América Latina. Esta medida busca equilibrio entre productividad y dignidad. - ¿Está de acuerdo con que las Mipymes productivas, preferiblemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos?
Fomento económico justo: acceso real al crédito para sectores excluidos del sistema financiero tradicional. - ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
Medida de inclusión que refuerza convenios internacionales de derechos humanos. - ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras de plataformas como Rappi acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
Formalizar el trabajo digital, una deuda con la nueva generación laboral. - ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que vulneran derechos?
Fin a los contratos de papel y a la explotación encubierta. - ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
Contratos dignos, no contratos basura. - ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100 % por el trabajo dominical y festivo?
Trabajo en festivos = doble esfuerzo, doble remuneración. - ¿Está de acuerdo con que las personas puedan ausentarse por tratamientos médicos y licencias por menstruación incapacitante?
Salud integral, con enfoque de género. - ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA tengan un contrato laboral?
Formación no debe significar precarización. - ¿Está de acuerdo en establecer un régimen laboral especial que garantice derechos y salario justo a trabajadores del campo?
Justicia social en el agro, motor de la economía. - ¿Está de acuerdo en formalizar a trabajadoras domésticas, madres comunitarias, artistas, periodistas y otros trabajadores informales?
Reconocimiento para quienes sostienen la vida y la cultura. - ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial para entregar un bono pensional a campesinos y campesinas?
Deuda histórica con quienes alimentan a la nación.
Manipulación mediática y miedo institucional
La narrativa de medios como La FM intenta posicionar la idea de que la consulta “no es vinculante”. Falso. Según el artículo 41 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, si la consulta popular cumple con el umbral de participación y obtiene mayoría afirmativa, el Congreso está obligado a legislar en dos periodos. De no hacerlo, el presidente queda habilitado para expedir decretos con fuerza de ley. La Constitución y la Ley 1757 de 2015 son claras: si el umbral se supera y gana el “sí”, el Congreso tiene dos legislaturas para legislar lo aprobado. Si no lo hace, el presidente puede promulgarlo por decreto con fuerza de ley.
Esta facultad ha sido ejercida antes: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Claudia López impulsaron consultas similares. ¿Por qué ahora sería inaceptable?
El doble rasero de los grandes medios y partidos tradicionales es evidente. Cepeda, Galán, Mario Hernández, Bruce MacMaster… todos critican el gasto, la forma, el momento… pero nunca el fondo. Porque el fondo los asusta: el pueblo tomando decisiones sin pedir permiso.
La explotación laboral en cifras
Colombia tiene una de las jornadas laborales más largas del continente: 48 horas semanales legales, pero millones trabajan más, sin pago de extras. La informalidad supera el 57 % en el sector rural. Las plataformas digitales operan sin regulación laboral real. El campo y el trabajo doméstico siguen invisibilizados.
La consulta no propone utopías, propone mínimos. Y esos mínimos, para quienes lucran con la desigualdad, representan una amenaza.
Un momento histórico
Este 1.º de mayo, el presidente Petro presentará formalmente el texto al Senado. Si no se pronuncian en 30 días, podrá convocar la consulta. Y si el pueblo vota sí, será el inicio de una nueva etapa de dignidad y derechos laborales.
La historia no se escribe en los salones del Capitolio. Se escribe en las urnas, en las calles, en las plazas, como lo fue el 21 de noviembre de 2019 o el 28 de abril de 2021. La consulta popular no es el fin. Es el principio de algo que las élites no pueden controlar: la voluntad de un pueblo despierto…
G.S.
